“Con el convenio UPOV-91 la imagen país se va a la punta del cerro”

La voz de los pueblos indígenas, del mundo campesino y la sociedad civil llegó al Tribunal Constitucional (TC) en la audiencia pública realizada a raíz del recurso interpuesto por parlamentarios ante la aprobación del convenio UPOV-91, que permitiría a empresas extranjeras patentar y obtener derechos sobre semillas nativas de nuestro país. Radio U. de Chile, 21 de junio 2011.
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Entre las organizaciones expositoras se encontró la Asociación Gremial de Agricultores orgánicos del Bío Bío, cuyo presidente, Guillermo Riveros, aseguró que “la imagen país se va a la punta del cerro, así de simple, porque ya perdimos la seguridad alimentaria hacia el exterior. Con esto, lo de Chile potencia agroalimentaria y forestal va a ser muy difícil”.

Riveros advirtió que mantener este convenio significaría un retroceso para la agricultura orgánica, que no sólo disminuiría en superficie, sino también en cuanto al número de agricultores que se han incorporado, que podrían disminuir de forma alarmante si se sigue adelante.

Pero el principal argumento de las organizaciones dice relación con la falta de consulta, lo que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afectando directamente a los pueblos indígenas y su forma milenaria de trabajar con la semilla y las hierbas medicinales y sagradas.

“Con esto se está poniendo en peligro nuestra existencia”, indicó el Consejero Nacional Aymara, Gino Grünewald Condori, quien criticó también la decisión de nuestro país de ceder su soberanía a grandes empresas y destacó la contradicción que significa: “Se está entregando harto a las transnacionales. ¿Ése es el país que queremos? ¿Ésa es la soberanía que tanto defendemos por el norte, pero tanto se entrega en el resto del país? Incluyendo al mismo norte con los recursos naturales: la minería, la explotación del agua. Esperamos que se reponga la justicia y el derecho que tenemos como pueblo. Lo que nos afecta como pueblo indígena le va a afectar al resto de la sociedad”, cuestionó.

A esto se sumó la voz del pueblo mapuche, cuyo representante, Domingo Marileo, expuso sobre la necesidad de proteger las especies sagradas y, como dicen los expertos, conservar nuestro patrimonio genético, el agua y nuestros recursos naturales.

Así se formó una voz contundente ante el Tribunal que exigió que se reviertan los pasos que Chile está dando en este camino, donde hay una serie de proyectos vinculados. Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas (Rapal), advirtió que “independiente de la resolución, este debate no se va a cerrar con lo que diga el Tribunal. Faltan todavía dos leyes y esto es un solo paquete. Lo que pase hoy día está encadenado a lo que pase mañana”.

Las audiencias públicas continúan hoy con la exposición de Chile Sin Transgénicos. A partir del martes el TC tendrá diez días hábiles para pronunciarse sobre la validez del Convenio UPOV-91 y las organizaciones están esperanzadas de que las autoridades jurídicas reviertan este peligroso convenio internacional.