Generación eléctrica y conflictividad socioambiental
Columna de opinión de Rodrigo Bórquez N., economista de Fundación Terram, publicada el 06 de junio 2010, con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente.
En el contexto de la conmemoración de un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente y la coyuntura sociopolítica que desde hace ya un tiempo viene tomándose la agenda del debate público, resulta oportuno analizar lo que hasta ahora se ha consolidado como una de las oposiciones ciudadanas más férreas registradas en el país.
La sociedad ha demostrado que no es indiferente a los impactos socioambientales y económicos provocados por la generación eléctrica. De acuerdo a un estudio publicado por Fundación Terram (“Catastro de proyectos de generación eléctrica en Chile”, enero 2009), es posible afirmar que prácticamente ningún proyecto de este tipo se ha escapado de la oposición ciudadana -cualquiera sea su escala-, estableciendo además que los niveles de oposición se correlacionan de manera directa con el tipo de fuente energética; así, los proyectos termoeléctricos a carbón y las centrales hidroeléctricas de embalse son los que lideran los niveles de rechazo.
Si bien la discusión en torno a la generación eléctrica no es nueva, lo cierto es que ésta se ha intensificado de manera exponencial desde la mitad de la década pasada en adelante. Y, si en los 90 la conflictividad socioambiental y económica estuvo asociada a la apuesta privada -con respaldo estatal- de impulsar la generación hidroeléctrica a través de la construcción de grandes embalses/represas, en la primera mitad de la década del 2000 la preocupación de la ciudadanía se amplió hacia la apuesta unilateral que el sector privado –nuevamente con el apoyo del estado- fijó como opción para impulsar el futuro energético de este sector: la importación de gas natural desde Argentina.
A partir de 2004 la ya conocida crisis energética generada por los recortes en el suministro de gas natural argentino -que mantuvo en jaque el sistema eléctrico del país, especialmente el Sistema Interconectado del Norte Grande- se encargó de configurar el nuevo polo de conflictividad: la carbonización de la matriz y el incentivo a la inversión privada en proyectos eléctricos de gran escala, fomentando así una concentración de este mercado en pequeños grupos de poder que limitan su dinamismo y, por ende, impiden el objetivo teórico de su liberación. Ejemplo de esto es la aprobación ambiental de proyectos como la central termoeléctrica a carbón más grande de Sudamérica: Castilla (2.100 MW); así como el proyecto hidroeléctrico de mayor capacidad en Chile: HidroAysén (2.750 MW). Ambos proyectos cuentan con una enorme cantidad de indicaciones ciudadanas que dejan en claro lo relevante de sus impactos.
Así, sin importar la variable específica que genera los conflictos, el factor común radica en la inexistencia de una política energética en el país que direccione el crecimiento del sector eléctrico sobre la base de una visión de desarrollo integral, establecida entre el Estado y la ciudadanía. Por el contrario, lo que hoy ocurre es la liberación de este sector a la dinámica del mercado, marco en que son los propios inversionistas quienes resuelven -según criterios de costos y beneficios- preguntas esenciales para el desarrollo del país: ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? se desarrollará el sector eléctrico. Por su parte, el Estado ha limitado su intervención únicamente a la evaluación ambiental de cada proyecto, la cual ha sido incapaz de dar una respuesta adecuada a las comunidades en las cuales se insertan.
Considerando la importancia transversal que representa el desarrollo eléctrico del país, es urgente establecer una planificación estratégica que decante en la formulación de una política de largo plazo, que debe ser establecida como el resultado de un acuerdo de la sociedad en su conjunto sobre cuestiones claves: ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿hacia dónde avanzar? Para esto, es indispensable la reformulación total del actual sistema eléctrico, que deja la planificación en manos de actores privados, quienes sólo ven el beneficio social como una consecuencia positiva del crecimiento económico de sus actividades.