Presentan moción que amplía participación ciudadana en evaluación ambiental de grandes proyectos

El proyecto establece audiencias públicas una vez publicado el aviso de un nuevo proyecto en evaluación e instituye consultas ciudadanas en materia ambiental frente a aquellos proyectos de mayor magnitud y efectos ambientales, con efectos vinculantes. Camara.cl, 17 de junio 2011.

La iniciativa legal (boletín 7674) fue presentada por los diputados Enrique Accorsi (PPD), René Alinco (IND), Alfonso De Urresti (PS), Miodrag Marinovic (IND), Fernando Meza (PRSD), Gabriel Silber (DC), Guillermo Teillier (PC), Patricio Vallespín (DC) y las diputadas Cristina Girardi (PPD) y Alejandra Sepúlveda (PRI).

Los autores de la moción señalan en sus fundamentos que la nueva institucionalidad ambiental -conformada por el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental- no se hizo cargo de la participación de la comunidad en las decisiones ambientales sino que únicamente agregó un mecanismo que se limita meramente a informar y recibir observaciones, sin ningún peso real sobre la definición o las condiciones reales en que se aprueban los proyectos.

Plantean que la nueva institucionalidad entraña una mayor concentración del poder de decisión ambiental, reuniendo las potestades fiscalizadoras en un solo órgano, la Superintendencia Ambiental, que será el receptor de las presiones políticas y económicas de los interesados en que no exista control ambiental sobre la industria.

Hacen presente, asimismo, que el nuevo Servicio de Evaluación Ambiental, integrado por funcionarios políticos dependientes del gobierno central, mantiene un alto perfil político que le resta imparcialidad y autonomía para calificar proyectos de gran impacto ambiental.

“En síntesis, la actual legislación ambiental no da cuenta de un sistema de evaluación ambiental justo, racional, imparcial, transparente y participativo”, señalan los patrocinantes de la moción, ejemplificando su aserto en recientes procesos de evaluación de proyectos como la termoeléctrica Castilla, el proyecto carbonífero de Isla Riesco y las centrales de Río Cuervo e Hidroaysen en la Región de Aysén.

Los parlamentarios expresan su convencimiento de que los procesos de evaluación ambiental deben contar con la más amplia participación ciudadana, de los interesados y afectados por los proyectos, con igualdad de condiciones a las que tienen los titulares de los proyectos y con amplia disponibilidad de medios de impugnación reales y eficaces.

Por ello, considerado pertinente perfeccionar y ampliar el ámbito de aplicación de la actual participación ciudadana informativa, dando las facilidades para que el público se manifieste con entera libertad acerca de un proyecto en evaluación desde su inicio hasta su término, incluso mediante oposiciones al proyecto.

Para tal fin, el proyecto cambia radicalmente el instrumento actual de meras "observaciones" que son "ponderadas", a oposiciones y observaciones que deberán ser "consideradas y fundamentadas", so pena de procederse a la reclamación administrativa en cuyo marco la autoridad podrá incluso revocar la resolución de calificación ambiental.

A ello se suma el establecimiento de audiencias públicas que deberán llevarse a efecto inmediatamente publicado el aviso de un nuevo proyecto en evaluación.

Finalmente, se instituyen consultas ciudadanas en materia ambiental frente a aquellos proyectos de mayor magnitud y efectos ambientales cuando lo requieran mayoritariamente los afectados por el proyecto, incluidos los municipios. Esta consulta tendrá efectos vinculantes para la ejecución del proyecto.

La iniciativa legal fue remitida a la Comisión de Recursos Naturales para informe.