Ambientalistas exigen paralización de monocultivos de pino y eucalipto en el país
Diversas organizaciones ambientalistas se dieron cita en el Paseo Bulnes para concientizar sobre el daño que producen los monocultivos de árboles a gran escala que se han expandido durante los últimos 30 años en nuestro país. Solicitan al Estado que fomente las economías locales, y que no le siga entregando las tierras a los grandes grupos económicos que controlan el sector forestal en Chile. Radio Universidad de Chile.cl, 21 de septiembre 2011.
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Bajo la consigna “las plantaciones no son bosques”, las organizaciones ambientalistas, sociales y comunitarias decidieron iniciar una fuerte campaña de concientización en la comunidad sobre los efectos negativos de la expansión progresiva de los monocultivos en el país, como ha sucedido principalmente en las regiones del Maule, Biobío y Araucanía.
Los monocultivos actualmente cubren una superficie cercana a los 3 millones de hectáreas y más del 90% corresponde a especies de pino o eucalipto, las que son introducidas para abastecer a las plantas de celulosa y aserraderos.
Los argumentos de las agrupaciones para detener el crecimiento de las plantaciones son la destrucción de los ecosistemas naturales, el despoblamiento rural, el agotamiento del recurso hídrico, la contaminación de los plaguicidas, el empobrecimiento de la calidad de los suelos, la violación de derechos de los pueblos originarios y nuestra cultura.
Nicole Galindo, representante del Centro de Alumnos de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile, comenta que regalaron arboles nativos a la gente y les explicaron las diferencias con las plantaciones de monocultivos, una forma de crear conciencia en la gente sobre la producción forestal y sus costos negativos, y advirtió que “si esto sigue avanzando, nos quedaremos sin árboles nativos, con degradación de suelos y destrucción de la biodiversidad. Además del agua que sigue siendo mal ocupada, el eucalipto absorbe mucha agua que se resta a las comunidades de la zona en que se planta”.
Comunidades afectadas han denunciado que las forestales y sus proyectos de desarrollo no ha mejorado la situación a nivel local, y precisamente son las regiones del centro sur de Chile las que presentan los más altos índices de pobreza.
Alicia Muñoz, representante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), señaló que el bosque nativo debe ser protegido por ser una herencia milenaria que afecta directamente nuestra calidad de vida, y apuntó que “cuando llegaron las plantaciones de pino con el engaño que esto daría fortuna al país, el trabajador dice que si, al empresario le va bien y vamos haciendo hoyos para dar espacio al pino. Eso se transformó en una peste para los campesinos, porque fue secando las aguas y erosionando las tierras”.
Agrega que el cultivo de alimentos ha disminuido en cantidad y diversidad, ya que la alta sequía de los campos, la falta de agua y la contaminación de los plaguicidas ha disminuido el parque alimentario de los chilenos.
Por su parte, Eduardo Giesen, representante del Colectivo Viento Sur, señala que esto es producto del modelo socioeconómico que impera en muchos ámbitos de la vida de los chilenos, y enfatizó que “las plantaciones de pino son introducidos por la industria como modelo agroexportador, muy similar a lo que pasa en la gran minería y salmonicultura y la energía. Un modelo socioeconómico orientado a satisfacer los intereses de empresas transnacionales y grupos económicos”.
“La producción alimenticia y forestal no están al servicio de la vida y el bienestar público y mucho menos de los ecosistemas y de la calidad ambiental de nuestro país, sino de favorecer a los grandes exportadores”, agrega Giesen refiriéndose a las dos familias, Angelini y Matte, que controlan el 70% del suelo chileno utilizado para plantaciones de monocultivos y que actualmente expanden hacia países como Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Brasil.
Los dirigentes de las distintas agrupaciones concuerdan en que el escenario político ha cambiado, y que existe una ciudadanía más despierta y abierta a comprender y asumir posturas frente al abuso del modelo neoliberal, por lo que presionarán al Estado para que ponga fin al subsidio de los monocultivos de árboles, decretado en 1974, y exigen que genere un nuevo cuerpo legal que fomente las economías locales y garantice la soberanía alimentaria del país.