Miel y cultivos transgénicos, urge la transparencia
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en Revista del Campo de El Mercurio, 24 de octubre 2011. Vea columna en Revista del Campo AQUI
Si bien el hallazgo de material transgénico no constituye una prohibición de ingreso, impone nuevas condiciones a la comercialización. esperemos que con el episodio de la miel, el gobierno comprenda que debe dejar de amparar a un sector en desmedro de otro.
La polémica respecto de si los organismos transgénicos afectan o no a otras actividades productivas ha cobrado un nuevo cariz. El tema ahora afecta a los productores de miel y parece no ser un hecho casual o fortuito, sino algo con lo que los apicultores tendrán que aprender a vivir.
A comienzos de septiembre de 2011 un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que el polen presente en la miel y/o en productos alimenticios derivados de ésta se considera un elemento o ingrediente constitutivo y no un cuerpo extraño o impureza; en palabras simples, el polen es parte esencial de la miel. Basados en este fallo, todas las mieles o sus derivados que contengan polen transgénico serán considerados como alimentos que tienen ingredientes transgénicos o fueron producidos a partir de éstos y, por tanto, deberán regirse por las reglas para análisis y etiquetado establecido en los reglamentos de la Unión Europea. Hoy, los apicultores chilenos enfrentan un complejo escenario, debido a que un análisis en Alemania determinó que en 20 tambores de miel procedentes de Chile había presencia de polen transgénico. En consecuencia, el producto debe ser revisado y etiquetado de acuerdo al reglamento pertinente, previo a su comercialización.
Si bien el hallazgo de material transgénico no constituye una prohibición de ingreso, impone nuevas condiciones a la comercialización de este tipo de productos, en un mercado que es reconocido como exigente y con alto nivel de rechazo a los productos transgénicos. Este no es un hecho menor para los productores apícolas, que sólo durante el primer semestre de 2011, según Odepa, aumentaron su producción en 37 por ciento respecto del mismo periodo de 2010 y para los cuales los principales mercados de destino están en Europa, liderados por Alemania, con más del 70%. Le sigue Francia con aproximadamente el 13% y Luxemburgo y Bélgica con cerca del 4% cada uno.
La situación puede ser aún más grave considerando que en Chile no existe información pública disponible sobre la ubicación de los cultivos de semillas transgénicas, que serían los responsables de esta contaminación. Es decir, en este país, líder de la libre competencia, el Estado no ha sido capaz de garantizar las condiciones básicas en esta materia. Como consecuencia, hoy en día un productor agrícola o apícola, ya sea orgánico o tradicional, no tiene acceso a información sobre qué tipo de cultivos se desarrollan en las inmediaciones de su predio y si éstos pueden afectar sus productos Lo que es aún más dramático en un país que se ha orientado a la exportación de productos de calidad, privilegiando mercados exigentes en los que los transgénicos no son bien recibidos.
El evento de la miel nos pone ante la necesidad de contar con información pública para que todas las personas puedan desarrollar actividades económicas en igualdad de condiciones, hoy se privilegia a los productores de semillas transgénicas. Al menos a partir del año 1992, nuestro país ha autorizado el cultivo de semillas transgénicas para exportación. Pero en estos casi 20 años ha primado una cultura del secretismo y el SAG, institución encargada de autorizar este tipo de cultivos, se ha negado sistemáticamente a entregar información sobre el tipo de modificación genética y la ubicación de estos cultivos a nivel de comuna y predio, incumpliendo de paso con ello el rol que debe tener una institución pública: velar por el bien común y garantizar la igualdad ante la ley.
El Ministerio de Agricultura y particularmente el SAG, deliberadamente o no, han establecido dos tipos de productores, aquellos que pueden cultivar transgénicos sin problema en cualquier parte del territorio, siempre y cuando cumplan las regulaciones vigentes; y los “otros” productores, que pueden desarrollar sus actividades corriendo el riesgo de ser contaminados por semillas o polen transgénico, como ya ha ocurrido, asumiendo ellos el costo que esto significa.
Tal como lo hemos dicho otras veces, el Estado debe garantizar el acceso a información tanto en el contenido de los alimentos, como en la ubicación de los predios que cultivan semillas transgénicas. Información que ha sido permanentemente negada por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, pese al fallo del Consejo para la Transparencia del año 2010, que ordenó proporcionar la ubicación de este tipo de cultivos. Esperemos que con el episodio de la miel, el Gobierno comprenda que debe dejar de amparar a un sector en desmedro de otro.