Totoral es un pueblo polvoriento en el norte de Chile. Dos calles, una escuela para una docena de niños de las 60 familias viven allí. La mayoría son agricultores, más abajo cerca del mar viven algunos pescadores, además hay un poco de turismo. Aquí no vas a ser rico. ¿O sí? En lo estrictamente económico, al pueblo le ha tocado el premio gordo. Quien quiera tiene unos 14 400 euros sobre la mesa, una fortuna para la gente del lugar. Sólo tienen que tomarlos – pero, a cambio, tendrían que renunciar a su resistencia contra la construcción de la mayor termoeléctrica de carbón en América Latina.

Por ahora no parece que nadie piensa en renunciar. El pueblito de la costa del Pacífico se rebela contra uno de los hombres más ricos del continente – y contra el grupo de energía más grande de Alemania. La termoeléctrica Castilla cerca de Totoral es uno de los proyectos centrales del joint venture, que Eon fundó en abril con MPX, una empresa del multimillonario brasileño Eike Batista.

La polémica demuestra que los residentes, aparentemente sin poder, pueden golpear muy efectivamente a las empresas grandes – sobre todo cuando ellas usan prácticas ilegales, como está oficialmente comprobado en el caso de MPX. Central Castilla, dice Axel Muñoz, director de la organisación no gubernemental Oceana, va a contaminar el medio ambiente, incluso con mercurio y arsénico. Además, enormes cantidades de agua de mar serían necesarias para la refrigeración de la termoeléctrica y éstas volverían al mar diez grados más calientes. El ecosistema de una zona virgen de la costa sería así destruido. MPX no respondió a las preguntas del FTD; pero en su sitio de Web se refiere a sus modernos filtros como mecanismos efectivos para evitar peligros para la salud.

Los representantes de los querellantes informaron al jefe de Eon, Johannes Teyssen,  en una carta de fecha de 16 de enero sobre las “sucesivas violaciones de derecho en las que ha incurrido MPX en Chile", y pidieron que los alemanes no se trasformen en "colaboradores del extermino de nuestras comunidades" mediante la construcción de la termoeléctrica;  debiendo reconsiderar su alianza con MPX. Teyssen mandó una respuesta a principios de febrero informando que no todos los problemas legales habían sido resueltos para la joint venture, y por lo tanto no podía dar ninguna información. Pero "las preocupaciones y las necesidades locales" siempre serían “observadas cuidadosamente “. La carta concluye recomendando una visita al sitio de Eon –  “haz ‘Clic’ en ‘responsabilidad ‘”.

Los brasileños tendrían que haberse dado cuenta antes de que podría haber resistencia en Chile. Un informe de la Contraloría chilena muestra muchos ejemplos de que MPX desde 2008 irregularmente e ilegalmente ejerció presión sobre prácticamente todos los niveles de la política chilena. Por ejemplo, en 2010 cuando la autoridad de salud responsable de Totoral clasificó el proyecto como "contaminante" – impediendo así el permiso de construcción. Entonces intervino el jefe de MPX y la Cancillería de Brasil ante el gobierno de Chile. Un poco más tarde, el jefe oficial de la autoridad regional fue intimado por e-mail para atenuar la clasificación a "molesta". Asimismo, en marzo este proceso fue clasificado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta como ilegal. Como resultado el proyecto por ahora es nuevamente calificado como "contaminante". La empresa sigue buscando un "acuerdo extrajudicial", señala un abogado de MPX – es decir, MPX probablemente va a aumentar su oferta de compensaciónes, que presuntamente ya supera varios millones de dólares. 

El diario FTD cuenta con documentos que contienen algunas de estas compensaciones incorporadas en contratos de presión que MPX firmó en 2008 con un sindicato local de pescadores artesanal. Según el contrato se trata de casi 40.000 convertido a pesos, esta suma pagaría MPX al sindicato inmediatamente, y adicionalmente cuatro veces más después de obtener los permisos de construir la termoeléctrica. La contrapartida es notable. "El sindicato y cada uno de sus miembros", dice el acuerdo “vienen a renunciar expresa e irrevocablemente a la interposición de cualquier petición, acción, recurso o reclamación civil, pernal o administrativa de cualquier tipo en contra de MPX, sus administradores, empleados y asesores o entidades relacionadas con motivo del desarrollo de los Proyectos.“ Si uno de ellos viola sus obligaciones los pagos serán reembolsados. Para los pescadores una gran cantidad de dinero se encuentra disponible. Es entonces comprensible que nadie impugnó este contrato “abusivo y contra nuestra constitución”, dice Lucio Cuenca, quien como abogado del Observatorio de Conflictos Ambientales en América Latina OLCA, aconseja a los querellantes. Totoral, dice Cuenca, se dividió entre aquellos que aceptarían dinero de MPX, y sus vecinos, que están determinados a luchar. 

40 de los que luchan, juntaron sus ahorros a principios de esta semana y viajaron los 700 kilómetros de Totoral a Santiago para participar en una audiencia decisiva de la Corte Cuprema. "Si no hubieran comprobado su determinacióin con su presencia ", dice Cuenca, "el proceso ya hubiera terminado."