Expertos llaman a mejorar la institucionalidad ambiental
ANTE ERRORES EN DECLARACIÓN DE PROYECTO PIRQUENES, sostienen que debe haber cambios profundos, con el fin de que no existan errores como los sucedidos.;El Sur de Concepción 28 de abril 2013.
Hoy la Comisión de Evaluación Ambiental del Bío Bio deberá votar el proyecto de la Termoeléctrica Pirquenes, iniciativa que en la última semana no estuvo exenta de polémica, debido a un informe del Centro Eula de la Universidad de Concepción, que detalló los errores que tenía la Declaración de Impacto Ambiental (DLA) presentada en 2010.
Oscar Parra, doctor en biología y uno de los miembros del Eula que realizó el informe, sostuvo que los problemas que se dieron con Pirquenes son una situación habitual, debido ala pobre institucionalidad ambiental que existe y al poco compromiso de los empresarios y las autoridades para mejorar la situación. Pese a que el especialista no precisó si otras iniciativas escarian en operaciones a pesar de haber presentado estudios débiles en materia ambiental, situación que habría ocurrido con Pirquenes si la Corte Suprema no hubiese intervenido, comentó que a los proyectos de las hidroeléctricas Pangue y Ralco se les realizó una enorme cantidad de observaciones, las que nunca fueron respondidas y que si las "universidades comenzáremos a hacerle un seguimiento a cada proyecto, saldrían una enorme cantidad de sorpresas".
"Esto no es algo sólo de esta Región, pasa en todo el país y obedece a que en el Chile se gasta entre el 0,3 y 0,4% del PIB en investigación, cuando otros países gastan 10 veces más", aseguró.
Añadió que "entonces, como no hay investigación del territorio, cómo se va a generar información que sirva para estudiar los efectos de estos proyectos, los que requieren información de referencia básica que en otras partes del mundo sí están. Si la empresas no se dan cuentan, el gobierno y el parlamento no se da cuenta, vamos a seguir con estas falencias".
Esta situación llevaría a realizar estudios y declaraciones de forma deficiente, según el investigador del Eula.
SERVICIOS PÚBLICOS
Para Oscar Parra, los problemas que se están afrontando en materia ambiental tienen su inicio en que no existe suficiente investigación en el país, situación que no se da en otros países.
"En Estados Unidos, en la época del 70, ya tenía todos los ríos, la flora y fauna, además la demografía investigada. Acá en Chile, en muchas partes se comienza de cero", sostuvo.
"Yo diría que en el estero El Molino (donde se descargarían los riles de Pirquenes), la primera información que se generó del área la entregó ese proyecto, claro que deficiente, pero es lo que entregó el proyecto, porque no había estudios ahí’, dijo el biólogo.
Pero los problemas, según Parra, no sólo se basan en la falta de estudios en el territorio chileno, sino que también por las falencias en la institucionalidad ambiental, las que debieran ser subsanadas con los cambios realizados con la nueva legislación, que corresponde a fines de 2010.
"Los servicios públicos que ven la institucionalidad ambiental en otros países no sólo cuentan con técnicos, sino que también científicos. La institucionalidad de la Región es pequeña para toda la responsabilidad que tiene. Uno ve permanentemente los esfuerzos que realiza la parte pública, pero se necesita más personal y más capacitación" sostuvo Parra.
FALTAN MEJORAS
El abogado ambientalista, Lorenzo Soto, que ha encabezado la oposición a diversos proyectos de este tipo, como la termoeléctrica Castilla, comentó que la nueva institucionalidad ha mejorado en los últimos años, pero aún faltan algunos aspectos que modificar, como es la posibilidad que tienen las empresas para mejorar sus proyectos en el camino. "Es fuera del sistema (justicia ordinaria) donde se ha puesto la voz de alerta, donde se han detectado proyectos mal hechos", puntualizó.
El profesional señalo que "esperemos que ahora la justicia especializada (nueva institucionalidad a través de la Superintendencia y Tribunales Ambientales) estén a la altura de lo que están haciendo las cortes. El sistema todavía no muestra vocación una ambiental, por lo que se deben implementar reformas". sostuvo el jurista.
El hecho de que sea un órgano político el que determina el resultado final de aprobación de un proyecto y no un organismo técnico, es uno de los aspectos que se debe cambiar para que exista un proceso más transparente, es lo que sostiene Lorenzo Soto.
"El que resuelve en segunda instancia, después de la región (Comisión de Evaluación Ambiental compuesto por seremis, intendente y SEA), es un comité de ministros, no el ministerio de Medio Ambiente, por lo que la decisión final está subordinada a ministerios de corte económico y productivo", explicó.
Añadió que "existen proyectos rechazados en la región que son aprobados a nivel central. Todo esta situación amerita un cambio profundo".
Otro punto que planteó Soto, es que la Superintendencia del Medio Ambiente tiene que ser completamente autónoma, ya que el director del servicio es un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República.
"Es nombrado por la Alta Dirección Pública, por lo que puede ser sacado si es que no está acorde a las instrucciones políticas. Este organismo debería tenerla autonomía de una Contraloría General de la República o de una Fiscalía Nacional Económica", sostuvo.
Recuadro :
Aseguran que los proyectos (le las hidroeléctricas Pangue y Ralco tuvieron una gran cantidad de observaciones que nunca fueron respondidas.
Los servicios públicos que ven la institucionalidad ambiental en otros países no sólo cuentan con técnicos, sino que también científicos. La institucionalidad de la Región es pequeña para toda la responsabilidad que tienen.