Primarias y omisión de los conflictos socioambientales
Columna de opinión de Javiera Vallejo, periodista de Fundación Terram, publicada en portal Quinto Poder 27 de junio 2013. Vea portal AQUÍ.
No es extraño que en un país como el nuestro, con sus características tan marcadas, como lo son su modelo de desarrollo basado en el extractivismo, una institucionalidad instalada y legitimada a fuerza de fusil y falsos consensos, la inserción en el sentido común de la idea de lo público como lo viejo, ineficaz, etc., a la hora de plantear debates-país, como debiesen ser los debates de primaria presidencial, se registre una ausencia de una gran cantidad de importantes temas.
En la actual campaña para las elecciones primarias de este domingo, poco y nada se ha hablado del tema de la regionalización, de reformas laborales, de los recursos naturales, de pueblos originarios, en fin. Por el contrario, los temas se han acotado, como todo show televisivo, a lo popularmente entendible y llamativo, aunque esto no signifique sean también temas necesario de tratar; no estamos hablando de un líder de opinión posicionándose, sino del futuro mandatario o mandataria de nuestro país.
En este sentido, es decidor que en los debates, programas y anuncios de prensa no se hable a fondo sobre conflictos socioambientales. Si bien la movilización del año 2011 respecto a la educación abrió un gran espacio temático y práctico a desarrollar, no debiéramos permitir que se pase por alto la proliferación de conflictos suscitados por la violación de derechos que tanto el Estado como las empresas privadas han cometido en contra de comunidades determinadas a lo largo y ancho del país.
La omisión de este tema, sin embargo, es comprensible. Hay tres aristas que es necesario abordar para hablar de conflictos socioambientales: el modelo de desarrollo, los derechos humanos y la institucionalidad. Sabemos que abordar este tema es mostrar una posición ideológica determinada, cosa que en Chile es muy mal visto. En términos de debate presidencial, los candidatos a estas primarias sólo han tocado tangencialmente el tema ambiental para hablar de su posición respecto a diversas fuentes energéticas, develando que la preocupación central tiene relación con la generación necesaria para procesos productivos radicados esencialmente en la extracción de recursos (la minería, celulosa, producción de harina de pescado, etc). En esta línea, la aprobación y construcción de decenas de termoeléctricas y otro tanto de hidroeléctricas, unas altamente contaminantes y otras que afectan cursos de agua y a la biodiversidad, responde en gran medida a dar rienda suelta a un determinado modelo de desarrollo, que particularmente hoy se desnuda como un modelo generador de desigualdad, tanto en términos de ingresos como en la recepción de sus pasivos ambientales.
Hablar de conflictos socioambientales nos remite a un problema de derechos humanos. Las comunidades afectadas por la realización de una actividad industrial contaminante se encuentran en situación de vulnerabilidad, partiendo del supuesto que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho sin el cual no es posible ejercer un gran número de otros derechos fundamentales, tales como la integridad física, salud, ambiente laboral adecuado, alimentación, etc. Chile no es un buen ejemplo de respeto y promoción de derechos fundamentales; nuestra Constitución no asegura ninguno más allá de comprenderlos como algunas libertades, no hemos ratificado el Protocolo de San Salvador por lo que los chilenos y chilenas no tenemos capacidad de exigir internacionalmente que el Estado resguarde el ejercicio pleno de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
No es tema de debate de primaria presidencial un espacio programático que permitiera evitar conflictos socioambientales. Significaría tener que abordar temas de institucionalidad ambiental y reconocer un cierto modus operandi en cuanto a política pública se trata, que se refleja en la creación de un Ministerio del Medio Ambiente con capacidad nula sobre otros ministerios, una institucionalidad que establece el factor ambiental supeditado al económico, una institucionalidad que no considera realmente la opinión de las comunidades a la hora de evaluar el impacto ambiental que tendrán ciertos proyectos, una institucionalidad que permite presentar proyectos fraccionados y que ha demostrado que no posee mecanismos eficaces de queja por lo que la judicialización de los conflictos ambientales es cada vez más frecuente.
No es fácil abordar los innumerables conflictos socioambientales en debates y programas de primarias presidenciales. Significaría que este debate tuviese realmente sentido de realidad país, significaría asumir posiciones serias respecto al camino que debe recorrer nuestra institucionalidad política y decirle abiertamente a todas aquellas comunidades afectadas por el desarrollo industrial indiscriminado que son el mal menor, el bien a pagar, para el desarrollo de un sistema bajo el que no escogieron vivir.