Energías renovables, un aporte a la independencia de la matriz
Columna de opinión de Telye Yurisch, economista asociado de Fundación Terram, publicada en el portal Elquintopoder.cl, el 02 de octubre de 2013.;
Durante los últimos meses, como parte de la campaña electoral con miras a las parlamentarias y presidenciales de noviembre, ha vuelto a surgir el debate político y social entorno a la problemática energética del país en todos sus ámbitos. Entre los principales temas que han estado en discusión hasta ahora, se encuentra la incorporación de las energías renovables no convencionales (ERNC) a la matriz eléctrica del país, considerando el escenario que establecerá la ley de ERNC 20-25 recientemente aprobada en el Parlamento, la que obligará que éstas lleguen a representar el 20% de la generación total del sistema al año 2025.
Pese a que la energía y la electricidad son variables relevantes en el desarrollo económico y social de un país, estas temáticas no han sido consideradas o mejor dicho explicitadas como puntos estratégicos de desarrollo para los gobiernos democráticos. De hecho, a la fecha aún no se ha elaborado una política energética/eléctrica de largo plazo en la cual la sociedad en su conjunto pueda establecer cuáles son los lineamientos más adecuados para las formas de generación, transmisión y distribución de electricidad, y qué energéticos son más eficientes y amigables para realizar estos procesos. Es decir, no se ha implementado una evaluación ambiental estratégica para este sector que considere todas las variables mencionadas, ni mucho menos que fomente la incorporación de las ERNC a la matriz eléctrica nacional.
Por el contrario, la estructura de la Ley Eléctrica, que data de 1981, empuja a que las decisiones en materia eléctrica sean dejadas en las manos del mercado, reduciendo la participación del gobierno en la planificación del sector sólo a aspectos de carácter indicativo y en ningún caso vinculante. Por ello el sector, y principalmente las empresas de generación de electricidad, han estado (y están) en manos privadas, lo que implica que éstas, bajo la lógica de maximizar sus beneficios, al momento de evaluar un proyecto eléctrico consideran las variables económicas por sobre las socioambientales, lo que a su vez genera que la electricidad que consumimos sea cara, sucia y con grandes impactos negativos en las comunidades donde se ubican las centrales de generación, principalmente centrales termoeléctricas a base de hidrocarburos (carbón, petróleo y gas).
En este sentido, el Balance Nacional de Energía 2011 refleja que nuestro país posee una alta dependencia de hidrocarburos importados (68% del consumo bruto total de energéticos primarios) y, según lo que establece la Comisión Nacional de Energía para el mismo año, la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional está compuesta principalmente por generación térmica (63%) e hidráulica (36%), mostrando una pequeña participación de las centrales eólicas (1%). Estos datos permiten vislumbrar un complejo escenario para el sector en términos del cumplimiento de la Ley Nº 20.257, que obliga al mercado eléctrico a acreditar un porcentaje del 5% de ERNC para los años 2010 al 2014, y aumentar esta cifra al 10% para el año 2024. Dada esta situación, es pertinente preguntarse: ¿el Estado está siendo operativo en términos de apoyo a las ERNC?
A nivel internacional, el desarrollo de las ERNC (se excluye a las grandes centrales hidráulicas) alcanza a más de la mitad (116 GW) de la potencia instalada en el mundo (208 GW) durante el año 2011, lo que muestra una fuerte tendencia a este tipo de tecnologías y cuestiona la forma de generación que, a la fecha, ha adoptado el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, la “oferta” eléctrica nacional ya está comenzando a considerar el potencial de algunas de estas tecnologías (ERNC), ya que al revisar los proyectos de generación eléctrica que han ingresado al SEIA durante el año 2012, el 98% (lo que representaría un aumento de la capacidad instalada de 7.288 MW) corresponden a iniciativas de ERNC, en su mayoría centrales solares y eólicas (4.455 MW y 2.651 MW, respectivamente). Esto representa una muy buena noticia, considerando que ha existido un alza respecto del año anterior, que registró sólo 1.882 MW ingresados a evaluación de este tipo de energía. No obstante, tendremos que esperar para saber cómo se concretan estas iniciativas, y si esta alza llega a reflejarse o no en la matriz eléctrica futura.
En términos generales, considerar a las ERNC como un factor estratégico de desarrollo en el próximo gobierno sería un gran avance para el país en términos económicos, sociales y ambientales. El desarrollo de estas tecnologías le permitiría al sector establecer una fuerte diversificación en la matriz eléctrica, asegurar el abastecimiento energético y generar una independencia en esta materia mediante la utilización de los recursos renovables potenciales que el país posee –hidráulicos, solares, eólicos y geotérmicos. Asimismo, la implementación y ejecución de estas iniciativas reduciría las externalidades negativas que ha producido (y sigue produciendo) la generación convencional de energía, particularmente la generación termoeléctrica y las mega centrales hidroeléctricas, así como disminuir los costos marginales de la generación de electricidad –principalmente altos por el uso de hidrocarburos importados- y contribuir al cumplimiento de las metas nacionales ante la convención de cambio climático en relación a la reducción de emisiones de GEI –reducir un 20% de las emisiones de CO2 al año 2020.