Pascua Lama y sus complicaciones

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora de Terram, publicada en portal El Dinamo 06 de noviembre 2013. Vea columna AQUÍ.

La percepción es que Barrick Gold enfrenta un tremendo problema, y que en realidad está en juego la materialización del proyecto, pues de otra forma no se entiende que las obras paralicen en ambos lados de la cordillera por un periodo de dos años.

La empresa Barrick Gold anunció recientemente su decisión de suspender temporalmente las operaciones de su mina Pascua Lama tanto en Chile (donde ya estaban paralizadas por orden judicial) como en Argentina. Las razones esgrimidas no hicieron una alusión a los problemas que presenta la empresa en su cumplimiento ambiental, tanto ante la justicia como con la Superintendencia de Medio Ambiente; los argumentos de la empresa para justificar la paralización aludieron a motivos económicos, derivados de la baja del precio internacional de los metales.

Sin embargo, a poco andar se señaló que esta “paralización temporal” serviría para solucionar los problemas que tiene la empresa en el ámbito judicial y regulatorio, es decir, precisamente los incumplimientos ambientales por los que ha sido sancionada y que determinaron la paralización parcial de sus obras.

Pascua Lama es un proyecto minero binacional Chile-Argentina para la extracción de oro, plata y cobre en la alta cordillera. El desarrollo de una iniciativa de esta naturaleza fue posible gracias al Tratado Minero Binacional, suscrito por los ex presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem; este emprendimiento minero fue sometido a evaluación ambiental y aprobado a ambos lados de la cordillera. Pero tanto en el lado argentino como en el chileno, existe una permanente oposición al desarrollo de proyecto por los problemas e impactos ambientales que generaría en glaciares y cursos de agua. Durante años se han denunciado los problemas e incumplimientos de la empresa y se han mantenido los cuestionamientos al proyecto, y desde su fase de exploración se denunció la destrucción de glaciares, lo que significa un daño irreparable a lo que se suman los incumplimientos ambientales que llevaron a la comunidad diaguita a presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, el que actualmente está radicado en la Corte Suprema.

La persistencia de las comunidades ha puesto en jaque a este conglomerado minero de capitales canadienses, que actualmente enfrenta a la justicia que ordenó la paralización parcial de las obras mientras no cumpla con medidas ambientales estipuladas. A esto se suma a la sanción establecida por la Superintendencia de Medio Ambiente por incumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental, es decir, a las condiciones ambientales que se establecieron para autorizar el desarrollo del proyecto. Todo esto al margen del análisis que se puede hacer sobre la forma en que fue evaluado y aprobado ambientalmente.

En este contexto, cuesta creer que la paralización temporal de obras anunciada por la empresa obedezca únicamente a motivos económicos y de planificación de las operaciones. La percepción es que Barrick Gold enfrenta un tremendo problema, y que en realidad está en juego la materialización del proyecto, pues de otra forma no se entiende que las obras paralicen en ambos lados de la cordillera por un periodo de dos años. Si bien las acciones judiciales y las sanciones de la Superintendencia de Medio Ambiente no apuntan a revocar el permiso ambiental del proyecto Pascua Lama, un fallo favorable a la comunidad por parte de la Suprema podría representar una complicación mayor. Así las cosas, el conglomerado minero está en un callejón con difícil salida, ya que en principio negó ante la Corte de Apelaciones los daños denunciados por los diaguitas, para luego tener que reconocerlos ante la Suprema, lo cual muestra una política empresarial que actúa sobre hechos consumados.

La historia de este proyecto es de larga data y los daños ambientales que han sido denunciados, entre los cuales está la destrucción de glaciares, no tienen reparación posible, lo que debería ser considerado por la justicia a la hora de emitir un fallo definitivo.

Con este de telón de fondo resulta al menos curioso el anuncio de la empresa de paralizar las obras, pues parece ser la forma en que los grandes conglomerados empresariales buscan que las autoridades les ayuden a solucionar sus problemas. Esta política de las paralizaciones temporales no es nueva; basta recordar que lo mismo ocurrió con la planta de Agrosuper ubicada en Freirina y hace unos años con la planta de celulosa Arauco en Valdivia; en esta misma línea podemos contar las presiones que ha ejercido Colbún en relación al proyecto HidroAysén, por nombrar sólo algunos ejemplos.

De una u otra forma, este tipo de acciones empresariales tienen un efecto; en este caso, los ejecutivos fueron recibidos en La Moneda por el Ministro del Interior y el Ministro de Minería. Si bien el motivo público de la visita fue entregar al gobierno información sobre la paralización de las obras, no se puede obviar el peso que tiene para una comunidad que enfrenta a una trasnacional minera el que las autoridades de gobierno reciban a la empresa en forma expedita, mientras que las personas que han sido afectadas, que sufren los daños y la agresión que conlleva este proyecto, no tienen la misma oportunidad. Más lamentable aún resultan las declaraciones del Ministro de Minería que minimiza la situación de la empresa y asegura que Barrick saldrá del paso y se reanudarán las obras, como si esta fuera una empresa que realmente aporta al país.

Es lamentable constatar la falta de independencia del gobierno frente a un proyecto privado; esto no es nuevo, pues este proyecto ha contado con el apoyo de los gobiernos de Frei, Lagos, Bachelet y ahora de Piñera, mientras que las comunidades han tenido que afrontar con sus propios recursos la agresión de este gigante minero que no cumple los más mínimos estándares ambientales. Sin embargo, pese a todo su poder y capacidad de lobby, Barrick se encuentra hoy en una situación complicada ya que la justicia, le guste o no al gobierno y a la empresa, sigue siendo un poder autónomo; la Suprema aún tiene que fallar este caso, lo que abrirá otro capítulo en esta historia.