Comunidades indígenas y otros organismos se oponen a concesión de parques nacional

Comunidad y diputados de la Región de Magallanes, se unen al rechazo de la Comunidad Kawésqar hacia el proyecto del MOP que permitirá la concesión de los Parque Nacionales. Todas las críticas apuntan a que el Estado no se haría cargo de una institucionalidad al respecto. Radio Universidad de Chile, 13 de julio de 2014.

En los últimos cuatro meses, las fundaciones ligadas al empresario y ecologista Douglas Tompkins, han presentado a diferentes ministerios la propuesta de donación de 410 mil hectáreas como legado al Estado para la conservación.

La iniciativa del empresario contempla la entrega del Parque Pumalín, de una superficie de 296.081 hectáreas y ubicado en la Región de Los Lagos, la mayor de las reservas. También se contempla la donación de la Ex Estancia Chacabuco, de 80.651 hectáreas, en la Región de Aysén, y de Cabo León, de 26.620 ha, en la Región de Magallanes. El objetivo es que 410 mil hectáreas sean reconocidas como parque nacional.

Muchos se han sumado al rechazo que manifestó la comunidad Kawésqar de la Región de Magallanes ante el proyecto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que pretende concesionar los Parques Nacionales. Se trata de un área donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, y según el proyecto, sería administrada por empresas privadas.

La iniciativa, fue presentada por el subsecretario de la cartera, Sergio Galilea, ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, a inicios de este mes. Instancia en la que se refirió a la buena experiencia de otros países donde las concesiones de Parques Nacionales son ejecutadas con éxito.

Ante esta postura, Manuel Baquedano, ex director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), señaló que “esto es una responsabilidad del Estado” que “quieren delegar, entre comillas, a particulares”.

E insistió en que primero debe existir una institucionalidad estatal, un servicio nacional de parques, que funcione como “un sistema nacional de protección” para las zonas.

En línea con esta perspectiva, la comunidad Kawésqar ha manifestado que este intento de privatización e intervención de los ecosistemas y recursos naturales, en el caso de los Parques Nacionales situados en Magallanes, han existido por mucho tiempo, a través de los más diversas presiones e intentos por parte de los “capitales privados” para apoderarse de su gestión, con un esquema de administración que los convierte en “meros espacios para negocios privados”.

Por otra parte, insisten en que el MOP, “se atribuye la facultad de disponer del futuro de los parques nacionales retirando al Estado de su gestión”.

Postura con la que coincide el diputado de la zona, Gabriel Boric, quien manifestó, ante este anuncio, que con su par legislativo de la de la Región de Magallanes, Juan Morano, “intentarán impedir, por todos los medios, que esta iniciativa prospere.

“Me parece sorpresivo e inaceptable. Magallanes es 50 por ciento del territorio de zonas silvestres protegidas y yo, por lo menos, no estoy disponible para legislar una ley que termine dejando en manos de privados ese porcentaje del territorio regional!, indicó el Parlamentario. Y propuso que “más que terminar privatizando todo, se debiera fortalecer a la CONAF, que muchas veces, en condiciones muy precarias, termina realizando una pega en condiciones muy, muy abnegadas”.

Cabe recordar, que a esta iniciativa de concesionar los Parque Nacionales presentada por el MOP, se suma la planteada por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien la semana pasada expuso en el Senado los alcances del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Este proyecto de ley contempla la creación de un área protegida privada, que se iniciará mediante presentación voluntaria de un particular ante el ministerio, quienes deberán contar con un plan de manejo aprobado por el SBAP y estarán bajo supervisión y apoyo técnico de éste, los que no podrán establecerse por un plazo menor a 30 años.