Megasequía y escasez hídrica en Chile

Editorial de Fundación Terram sobre Balance Hídrico de la Dirección General de Aguas.


Esta semana, se dieron a conocer los resultados preliminares del Balance Hídrico 1985-2015 de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), correspondientes a la situación hídrica de las zonas norte y centro del país, los cuales alertaron sobre un escenario que, aunque es evidente, seguimos descuidando. El análisis muestra la preocupante baja en la disponibilidad de agua de todas las cuencas, comprobando la situación de sequía o “megasequía” a la que nos estamos enfrentando.

La sequía se define según la Real Academia de la lengua española como un “tiempo seco de larga duración” refiriéndose a un fenómeno de carácter natural que puede impactar a un territorio “cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras”, según señala el documento Escasez Hídrica en Chile de Fundación Newenko. Este fenómeno es el que actualmente azota las zonas abordadas por el Balance de la DGA y que genera un escenario de escasez hídrica para las comunidades más vulnerables, influenciado por el uso a gran escala de agua dulce que tienen industrias como la agricultura y la minería.

La ‘escacez hídrica’, por su parte, es un término que hace referencia exclusivamente a la construcción político-económica con la que se ha medido el impacto del fenómeno natural de la sequía en las comunidades. En sí mismo, la ‘escasez’ es el pilar fundamental para comprender esta problemática, ya que ante el escenario de crisis hídrica que nos presenta el cambio climático, es evidente que tanto las autoridades estatales como los gremios empresariales no han tomado las medidas adecuadas para gestionar un recurso que cada día es más frágil y, lo peor, que no es renovable.

Desde la perspectiva de Fundación Terram, es necesario hacer un cambio de paradigma en torno a cómo se administra este vital elemento, priorizando el acceso humano al agua; y es precisamente lo que el Gobierno no está realizando con las reformas que pretende incluir en la actual legislación hídrica.

La indicación presentada en enero de este año a la reforma al Código de Aguas (Boletín N° 7543-12), reconoce el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, sin embargo, no plantea que existan usos prioritarios en el otorgamiento de nuevos derechos como se establecía en el proyecto original, lo que claramente es un grave retroceso para una reforma que, si bien no apuntaba a las bases y a los orígenes de los graves problemas relacionados con el agua que existen en el país, significaba ciertos avances en la temática.

Ante estos escenarios, se hace cada día más urgente tomar medidas concretas que den soluciones contundentes a la ciudadanía, ya que, en un futuro no muy lejano, cada vez se hará más difícil acceder a un recurso que es básico para la subsistencia y que lamentablemente está sujeto a distintas presiones económicas. Por lo mismo, desde nuestra perspectiva, es menester del Estado asegurar una adecuada gestión hídrica que dé abasto para la subsistencia humana antes que la crisis sea más aguda.

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