Otro punto que propone la instancia es dejar sin efecto la adjudicación y detener los actos y tratativas iniciadas con (AUI), así como modificar las Bases Administrativas Generales e incluir parámetros y procedimientos estándares. Todo ello, para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.

También se plantea realizar modificaciones «para abordar las inhabilitaciones de autoridades frente a procesos de adjudicación de fondos en los proyectos y programas», además de «remitir informe al Ministerio Público para efectos de determinar si existe o no la comisión de delitos de uso de información privilegiada. En este sentido se apunta a altos cargos de la Corfo y funcionarios del Gobierno, entre ellos, Pablo Terrazas».

Otra conclusión del informe es «oficiar al contralor general de la República a efectos que evalúe la pertinencia de iniciar una investigación que determine responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados en el proceso revisado por esta comisión».

Análisis

El informe de la Comisión Investigadora plantea que los evaluadores sostuvieron que la propuesta de la Corporación Alta Ley fue superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de Associated Universities Inc (AUI).

Detalla que se hace caso omiso a dicha evaluación y se modifican los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la Corporación Alta Ley. Ello permitió que aumentan las obtenidas por (AUI).

Junto a lo anterior, se señala que Corfo comete un error no subsanado al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto.

Además, califica como sumamente grave las acusaciones de intervención que pesan sobre el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Ellas apuntan a intervenciones que ha realizado en las sesiones del Consejo de Ministros de Corfo, teniendo una inhabilidad clara, que el mismo expresa, por ser parte del directorio de Alta Ley.

El grupo parlamentario aprobó, por unanimidad, las conclusiones y proposiciones. Con ello, el texto quedó en condiciones de pasar a la Sala.

La instancia recibió en los últimos cuatro meses a representantes de los organismos involucrados en la licitación investigada. También, se contó con la participación del director de Desarrollo para el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias y académicos de universidades.