Máxima Acuña: La campesina peruana que lucha contra gigante minero y ganó el “Nobel” medioambiental
La campesina también asegura que las amenazas que recibe por oponerse al proyecto minero, pueden recrudecerse tras recibir el máximo galardón por la defensa del medio ambiente. Fuente: BBC Mundo, Veo Verde, 26 de abril, 2016.
La historia de Máxima Acuña es el relato de lucha por las causas que parecen más comunes y sensatas en el mundo, las dadas por la naturaleza y el vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por ende, es la lucha que se extrapola a miles de habitantes y activistas del mundo contra el poder de las grandes corporaciones transnacionales que explotan recursos naturales no renovables en los llamados países en “vías desarrollo”, o derechamente pobres.
Pero a Máxima -de 47 años y no más de un metro y medio de estatura- no le interesa ser catalogada de activista ni de líder social, solo le ha bastado con lo que ha declarado: “Solo quiero que me dejen vivir tranquila en mi terreno y que no contaminen mi agua”.
Hace exactamente una semana, Máxima Acuña recibió el premio Goldman, el galardón ambiental más importante del mundo, que se otorga todos los años en San Francisco (EE.UU.), y que en 2015 fue otorgado a la activista hondureña Berta Cáceres, por liderar una campaña contra la represa Agua Zarca, a cargo de la más grande constructora de plantas hidroeléctricas.
Cáceres fue asesinada seis meses después de recibir el galardón, el 6 de marzo de este año.
Acuña se enfrenta desde 2011 a Yanacocha, un consorcio minero que posee la concesión para explotar el yacimiento aurífero más importante de Perú y de América Latina, y es eso lo que la ha hecho merecedora del premio.
Disputa de propiedad
El hogar y terreno de Máxima se encuentra en en Tragadero Grande, a 4.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra norte de Perú.
El consorcio minero está integrado por la empresa estadounidense Newmont Mining Corporation (posee el 51,35%), la peruana Compañía de Minas Buenaventura (43,65%) y la Corporación Financiera Internacional -un organismo dependiente del Banco Mundial-, que señalan que las tierras en las que la campesina vive con su esposo, Jaime Chaupe, y sus hijos se las compraron a la comunidad de Sorochuco en 1996 y 1997 para el Proyecto Conga. Sin embargo, Máxima tiene registros de propiedad con fecha de 1994.
Con este proyecto, administrado por Yanacocha, se pretendían extraer seis millones de onzas de oro de las provincias de Cajamarca y Celendín, en el departamento norteño de Cajamarca, y se invirtieron para ello unos US$48.000 millones.
El consorcio planeaba explotar el oro de la zona durante 19 años y prometía emplear en ello a unas 10.000 personas.
Sin embargo, para llevar a cabo la iniciativa, Yanacocha explicó que tendría que secar cuatro lagunas y que construiría a cambio cuatro reservorios, suficientes para abastecer a las 40.000 personas que a día de hoy se surten de ese agua.
Una de ellas era la Laguna Azul, situada justo frente a los terrenos de la familia Chaupe-Acuña. Y ese es el motivo por el que los quieren expulsar de allí, denuncian los campesinos.
“Usurpación”
El proyecto es polémico desde 2008, cuando se presentó el estudio de impacto ambiental, y los Chaupe-Acuña no son los únicos que se opusieron a él.
En 2012 una movilización regional contra la mina que desencadenó en un enfrentamiento de civiles contra la policía y el ejército, terminó con un saldo de cinco muertos.
Ante eso, el 29 de noviembre de ese año, Yanacocha anunció la suspensión de las actividades del proyecto.
Aunque dos años después, en 2014, tras varios intentos por desalojar a la familia de los terrenos, el consorcio los demandó por usurpación agravada.
Los Chaupe-Acuña perdieron los dos juicios celebrados en la corte provincial de Celendín, y fueron sentenciados a casi tres años de prisión y a pagar cerca de US$2.000 como reparación a la minera, además de abandonar Tragadero Grande.
Pero la defensa apeló a la Corte Superior de Cajamarca, y en unos meses se inició un nuevo juicio.
En ese tiempo, Máxima Acuña y su hija mayor viajaron por Europa para denunciar su caso, y se reunieron con políticos y representantes de Naciones Unidas.
En diciembre de 2014 la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca ordenó la absolución de la familia.
Fue el mismo año en el que Acuña fue elegida Defensora del Año por la Unión Latinoamericana de Mujeres.
Fuentes: BBC Mundo, Veo Verde