Más atrasos en mapa de ordenamiento territorial. ¿Es útil?

El nuevo ministro de Bienes Nacionales revisará el documento antes de enviárselo al presidente para iniciar su tramitación. Pero desde el gobierno se asegura que se cumplirá el compromiso de la antecesora de Rodrigo Pérez, Catalina Parot, de entregarlo en diciembre. Entre los expertos se discuten dos cosas. Cómo viene la mano y qué tan útil es. Pulso, 09 de noviembre 2012.

TRAS ACORDAR con el grupo energético GDF Suez el traslado de la termoeléctrica Barrancones (lo que finalmente nunca ocurrió), el presidente Sebastián Piñera comprometió la elaboración de un mapa de ordenamiento territorial, que permitiría conocer las zonas aptas para determinadas industrias, entre ellas, la termoeléctrica.

El problema es que, ya a más de dos años del anuncio, aún no se conoce nada oficial del mapa. Incluso, a pesar de su relación directa, el proyecto no fue incluido en la estrategia nacional energética anunciada a comienzos de año.

¿En qué situación se encuentra? Según fuentes del ministerio de Bienes Nacionales (cartera a cargo del trabajo) y de otras entidades de gobierno, este mapa ya fue entregado al presidente, pero el propio biministro de Vivienda y Bienes Nacionales, Rodrigo Pérez Mackenna, explicó a PULSO que aún no se finaliza el trabajo y que se espera enviar el documento en diciembre, fecha comprometida por su antecesora, Catalina Parot.

"Sé que está muy avanzada la iniciativa. Espero que se cumplan los plazos al menos (…). No está concluido ese trabajo. Así es que todavía queda", dijo ayer el titular de Bienes Nacionales.

Pero aunque el mapa todavía está en proceso, ya se conocen algunos lineamientos. El propio ministro subrayó que el objetivo principal es la elaboración de un catastro de todas las iniciativas y regulaciones que existen actualmente en el territorio, tratando de unificarlas y consolidarlas. "Es un trabajo bastante complejo, extenso, y que tiene un grado de avance importante, pero que no está concluido", agregó, y dijo también que se tomará su tiempo para revisarlo y definir en qué puede aportar.

El problema es que lo poco que se conoce hasta ahora habla más de un mapa que señala las zonas no aptas para ciertas actividades, estableciendo restricciones que son conocidas, más que mostrar lo que sí se puede hacer. Aún así, lo que aporta es más bien una consolidación de las restricciones vigentes.

Es decir, se definen los lugares no aptos, como parques nacionales, humedales, zonas indígenas y otras, pero no se señala lo que se interpretó cuando se dio a conocer la iniciativa, que establecía lugares en que sí era posible construir, en este caso, termoeléctricas.

Por lo mismo, quienes han conocido el plano llaman a bajar las expectativas, porque no se busca, por ejemplo, proyectar si Castilla, Barrancones o Punta Alcalde son o no viables en las zonas en las que se diseñaron. Lo que se cree en el Ejecutivo es que el proyecto de establecer un mapa de zonificación del país no constituye la solución a los problemas de localización de los proyectos de inversión. Por lo tanto, la señal que se manda es que no corresponde apostar las fichas, ni generar grandes expectativas.

Otra crítica que hace una fuente de gobierno, es que en rigor el mapa de Bienes Nacionales no hace más que recopilar y superponer las distintas coberturas de mapas, de muy distinta temática, hoy dispersos en el enmarañado aparataje estatal.

Pero hay quienes creen que este sería, al menos, un primer paso. Mauricio Viñuela, abogado de Alliende y Bascuñán, plantea que es el uso de suelo y la débil normativa la que ha ocasionado problemas como el que originó la discusión: Barrancones. "En Chile los planes reguladores son las normativas que tienen que cumplir los proyectos para ser aprobados. Y si se establece que el uso de suelo no es compatible, la empresa no tiene cómo hacer el proyecto. En el uso de suelo está el talón de Aquiles de todos los proyectos grandes que se han caído", comenta Viñuela. Aproximándose a la discusión sobre cuáles serían las zonas potenciales en que se podría instalar termoeléctricas, Álvaro Sapag, ex director de la hoy extinta Conama, agrega que es viable hacerlo, pero de conseguirse, sería sólo referencial. "Para que fuere vinculante debieran modificarse los instrumentos de planificación territorial ya demás algunos cuerpos legales. Elaborar un instrumento de esta naturaleza es complejo ya que no solo debe abordarse la cuestión de las áreas protegidas, sino además la biodiversidad terrestre y marina", opina.

El geógrafo UC, Roberto Larenas, agrega que un mapa puede ser útil para los inversionistas. "El mejor negocio para ellos es tener las reglas claras. Si a mí me entregaran un mapa que además de lineamientos me permite descolgar algunas decisiones vinculantes, me parece que puede ser una tremenda ventaja", complementa. 
 
¿Qué ha pasado?
El presidente Piñera comprometió un mapa de ordenamiento territorial sobre las zonas aptas para las industrias.

¿Por qué ha pasado?
La iniciativa permitiría conocer las zonas aptas para determinadas industrias, entre ellas, la termoeléctrica.

¿Qué consecuencias tiene?
Se definirá la elaboración de un catastro de todas las iniciativas y regulaciones que existen en el territorio, tratando de unificarlas.

¿Cómo puede afectar?
Lo poco que se conoce hasta ahora de la iniciativa habla más de un mapa que señala las zonas no aptas para ciertas actividades, estableciendo restricciones que son conocidas, más que mostrar lo que sí se puede hacer.

"Para que el mapa fuera vinculante deberían modificarse incluso algunos cuerpos legales". ÁLVARO SAPAG, Ex director nacional de la CONAMA
"El mapa tiene un grado de avance importante, pero todavía no está concluido". RODRIGO PÉREZ, Biministro de Bienes Nacionales y Vivienda

05/10/2005 La OCDE y la Cepal presentan un informe denominado Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile. Aquí se solicita desarrollar un enfoque integrado de gestión de cuencas para mejorar el manejo de los recursos hídricos y forestales y para proporcionar servicios ambientales. Además de profundizar en la integración de las consideraciones ambientales en las decisiones económicas, sociales y sectoriales.

01/01/2006 El Programa de gobierno de la entonces candidata a la presidencia Michelle Bachelet, plantea, entre otros aspectos, el desafío de "definir una Estrategia Nacional de Cuencas que permita identificar, en base a la mejor información disponible, aquellas cuencas que se podrán intervenir, así como las que son de interés nacional preservar". Además, señala que "tomaremos en cuenta los sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad y las comunidades de pueblos originario". El programa destaca el potencial en Energías Renovables No Convencionales de Chile.

21/05/2006 Bachelet anuncia en su primera cuenta pública ante el Congreso que "ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente (…) incorporaremos el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas como eje de nuestra nueva política".

20/05/2007 Un Comité Interministerial presenta la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Engich. El objetivo es proteger el recurso hídrico, tanto en calidad como en cantidad. La implementación se planteó en dos fases, correspondiendo la primera al desarrollo de experiencias piloto, en los años 2008 y 2009; y la segunda a la instalación en cuencas priorizadas y en régimen, a partir del año 2010. La fase piloto comprendió la intervención en tres cuencas pilotos de los ríos Copia-pó, Rapel y Baker.

31/08/2012 Luego de que el presidente Sebastian Piñera decidiera no dar curso a la Central Termoeléctrica Barrancones por estar a 25 kilómetros de Punta de Choros, pidió al Ministerio de Bienes Nacionales realizar un catastro de los terrenos fiscales donde sí podría instalarse este tipo de generadoras de energía y los terrenos que deben ser conservados impolutos. Esto porque que, según Piñera, lo de Barrancones dejó en evidencia la necesidad de modificar la institucionalidad ambiental. La ministra del ramo subrayó que el país requiere aumentar su producción energética.

24/08/12 La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, en entrevista con PULSO afirmó que el mapa de ordenamiento territorial "está listo" y que será presentado "en cuatro meses más, antes de finalizar el año".

Además afirma que la iniciativa "permitirá definir las externalidades que pagará una región al momento de tener una termoeléctrica".

08/11/12 Biministro de Bienes Nacionales y Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna, se compromete a cumplir los plazos fijados por su antecesora. El informe será presentado al presidente Sebastián Piñera aunque admitió que aún no está completo.

La realidad en América Latina: políticas territoriales parciales o dispersas  
 
 
Brasil cuenta con un Ministerio de las Ciudades, mientras que México implementó una política nacional. Sin embargo, en países con Argentina la decisión es local, como en Chile.  
 
La experiencia internacional señala que los países del primer mundo tienden a desarrollar una estrategia nacional territorial. Prueba de ello es que, por ejemplo, en Alemania o Francia está claro dónde se pueden construir centrales termoeléctricas o incluso nucleares, pues existen los instrumentos necesarios para zanjar esta discusión y no afectar las inversiones.

En la región la realidad es dispar, pero lentamente va ganando terreno el ordenamiento nacional. En Brasil, existe un ministerio de las Ciudades, que permite definir con antelación esta discusión. Aún así, también se agregan dispositivos federales que los municipios pueden usar o no, creados al alero de la ley de la Ciudad, creada en 2001.

Esto permite, en el caso de paños de más de 2.000 metros cuadrados, hacer cumplir su función social. Además, existen políticas específicas de borde costero, protección del Amazonas y de infraestructura vial federal.

En México, en tanto, lo que hay es una política nacional de ordenamiento, que es de carácter ecológico, con diferentes niveles geográficos de expresión: regional, local y marino.

Estos datos fueron aportados como parte de una investigación del profesor del instituto de Geografía de la Universidad Católica, Federico Arenas, expuestas en el seminario regional 0rdenamiento Territorial de la Región de Tarapacá, realizado en el norte del país.

Un país que muestra una realidad similar a la de Chile es Argentina. En esta nación existe una ley de Ordenamiento Territorial y de Uso de Suelo, que tiene un carácter exclusivamente municipal. Sus objetivos son la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, la proscripción de acciones degradantes y la preservación de áreas de interés natural (paisajístico, histórico y de turismo). Además, están vigentes algunos dispositivos provinciales, como la ley de OT en Cuyo.

Según explicó el académico a cargo de este estudio, el balance es que las políticas territoriales en América Latina son "parciales y dispersas".

"Las políticas específicas de OT existen solamente en algunos países, y en general, ellas hacen parte de un enfoque más bien urbano o ambiental. Incluso, en algunos países este tipo de políticas (urbanas o ambientales) no existen o son muy débiles", afirma.

En relación con los desafíos, el autor del estudio plantea que se hace necesario un mayor foco en la situación de las grandes urbes, desafíos ambientales, estructurales y de carácter institucional, situaciones aún sin resolver en la mayoría de los países de América Latina. 
 
¿Qué ha pasado?
La región avanza hacia nuevas políticas territoriales, pero no hay una uniformidad de criterios y conviven una serie de desafíos todavía no resueltos.

¿Cuáles son estos desafíos?
Las principales carencias tienen que ver con la situación de las grandes urbes, los temas ambientales, estructurales e institucionales.

¿Cómo es la situación de Chile?
La realidad del país es similar a la de Argentina, con decisiones locales.
 
 
Estrategia de cuencas, la otra tarea inconclusa 

Ex ministro de Energía, Marcelo Tokman, plantea que la tarea es mucho más grande y debe incorporar, por ejemplo, procesos participativos ciudadanos. 

Una de las primeras aproximaciones a un ordenamiento territorial se inició en el gobierno de Michelle Bachelet, que envió al Congreso un proyecto que crearía una estrategia nacional de cuencas para definir el uso del territorio, aunque estaba más ligado a la situación del agua y su escasez, que a su vez es otro debate abierto.

El problema es que el gobierno del presidente Piñera lo desechó, señalando que no era prioridad, pues traía otra agenda.

Al respecto, el ex ministro de Energía de Bachelet, Marcelo Tokman, explica que de la iniciativa "nunca más se supo" y que se hace necesario definir los usos de suelo en las regiones de país, porque hoy esa discusión se está dando caso a caso, en los procesos de tramitación ambiental, y no donde corresponde, que es en un gran debate nacional, afirma.

"Desconozco en que concluyó esa iniciativa (la estrategia de cuencas), que por lo demás estaba vinculada al Ministerio de Medio Ambiente. Lo que hay que hacer es levantar la información. Ahora que un nuevo ministerio diga qué lugar es apropiado, cuando no hay un respaldo legal y existen otros instrumentos traslapados, puede ser que al final eso termine generando más complicación", explica el hoy representante para la región de la firma de energía eólica Vestas. A su juicio, un mapa es útil siempre y cuando esté acompañado de modificaciones legales que lo transformen en mandatorio, para que no termine siendo letra muerta. Por esto, dice que mal utilizado o mal diseñado puede terminar poniendo un pelo más en la sopa. "Podríamos tener un enredo gigantesco. No tengo certeza que eso vaya a contribuir. Se requiere un trabajo en conjunto de todos los ministerios, no individual, porque si no se hace un ordenamiento de todos estos instrumentos, tanto legales como institucionales, no estoy seguro que vayan a contribuir", insiste.

En relación con el debate energético, algo que Tokman conoce de cerca, el ex ministro cree que esta discusión se resuelve por medio de dos herramientas: mayor conocimiento del territorio y la generación de procesos participativos, que no existen en Chile, de carácter ciudadano. "No es un técnico del gobierno el que determinará finalmente si este es el mejor uso, porque no existe mejor uso. Son todos los usos igualmente válidos. Hay que encontrar un espacio para un cierto equilibrio", afirma.