Diez preguntas para entender qué se juega con la Ley de Pesca que se debate en el Congreso
El sector representa el 1% del PIB del país y emplea directamente a casi 130 mil personas. Las licencias para pescadores industriales, que pasaron de ser indefinidas a durar 20 años, renovables, fue uno de los puntos más debatidos en el Senado. El Mercurio, 25 de noviembre 2012.
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Faltan pocos días para que el proyecto que modifica la Ley de Pesca cumpla un año en el Congreso y todavía no tiene luz verde. Esta semana la iniciativa copó la agenda de los senadores y la próxima seguirá siendo un tema a discutir en el hemiciclo.
¿Qué está en juego con esta debatida iniciativa? A continuación, algunos puntos clave para entender la Ley "larga" de Pesca.
1. ¿Por qué es urgente la nueva ley?
La cuota máxima que puede pescar cada uno de los actuales actores de este negocio (armadores o dueños de nave) está definida sólo hasta fin de año. Originalmente la ley vigente, que establece los límites máximos de captura individuales y que data de 2001, duraría dos años. Sin embargo, un año después de su promulgación, los límites para cada armador fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2012. A esa legislación se le conoció como Ley "corta" de Pesca.
¿Qué pasaría si no se aprueba el actual proyecto? Podría regir la ley de 1991, que establece sólo cuotas globales de captura por especie (para el jurel, anchoveta, etc.). Es decir, un techo máximo por tipo de recurso para toda la industria y sin las asignaciones individuales. Esto podría desatar la llamada "carrera olímpica", en la que los pesqueros compiten entre sí por una tajada de esa torta global y agotan los recursos aprobados para el año en apenas unos días.
2. ¿Cuánto mueve el sector?
La pesca es uno de los sectores productivos más importantes para el país. Representa el 1% del PIB nacional, y generó exportaciones por US$ 1.260 millones, según el proyecto enviado al Congreso en diciembre pasado. Esta industria emplea a 128.990 personas, de acuerdo con los datos a noviembre de 2012 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Los desembarques totales (o pesca total en el país) pasaron de 3,7 millones de toneladas en 2010 a 4,4 millones de toneladas en 2011, considerando pesca artesanal, industrial y los centros de cultivo, según Sernapesca.
3. ¿Quiénes son los actores y qué tienen en la actualidad?
La ley vigente distingue a dos tipos de actores en la industria, los pescadores industriales (ver recuadro) y los artesanales, de acuerdo a su tamaño, número de barcos y capacidad de captura. No obstante, del proyecto de ley se puede interpretar la existencia de un actor intermedio (o "semiindustrial"), al que se le hacen exigencias.
Los grupos industriales tienen cuotas de capturas definidas hasta el 31 de diciembre y los artesanales derechos perpetuos. Hoy, el sector artesanal dispone del 52% de los embarques y el industrial del 48% del total.
4. ¿Qué reclama cada uno?
Los pescadores artesanales y los industriales han protagonizado sendas manifestaciones durante la tramitación de la ley. Los primeros se han manifestado en contra de la duración de 20 años renovables de las licencias para pesqueros industriales y los segundos están en contra de que la nueva ley dé espacio a que haya licitaciones de una parte de los recursos para nuevos actores. Argumentan que los derechos históricos serían vulnerados con esta medida, en un escenario de recursos mermados.
No obstante, las mayores disputas se dieron en el hemiciclo. El jueves un grupo de senadores de oposición, encabezado por el senador Guido Girardi, anunció que recurriría al Tribunal Constitucional de aprobarse la ley tal y como estaba, por no garantizar los derechos a los pescadores artesanales.
5. ¿Qué ganan los pescadores artesanales?
Una de las principales ganancias es la relacionada con el porcentaje global de captura. Con la nueva ley, los pescadores artesanales pasarán del actual derecho al 52% de la pesca total país, al 55%. Esto significa un traspaso de cuotas desde el sector industrial al artesanal valoradas en US$ 30 millones al año, según datos de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca).
No obstante, Alex Muñoz, vicepresidente de Oceana para Sudamérica, asegura que esta ganancia depende del cristal con que se mire. "En el jurel pasan del 5% al 10% del total y en merluza común pasan del 35% al 40% del total", puntualiza.
Además, los artesanales con embarcaciones menores a 12 metros de eslora tendrán exclusividad para pescar en la primera milla, lo que favorecerá a 11.805 embarcaciones artesanales de un total de 13.073, según Subpesca.
6. ¿Cuáles son las desventajas para los artesanales?
Los artesanales estiman que les subirán los costos por las nuevas exigencias que impone el proyecto: el uso de un dispositivo de posicionamiento satelital -cuyo valor se descontará del pago de la patente y tiene como finalidad fiscalizar, por ejemplo, la exclusividad de la primera milla para los artesanales de naves más pequeñas- y el pago de una patente pesquera para embarcaciones artesanales más grandes.
A juicio de Susana Jiménez, economista senior de Libertad y Desarrollo, este tipo de disposiciones distingue entre los pescadores artesanales y los semiindustriales, de lanchas más grandes. "Por número de embarcaciones, sólo el 10% son lanchas artesanales más grandes, pero éstas son responsables de más del 80% de lo que captura el sector artesanal", asegura.
La Confederación Nacional de Pescadores de Chile, Conapach, asegura que las licitaciones de cuotas de captura no los favorecen. "No tenemos opciones de ganar más cuotas de captura", plantean en su sitio web.
7. ¿Cuáles son los beneficios para los industriales?
Los actores que están hoy en la industria permanecerán. O sea, no prosperaron ideas como que todo partiera a fojas cero y los recursos pesqueros fueran objeto de licitación en su totalidad. Y si bien las licencias pasaron a tener una duración de 20 años, renovables y transables, esto es más favorable que la posibilidad de tener licencias por 10 años no renovables, tal como se planteó en la discusión.
8. ¿Qué pierden los industriales?
El proyecto, al menos como lo envió el Ejecutivo, contempla licitar a nuevos actores parte de una pesquería -hasta el 15%-, sólo en la medida en que se haya recuperado el recurso. Y en ese escenario, los industriales pueden perder participación o diluirse en el "mercado".
¿Por qué? Las cuotas o participaciones de cada empresa se fijan una vez al año. Si de un año a otro se gatilla una licitación, (porque hay más recurso disponible), los actores existentes ya no representarán el 100% de ese mercado, sino que tendrían el 85% de la participación de la cuota global, si se licita el máximo establecido posible (15%).
La propuesta actual es crear licencias clase A (de los actores que hoy están en el mercado) y clase B (no renovables). Las licencias clase B se otorgan cuando el poseedor de una licencia clase A entra en causal de caducidad o cuando el recurso en cuestión (por ejemplo, el jurel) entra en un punto de equilibrio y recuperación (en un estándar internacional llamado rendimiento máximo sostenible). Cuando un recurso está, por ejemplo, al 50% del punto de equilibrio está a medio camino de su recuperación y por tanto no puede licitarse. Pero si está al 85%, según el proyecto de ley, sí hay espacio para activar las licitaciones.
Mientras algunos estiman que las licitaciones son una forma de acrecentar la competencia, con más actores, otros lo desestiman y creen que basta con que las licencias existentes sean transables, como lo incluye el proyecto en trámite (en la ley actual existe la transferencia vinculada a los derechos que tiene una nave).
A juicio de Juan Pablo Montero, profesor de Economía de la Universidad Católica, "las licitaciones no cumplen ningún rol desde el punto de vista de fomentar más competencia ni entrada al sector. Eso lo resuelve simplemente permitir que la transferibilidad de la licencia sea lo más fácil posible", asegura. La compra y venta de licencias clase B se genera, a juicio de Montero, simplemente siguiendo la oferta y demanda. Alguien dispuesto a pagar un precio que el vendedor considera atractivo.
9. ¿Por qué se debatió sobre los plazos de las licencias?
Si bien este punto alcanzó consenso, fue uno de los más discutidos en el Senado. El proyecto del Ejecutivo planteó licencias indefinidas para los industriales. Sin embargo fue resistido, principalmente porque desde el punto de vista de algunos senadores de la oposición, las licencias indefinidas perpetuaban el dominio de los actuales grupos económicos en la industria, llamados por senadores de la oposición como las siete familias que poseen derechos de pesca.
Los plazos de las licencias dieron pie a distintas propuestas y, finalmente, prosperó la modalidad de la licencia por 20 años, renovable. A juicio de Susana Jiménez, lo ideal hubiese sido mantener la propuesta original. "En la medida que tienes plazos indefinidos desde el punto de vista económico tienes más certeza jurídica, permite atraer más inversiones, crear empleo, aumentar el valor agregado. Pero también hay un valor de sustentabilidad, cuando tienes derechos que son permanentes, la preocupación por la conservación del recurso tiene más incentivos, estás más alineado con el objetivo final de la regulación que es la sustentabilidad", explica.
10. ¿La ley resuelve los problemas de sustentabilidad de la pesca?
La ley crea 11 comités científicos que deben pronunciarse sobre el estado de una pesquería, si está en colapso o sobreexplotación. Por lo mismo Álex Muñoz, de Oceana, considera que "con la ley contaremos con mejores herramientas para tener un manejo pesquero más sustentable en el futuro". A juicio de la institución, la pesca artesanal tiene menores impactos en el medio ambiente que la industrial, pues se ve regulada de manera natural. Por ejemplo, en condiciones climáticas adversas es más difícil que las pequeñas embarcaciones pesquen, explican.
Muñoz agrega: "Hoy las cuotas globales de captura son determinadas por el Consejo Nacional de Pesca, que está compuesto por los mismos actores pesqueros que decidían sin ningún límite cuánto se podía pescar, y ese fue uno de los principales factores que incidió en la sobreexplotación de especies como jurel o merluza". Oceana tiene estudios sobre jurel, anchoveta y merluza que demuestran que el consejo "presionaba a la Subpesca para elevar la cuota", asegura.
No obstante, Susana Jiménez, de LyD, dice que el tema "no es tan así, porque el que define la cuota es la Subpesca y va con su propuesta al Consejo de Pesca y el Consejo sólo puede aprobar esa cuota o rechazarla, y si la rechaza rige el 80% de la cuota del año anterior".
PRINCIPALES PESCADORES INDUSTRIALES HOY: Blumar, fusión de Itata y El Golfo de los grupos Sarquis y Yaconi-Santa Cruz; Orizon y Corpesca, controlados por el grupo Angelini; Coloso, ligado al grupo Lecaros; Alimar, de Izquierdo; y Pesquera Bío Bío, del grupo Stengel, que se fusionó con Camanchaca controlada por Jorge Fernández y Francisco de Borja Cifuentes.