¿Es necesaria una nueva ley de fomento para el sector Forestal en Chile?
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en portal Veo Verde, 13 de junio 2013. Vea columna AQUÍ.
Esta semana el Senado aprobó la idea de legislar un proyecto de ley que extiende por 20 años un sistema de bonificaciones para el sector forestal. Con el propósito de entender el contexto de este proyecto, es importante recordar que el año 1974 se dictó el D.L. N° 701, que estableció un sistema de incentivos para el establecimiento de plantaciones forestales otorgando para ello desde el Estado un subsidio de hasta un 90% por una vez. Este Decreto operó durante 20 años y permitió el establecimiento de grandes extensiones de plantaciones forestales de especies exóticas, fundamentalmente pino y eucalipto, árboles que no pertenecen o no están presentes en los bosques naturales de Chile.
Más tarde, en 1998, se renovó el D. L. N° 701 por 15 años, y posteriormente se volvió a extender por un período más breve, que culminó este año. En definitiva durante casi 40 años en nuestro país ha operado un sistema de bonificaciones a las plantaciones forestales de pino y eucalipto; con ello, se ha contribuido con dineros públicos al establecimiento de extensas plantaciones y a la implementación del llamado “modelo forestal chileno”.
El proyecto que actualmente está en discusión en el Senado, es un texto legal que pretende extender por 20 años más el sistema de bonificaciones forestales, básicamente con las mismas características que el actual. Este proyecto ya fue discutido en la Cámara de Diputados y ahora fue aprobada la idea de legislar en el Senado, sin entrar por ahora en temas específicos contenidos en el articulado.
El texto legal presentado por el Ejecutivo debe enfrentar tres grandes escollos. El primero es que la iniciativa legal tiene relación con la institucionalidad forestal que debería administrar esta ley, pues hasta ahora ha sido CONAF la encargada de hacerlo. Sin embargo el año 2008, el Tribunal Constitucional le señaló a la entonces presidenta Michelle Bachelet que se necesitaba una institucionalidad forestal pública para administrar este tipo de leyes y que CONAF no podía hacerlo, pues es una Corporación de derecho privado que administra fondos públicos.
En la actualidad no existe una institucionalidad forestal pública y por ende de aprobarse esta ley, no hay una institucionalidad pública para administrarla. Es más, ni siquiera existe un proyecto de ley en este sentido, pues el que presentó con este propósito el Ejecutivo el año pasado fue rechazado en el Parlamento.
Además, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, un proyecto de ley de estas características debe ser sometido a Consulta Previa. Si bien el gobierno a través de CONAF realizó reuniones informativas en distintos lugares de Chile, éstas no pueden ser consideradas como Consulta Previa, ya que no cumplen con las condiciones establecidas a nivel internacional para ello. Es más, en las reuniones informativas se dio a conocer un texto distinto al que finalmente fue ingresado al Parlamento.
Pero probablemente el tema más relevante que enfrenta este proyecto de ley se refiere a que después de casi 40 años de aplicación de un sistema de bonificaciones y por ende de una política pública, no existe una evaluación económica, social y ambiental de los impactos que la aplicación de esta ley ha generado. Es importante señalar que existen algunas evaluaciones económicas que comprenden ciertos periodos de la aplicación del D.L. N° 701, pero el gobierno no ha presentado una evaluación que aborde los 39 años de aplicación de esta ley. Esto obviamente es muy importante, pues si no existe una evaluación de los impactos, mal se puede pretender extender por 20 años un sistema de bonificación sin conocer lo positivo y negativo que ha significado su aplicación.
Finalmente, es necesario señalar que la iniciativa legal que está siendo analizada en el Congreso, carece de medidas de resguardo ambiental, aun cuando es conocido que algunas de las prácticas forestales que se aplican en las plantaciones forestales generan importantes impactos ambientales negativos; una de ella es la cosecha con el método de tala rasa, que consiste en la corta de grandes extensiones forestales, dejando el suelo descubierto lo que permite la erosión del suelo y arrastre de una enorme cantidad de sedimentos hacia los cursos hídricos.
Tras la aprobación de la idea de legislar en el Senado, se abre un período para indicaciones, que culminará el 8 de julio próximo, tras lo cual se iniciará la discusión en particular en las comisiones unidas de agricultura y medio ambiente. Sin embargo, claramente y pese a la insistencia del gobierno por aprobar esta ley, el proyecto no está en condiciones de ser discutido, pues no se cuenta con la información mínima necesaria para saber si se necesita o no seguir aplicando esta política pública y tampoco hacia dónde debe ser orientada.