Ley Concesiones Eléctricas, una bomba de tiempo para el futuro gobierno

Columna de opinión de Flavia Liberona, directora Ejecutiva de Fundación Terram, acerca del proyecto de ley concesiones eléctricas que discute actualmente el Parlamento, publicada en el blog de la Tercera el 12 de agosto de 2013. Vea columna AQUI.
Vea minuta sobre las votaciones del proyecto del ley en el Congreso AQUI.

Desde el año pasado se encuentra en el Parlamento, por iniciativa del Ejecutivo, un proyecto de ley que modifica la ley vigente para el otorgamiento de concesiones eléctricas. Su propósito es agilizar el procedimiento para la entrega de concesiones eléctricas.

El gobierno justificó el proyecto de ley argumentando las actuales demoras en el procedimiento para la entrega de concesiones eléctricas, básicamente en lo que se refiere a autorización para la instalación de tendidos eléctricos. Para mejorar este aspecto, el Ejecutivo propone una fórmula simple pero injusta: disminuir los plazos para los oponentes, así como para el establecimiento de ciertos procedimientos que vulneran derechos ciudadanos.

Claramente, este no es el mejor mecanismo para lograr el objetivo; la agilización de este tipo de procedimientos no debería lograrse a costa de las personas que son o se sienten afectadas en sus derechos. El deber del Estado es justamente resguardar los derechos de las personas y equilibrar la diferencia de poderes que se dan entre diversos sectores, en este caso, entre empresas privadas con fines de lucro que pretenden desarrollar proyectos y personas que son dueñas de un predio que será gravado a perpetuidad por una concesión eléctrica. Pero la propuesta del Ejecutivo no apunta en este sentido, pues no busca soluciones que equiparen la cancha y a su vez cumplan el objetivo planteado en el texto legal en discusión.

Este proyecto de ley se encuentra pronto a ser aprobado en el Parlamento, después de pasar por una comisión mixta que, dados los sesgos políticos y alianzas previamente establecidas en un acuerdo entre los senadores de la UDI y la DC que facilitó su aprobación en el Senado, no logró introducir cambios significativos. Lo increíble de todo es que si bien el objetivo del gobierno fue agilizar la entrega de concesiones eléctricas, debido a las falencias que presenta el texto legal vigente ni siquiera cumple ese objetivo, pues todo indica que el texto legal provocará más problemas que soluciones.

Estos problemas se refieren a varios aspectos. Por un lado, se acortan los plazos para oposiciones y se vulneran derechos ciudadanos, lo que probablemente generará respuesta de los afectados vía recursos de protección u otras acciones legales ante los tribunales de justicia del país.  Además, no establece de forma adecuada el procedimiento de consulta previa de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, lo que también generará un sinnúmero de acciones legales que podrían llegar hasta cortes internacionales.  En tercer lugar, algo parecido sucede con el otorgamiento de concesiones eléctricas en áreas protegidas, lo que también provocará que en algunos casos se cuestione la entrega de los permisos y se inicien acciones en las cortes de justicia.

A la luz de lo señalado, cabe preguntarse cuál es el sentido de insistir en este proyecto de ley,  pues el gobierno y los parlamentarios que han aprobado el texto, están conscientes de las dificultades que puede enfrentar esta ley una vez aprobada. Sin embargo, se han cerrado a buscar  mejores salidas y sólo se han quedado con aquellas que probablemente conduzcan a la judicialización de los procedimientos para la entrega de concesiones eléctricas.

¿Se tratará todo esto de dar una señal al sector empresarial eléctrico?  ¿O simplemente de aprobar un proyecto de ley bajo esta administración sin importar las consecuencias del mismo, pues a la larga, los problemas los deberá afrontar el próximo gobierno?