COP25: el sentido de la justicia ambiental en Chile
Postura de Fundación Terram ante la contingencia ambiental y la realización de la Conferencia de las Partes en Chile.
Uno de los objetivos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, realizada en 1992, fue crear conciencia global sobre el fenómeno del cambio climático. Como resultado de este propósito se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) la cual reúne a 197 Estados parte que se reúnen cada año en la Conferencia de las Partes (COP) para discutir cómo afrontar las consecuencias del aumento de la temperatura en la tierra.
La COP ya prepara su versión 25, la que se realizará en Chile entre el 2 y 13 de diciembre de este año. Generalmente, los países donde se ha realizado este evento están dispuestos bajo una especie de lupa ambiental global, desde la cual se examinan sus avances y carencias en la materia. Por lo mismo, Chile este 2019 estará bajo un constante escrutinio desde el que la ciudadanía y los otros estados podrán, en consecuencia, juzgarle.
La editorial del diario El Mercurio titulada “El sentido de la COP” del pasado viernes 5 de abril enfatizó que esta es una oportunidad para que Chile muestre sus compromisos y logros en las medidas que representan un avance para construir un sistema más sostenible, pero que al mismo tiempo puede ser un momento para que organizaciones “radicales” instrumentalicen el encuentro con el fin de criticar el modelo de desarrollo.
Pero, ¿es sensato localizar las críticas en un evento específico y apuntar al “oportunismo” de algunos, cuando las decisiones políticas en materia ambiental hablan por sí solas?
Basta mirar las medidas que se han tomado para enfrentar la crisis de Quintero y Puchuncaví, donde la aplicación del nuevo Plan de Descontaminación no es suficiente, porque estas comunidades viven en un constante sacrificio que requiere de modificaciones profundas a una normativa que sigue siendo negligente; o por qué no considerar también la implementación de la política de descarbonización, cuando la mesa que sesionó durante un año aun no presenta un cronograma serio que además de ser vinculante, establezca criterios claros sobre posible la instalación de otras termoeléctricas en Chile. Cabe recordar que uno de los actores claves de esta mesa es la empresa Engie, la que mientras establecía compromisos para descarbonizar la matriz y anunciaba el cierre de dos termoeléctricas, avanzaba en la construcción de una nueva denominada “Infraestructura Energética Mejillones”.
Así también se incurre en faltas que no permiten avanzar en una perspectiva de desarrollo sostenible cuando se otorgan concesiones a empresas salmoneras en áreas de conservación, como lo que ocurre en la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos o la Reserva Nacional Kawésqar; o cuando el Gobierno se niega a modificar la perpetuidad de la propiedad de las aguas en el país, aportando a solucionar de una vez la realidad de las comunidades rurales que se enfrentan a profundas sequías.
Con todo ello y sumando el informe del IPCC del 2018 que nos alertó sobre la necesidad de reducir las emisiones al 2030 para conservar las condiciones en las que el planeta se encuentra hoy en día, desde la sociedad civil nos mantenemos en una postura crítica y como el resto del país vemos en la COP25 una oportunidad para avanzar en un desarrollo que considere elemental la perspectiva de justicia ambiental y derechos humanos. Alzar la voz más que nunca ante este magno evento no es un oportunismo para manchar la imagen país, sino que es el momento preciso para continuar exigiendo justicia. Si no, ¿de qué forma encontraremos solución a las demandas ambientales históricas y a la crisis global que vivimos?