Guillermo Donoso: “El país tiene que migrar a la gestión colectiva del agua”

El director de la junta ejecutiva de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos e integrante del Centro de Cambio Climático de la Universidad Católica, enfatiza que la gestión integrada es la forma de hacer un uso y distribución equitativo y eficiente, especialmente en momentos de escasez. Fuente: El Mercurio-Revista del Campo, 17 de junio de 2019.

A pesar de las lluvias de la última semana, la sequía sigue presente en buena parte del país y no solo porque el agua caída no es suficiente. El tema de fondo es que la escasez hídrica ya es un problema estructural: el país no volverá a contar con la misma disponibilidad de agua de antes de que el cambio climático modificara la pluviometría en cantidad y épocas en que se presenta. Y ello golpea directamente al agro y a las personas: sin agua, no hay alimentos.

Por ello, urge tomar medidas para hacer el mejor uso posible de lo que hay y de esa forma seguir disponiendo del recurso, recalca Guillermo Donoso, académico integrante del Centro de Cambio Climático de la Universidad Católica y director de la junta ejecutiva de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos (IWRA en inglés). La forma de hacerlo, agrega el experto en agua, es la gestión colectiva; es decir, la que se debe hacer en las comunidades o en las juntas de vigilancia, en las cuales participen representantes de todos los usuarios.

La realidad es que a la aguda escasez hídrica que afecta al país —que tiene acuíferos en sus límites mínimos— se suma la estacionalidad de la disponibilidad, lo que implica que el agro ya no cuenta con agua cuando la necesita, pues al no haber nieve suficiente, los caudales de primavera y verano no están disponibles. Y al haber menos agua superficial, aumenta el uso de las subterráneas, lo que lleva a que pozos de los que antes se sacaba agua a 10 metros, hoy lo hagan a más de 100. ‘Con esto, hay zonas donde la baja ha sido crítica. Por ejemplo, Copiapó, donde el acuífero está dividido en seis sectores, el cuarto está casi seco; muchos de los que tenían pozos tocaron roca y ya no son capaces de sacar agua. Petorca y La Ligua son los acuíferos más emblemáticos’, dice.

—Si el agua es escasa, pero la necesidad aumenta ¿qué se hace?

—Gestión colectiva. A través de ella tenemos la capacidad de planificar y decidir cómo distribuimos las aguas que hay. Es decir, a través de organizaciones de usuarios, pues se vuelven críticas para evitar más conflictos, es donde nos ponemos de acuerdo en cómo hacemos la mejor gestión del recurso que tenemos. En aguas superficiales diría que hay una relativamente buena capacidad de gestión. Donde hay un problema grave es en las subterráneas, donde no existe el número de agrupaciones que se requiere.

—Es decir, sin una comunidad no se logra administrar el recurso.

—Con el agua se da la tragedia de los comunes, pues si no la extraigo yo, otro lo hará, por lo tanto, saco aunque haya poca. En agua subterráneas, cuando el acuífero ha bajado y no logro bombear lo que necesito, sin una comunidad de agua, se vuelve la ley de la selva. Por ello es clave conformar estas comunidades, donde estén representados todos los usuarios. Ello permitirá administrar el recurso, no sobreexplotarlo e incluso puede ayudar a que se vuelva a llenar el acuífero, pero también a hacer una mejor distribución.

—¿Pero cómo se reparte mejor un recurso que es escaso o que no está?

—Hasta la reforma de inicios de 2018, la DGA solo podía establecer un prorrateo a los usuarios si alguno se lo pedía. Hasta hoy no hay ningún usuario que lo haya hecho. Entonces, eso lleva a una reflexión de que la situación es complicada, pero este escenario, en el cual no hay gestión, beneficia a varios.

Con la reforma de 2018, la DGA puede declarar un prorrateo por oficio, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

—¿Si lo puede hacer la DGA, que no tiene intereses, por qué es preferible que lo hagan las comunidades?

—En las aguas subterráneas el prorrateo más fácil es el porcentual: si tengo 10% de derechos, saco 10% del agua disponible. En el trabajo que hicimos con la Comunidad de Aguas Subterráneas (CASUB) de Copiapó vimos que eso tiene inequidades y los más golpeados tienden a ser los pequeños agricultores. En un año de trabajo llegamos a un consenso de la necesidad de aplicar el prorrateo, pero para ello diseñamos un sistema para minimizar las inequidades y que fuera equitativo para todos. Falta que lo apruebe la asamblea. La gestión de los usuarios debe definir, antes de llegar a eso, cómo prorrateo, cuál es el modelo, y aplicarlo para que sea lo más beneficioso, entendiendo que de todas formas va a tener costos. —Lo importante es que si la comunidad no hace nada, entonces, cuando la situación lo amerite, la DGA aplicará ese prorrateo.

—A mayor escasez, mayor necesidad de fiscalización, ¿Por qué las aguas subterráneas no la realizan?

—En aguas superficiales, aunque hay excepciones, en general hay fiscalización que funciona, porque los celadores supervisan el uso en los canales. En aguas subterráneas, el pozo está en la propiedad, entonces, si no hay sistemas como telemetría o el equivalente a un celador, no se puede controlar.

Por ello es clave que exista una comunidad constituida, que se ponga de acuerdo y establezca en su reglamento los mecanismos con que fiscalizará y sancionará.

—¿Cuántas debieran ser las comunidades de agua en el país?

—La legislación establece que en los acuíferos con decreto de restricción o prohibición, por el peligro de agotamiento, se debe constituir una comunidad de aguas subterráneas. Hay aproximadamente 160 acuíferos o sectores de ellos con estos decretos y solo tenemos cerca de 20 comunidades. Es una necesidad que las autoridades fiscalicen e impongan el cumplimiento. Entonces, la unidad de las organizaciones de la DGA puede llegar y constituirlas judicialmente, lo que hasta ahora no se ha hecho.

Lo importante es que el país tiene que migrar a la gestión colectiva del agua. Hay que considerar que las aguas superficiales y las subterráneas están relacionadas, porque lo que hago con unas, afecta a las otras. Y eso en la reforma del 2005 del Código se reconoce, y establece que las Juntas de Vigilancia deben estar también integradas por las aguas subterráneas. La idea es que vaya el representante de la comunidad, pero si no hay, no tienen representante. Entonces, cualquier decisión que se tome en la Junta, que afecte las recargas de los acuíferos, no podrá ser objetada por nadie, porque no hay una comunidad ni alguien sentado en esa Junta.

—¿Qué tan importantes son la tecnología y la información?

—Claves. La Casub tiene aproximadamente el 70% de sus pozos con caudalímetro y telemetría y son capaces de medir en tiempo real cuánto se está sacando y los niveles de agua real. Apuntan a tener una base de información, porque sirve para fiscalizar, dar transparencia y genera confianza entre los usuarios al dar información global de qué está pasando con el acuífero. Sin una información detallada de lo que realmente ocurre no se puede hacer una buena gestión y tomar decisiones consensuadas. Esto es lo que permitirá hacer una distribución equitativa, especialmente en tiempos de escasez.

Si no tengo un modelo que me justifique esa menor distribución o propuestas de prorrateo en aguas subterráneas, no se va a poder lograr. Y el riesgo es que se siga sobreexplotando lo poco que hay.