Reservas del Gobierno con Escazú: ¿falta de voluntad o de conocimiento?

Editorial de Fundación Terram respecto a la posición del Gobierno ante la firma del Acuerdo de Escazú.

Este lunes, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en Nueva York, el Presidente Sebastián Piñera señaló a la prensa nacional que el Gobierno está interesado en firmar el Acuerdo de Escazú, pero considerando “algunas observaciones y reservas” que puedan ser más convenientes para Chile. Inmediatamente esta postura llama la atención, considerando que, de forma clara, el propio acuerdo en su Artículo 23 señala: “no se podrán formular reservas al presente acuerdo”.

Por desconocimiento o no, el argumento del Gobierno sostiene que deben realizarse observaciones, por ejemplo, a las disposiciones del Artículo 11.2 del documento, las que  podrían tener consecuencias para la soberanía nacional, ya que este menciona que los países firmantes establecerán una relación de cooperación con los países sin litoral; sin embargo, una disposición similar contiene el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el cual fue firmado en 1992 y que desde entonces no ha conllevado ningún tipo de consecuencias políticas y soberanas para alguna de las partes firmantes.

Además, esta cooperación no es un deber si no que se traduce en la realización de actividades y mecanismos que se ejemplifican en el Acuerdo como instancias de diálogo, asistencia, educación, intercambios de experiencia, entre otros, especificados en el Artículo 11.3.

Asimismo, el Gobierno posee sus aprensiones respecto a la posibilidad que se fija en el Artículo 19 del Acuerdo, en el que se señala que si surge un conflicto entre las Partes, estas podrán recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, Escazú propone la opción –no la obligación-, de recurrir a la mencionada corte, lo cual quiere decir que sería una decisión voluntaria de cada Parte firmante solucionar conflictos en esa instancia.

El Acuerdo de Escazú es un mecanismo que busca establecer los estándares mínimos para la participación ciudadana en asuntos ambientales, favoreciendo la transparencia, el acceso a la información y participación ambiental de todos quienes quieran involucrarse en las decisiones ambientales que ante el escenario climático actual; además de establecer un piso mínimo para que las Partes o Estados posean mecanismos de protección a los defensores de asuntos ambientales que en Chile, debido a la cantidad de conflictos socioambientales que priman a lo largo de nuestro territorio, no son pocos.

El Gobierno sostiene que la legislación nacional vigente posee estos estándares, pero en ningún párrafo de nuestra institución ambiental se vela por el bienestar de líderes y lideresas ambientales. Asimismo, ¿qué pasa con la asistencia técnica-jurídica gratuita a las comunidades vulnerables?, ¿existe un real conocimiento de parte de la población sobre los contaminantes que están afectando a las Zonas de Sacrificio?, ¿qué pasa con la participación ciudadana en proyectos que no sean sometidos a evaluación ambiental?

Todos los aspectos sobre los que planteamos preguntas es porque no están normados en la legislación ambiental, contenida principalmente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) nacional. Además, el Gobierno ha señalado que hará las revisiones necesarias, pero si no se manifiesta este jueves 26 de septiembre en Nueva York ¿cuándo lo hará? No existen nuevos chances y Chile debería estar liderando la implementación del Acuerdo al ser uno de los países que lo impulsaron.

En conclusión, no existen a ojos de Fundación Terram argumentos de peso que respalden la decisión del Gobierno; mas, pareciera que con ella el Gobierno evidencia su falta de conocimiento sobre el propio acuerdo que discute, lo que al mismo tiempo significa dar la espalda a la ciudadanía al descartar un  asunto que, a esta altura, se ha convertido en una reivindicación ciudadana.