Para ello, la Corporación contará con el informe de la Comisión de Recursos Hídricos. Dicho texto lo entregará el diputado Diego Ibáñez (CS), presidente de la instancia.
La iniciativa, con 10 años en tramitación, establece el agua como bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes.
Su objetivo es generar mayor seguridad y equidad en su acceso y establecer la prioridad de uso para consumo humano, saneamiento, seguridad alimentaria y desarrollo productivo local.
Derechos de agua
La norma señala que los derechos de agua (DDA) se constituirán en función del interés público y que se otorgarán temporalmente (30 años).
Junto a eso, se elimina la especulación por medio de un incremento en la patente por no uso y la extinción de los DDA sin uso.
Además, se establece el reconocimiento del acceso al agua de los bienes y servicios, la obligación de informar los cambios de usos productivos y el fortalecimiento de los caudales ecológicos.
También que el Estado vele por la integridad entre tierra y agua y proteja las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas.
Cambios en el Senado
Dentro de los cambios realizados en el Senado y analizados en la Comisión, la mayoría se centra en potenciar la prioridad del consumo humano.
La norma prioriza en remates la solicitud de un derecho con este fin, lo mismo en cuanto a la atribución del presidente de otorgar derechos.
En cuanto a las aguas subterráneas, se agrega el concepto de sector hidrológico de aprovechamiento común.
También se modificaron las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) para la vigilancia de las aguas subterránea junto a otras obligaciones y deberes de informar, entre otros puntos.
La Comisión analizó las modificaciones del Senado durante el último mes. En el debate, quedaron en evidencia varios desacuerdos con los cambios en el segundo trámite.
Quienes integran la instancia anunciaron que solicitarán votación separada de varios artículos para resolver las discrepancias en una comisión mixta.
