Presentan recurso contra Conaf por autorizar que Central Rucalhue intervenga especies protegidas
Organizaciones medioambientales y comunidades pewenche del Alto Bío Bío acusan que no se realizó una consulta indígena, por lo que ingresarán un recurso de protección en favor de machis y lawentuchefe, conocedores de hierbas medicinales. Poco antes, la empresa china CWE, responsable del proyecto, envió cartas a cuatro ministros exponiendo su molestia para la reactivación de las obras. Fuente: Interferencia, 14 de junio de 2024.
ste 14 de junio en la Corte de Apelaciones de Concepción, comunidades mapuche pewenche del Alto Bío Bío y organizaciones medioambientales presentarán un recurso de protección en contra de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por “autorizar la intervención de 651 individuos de especies en categoría de protección ‘vulnerable’, específicamente 144 naranjillos (Citronella mucronata) y 507 guindos santos (Eucryphia glutinosa)”.
El documento argumenta “la violación de los derechos de los pueblos indígenas”, y acusa que la autorización de Conaf fue otorgada sin un proceso de consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, apunta que el avance del proyecto ha sido controversial debido a los significativos impactos ambientales y sociales, incluyendo la tala de flora en categoría de conservación y la inundación de 198 hectáreas, de las cuales la mayor parte corresponde al cauce del río Biobío y el río Quilme.
El proyecto se presentó por primera vez en 2012. En aquel momento, la empresa brasileña Atiaia empezó a acercarse a comunidades en Santa Bárbara y Quilaco, en la Región del Bío Bío, logrando una calificación ambiental favorable desde 2016. Luego de una consulta indígena, se aprobó el proyecto que ofrecía “inyectar 90 MW al sistema, construir un muro horizontal de 21 metros sobre el río, una línea de transmisión de 1,5 kilómetros y una inversión de US$240 millones”.
Sin embargo, las personas que se han opuesto al proyecto mediante tomas y manifestaciones, cuestionan esa primera consulta: “La promocionan como una consulta perfecta, como que no hubo oposición, pero llegaron haciendo lobby. Pablo Vidal -el ex diputado- fue casa por casa diciendo falacias, que era un proyecto ecológico, verde y amigable. Manipularon, porque le decían a las personas que no estaban seguras o se querían oponer que no lograrían negociar nada y que el proyecto se haría igual”, esto algo ya retratado en el reportaje La defensa del río Bío Bío: Historias de memoria y resistencia de los Mapuche Pewenche.
Dos años después, la firma brasileña quebró y en mayo de 2018 entró la multinacional China International Water and Electric Corporation. De acuerdo a información el Diario Financiero, “no solo se trata de una de las primeras empresas chinas en construir una central hidro en Chile, sino además es una subsidiaria de una compañía de talla planetaria. La controladora final es Three Gorges Corporation, que controla la mayor represa del mundo y tiene operaciones en más de 30 países”.
La aprobación de CONAF y la presión internacional
Fue el 07 de mayo de 2024 que el Director Ejecutivo de Conaf, Christian Little Cárdenas, “firmó la resolución que le da el respaldo del organismo a la declaratoria de interés nacional que durante más de un año buscó la empresa Rucalhue Energía SpA sobre el proyecto hidroeléctrico que pretende instalar en el río Biobío”, tal como consignó el medio Resumen.
Justamente, antes que Conaf autorizara respaldar la declaratoria de interés nacional del proyecto Central Rucalhue, en enero y febrero de este año, La Tercera informó que el gerente general de CWE Agencia en Chile -subsidiaria de la transnacional China Three Gorges Corporation (CGT)-, Zhou Haibo, envió cuatro cartas a los ministros de Relaciones Exteriores, Albert Van Klaveren; Hacienda, Mario Marcel; Economía, Nicolás Grau y Energía, Diego Pardow.
En las misivas el ejecutivo chino, en representación de Rucalhue Energía SpA, titular del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue (CHR), informó “una serie de dificultades vinculadas con el retraso excesivo en la tramitación de un permiso sectorial de Conaf, el cual está afectando el reinicio de la construcción de la iniciativa que cuenta con permiso ambiental favorable desde 2016”. Lo anterior, a su parecer, ha provocado “impacto e incertidumbre respecto de la posibilidad de continuar no solo con este proyecto, sino que con otras futuras inversiones que la compañía tiene planificadas en Chile”.
Para Nohad Escares, directora de la ONG Defensa Ambiental, la autorización para que Central Rucalhue tale especies protegidas, requiere como respuesta realizar una acción judicial, la cual se interpone a favor de autoridades ancestrales pehuenche del territorio.
“Conaf, al dictar esta resolución, no consideró que existía la necesidad de realizar una Consulta Indígena, la que se debe aplicar al momento de tomar decisiones en asuntos ambientales, como lo es la intervención de una gran cantidad de especies en categoría de conservación vulnerable. Es por eso que esperamos que la Corte acoja la orden de no innovar, suspenda los efectos de la resolución y, finalmente, resuelva el recurso de protección requiriendo que se anule la resolución de CONAF y ordene que se desarrolle un procedimiento de consulta indígena”, añadió.
Por su parte, Dungün Leü de la Agrupación Malen Leubü, cuyas integrantes habitan en el territorio donde se pretende instalar el proyecto, enfatiza en los procesos que han vivido como comunidades.
Primero el embalse de la Central Hidroeléctrica Pangue en 1996, luego Ralco en 2004 y Angostura en 2014. Hoy es Rucalhue que mantiene principalmente a los jóvenes movilizándose para impedir su construcción.
“Llevamos casi 30 años viviendo con represas y siendo víctimas del extractivismo. Necesitamos que el mundo sepa que las represas no son energías limpias, no queremos que sigan represando el río, no queremos más inundaciones. Seguimos en lucha por una vida libre de intervenciones, donde podamos desarrollar nuestro mapuche mongen con dignidad y seguridad”, comenta la integrante de Agrupación Malen Leubü.
Mientras que Javier Arroyo, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), enfatiza que el proyecto Central Rucalhue ha sido ampliamente cuestionado “debido a una serie de vulneraciones que van desde la criminalización de jóvenes defensores”.
“Se ha desconocido el rol de las comunidades pewenche del territorio, invisibilizándolas e incluso implicando la vulneración del Acuerdo entre el Estado chileno y las comunidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2004 donde se comprometió a asegurar la no intervención de hidroeléctricas en territorio mapuche, concluye Arroyo.
