Data centers sin evaluación ambiental: Anuncian guía y acuerdo voluntario pero no se contempla obligarlos por ley
Vecinos de comunas donde se han instalado data centers piden que se establezca por ley la necesidad de evaluar el impacto de estas instalaciones por su uso de agua y energía. Desde el gobierno anunciaron una guía y mecanismos voluntarios pero no una reforma legal, mientras que un cambio en el reglamento del SEIA elimina la necesidad de evaluarlos por acopiar diésel. Fuente: El Desconcierto, 11 de julio de 2025.
Desde Google hasta Microsoft, gigantes de la industria de los data center han puesto sus ojos en Chile y se proyectan al menos 30 proyectos nuevos para el país de aquí a 2028, además de la veintena que ya opera en territorio nacional.
Este avance genera más inversión, pero también una presión creciente sobre el uso de agua y energía, ya que estas instalaciones necesitan mucha cantidad de ambos recursos para refrigerar sus procesadores, que se calientan constantemente. La instalación de centros de datos ya ha generado conflictos socioambientales con diversas comunidades de la periferia de Santiago, por ejemplo.
Una reciente investigación del medio labot.cl develó que una nueva modificación en los reglamentos de Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) dejará sin evaluar los impactos ambientales de la mayoría de los data centers, que hasta ahora ingresaban a evaluación no por su uso de agua o energía sino por la cantidad de diésel que acopian.
La modificación normativa permite almacenar 12 veces más diésel (hasta 1 millón de litros) sin necesidad de evaluar el impacto ambiental del proyecto que acopie esa cantidad de combustible. Según la investigación, de los 17 data centers que se han evaluado y aprobado en Chile, 15 habrían quedado sin evaluación.
Evaluación por ley
Desde el Ministerio de Medio Ambiente han declarado que es necesario agregar una tipología específica de ingreso para que estas instalaciones se evalúen, lo que requeriría de una modificación a la ley 19.300, que en su artículo 10 especifica los proyectos que deben someterse a evaluación.
También declararon que están dialogando con el Ministerio de Ciencia para agregar más disposiciones sobre esto en el Plan Nacional de Data Centers. Hasta ahora, desde la cartera de Ciencia no mencionan la posibilidad de un cambio a la ley 19.300. Sin embargo, buscan intencionar un Acuerdo de Producción Limpia con las empresas para que tomen medidas que reduzcan el impacto de la industria. Se trata de un instrumento voluntario.
Además, declararon que están trabajando con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en una guía técnica para la descripción y evaluación ambiental de los proyectos. “El instrumento caracterizará obras, acciones, insumos, uso de recursos naturales como agua y energía, emisiones, residuos y normativa aplicable. El objetivo es contar con criterios claros y observables que fortalezcan la evaluación ambiental de data centers en el SEIA”, explican. La guía se publicaría a fines de 2025.
Vecinos que han estado en conflicto ambiental contra grandes proyectos de data centers responden con desconfianza a esta propuesta de guía. “Lo que diga una guía técnica del SEA pesa muy poco porque no tiene rango legal y puede ser cambiado por cualquier administración. Si este gobierno hubiera querido velar por el medio ambiente y las poblaciones aledañas a centros de datos y toda la infraestructura que requieren, habría aumentado los estándares de evaluación ambiental vía ley”, comenta Ricardo Carter, integrante del medio de comunicación popular El Pincoyazo de Huechuraba, que ha visibilizado la lucha vecinal contra un data center de Amazon.
Ya hace un año, cuando se les invitó a participar en la elaboración del Plan de Datacenters, un grupo de organizaciones de vecinos y vecinas de lugares como Quiliciura, Colina y Huechuraba, publicaron un comunicado donde pedían establecer por ley que los data centers a instalarse en Chile deban evaluar su impacto ambiental.
Ahora, Rodrigo Vallejos de la organización Resistencia Socioambiental Quilicura ve con desencanto este pedido por el que incluso fue a disertar ante el Congreso durante la tramitación de reforma al SEIA. “La respuesta siempre fue que no era viable y que ya ingresaban por el acopio de combustible, lo que ahora se modificó. Pero con el escenario actual donde incluso desde el gobierno se ha impulsado una flexibilización ambiental con la permisología, no veo un escenario para ese cambio de ley. El paso que sigue es esperar que la modificación al reglamento se publique en el Diario Oficial, para impugnarla”, sostiene.