Movimiento ambiental de Viña del Mar pide a la Corte Suprema que revise fallos por omitir riesgo sanitario en terreno de Las Salinas
Según Un Parque para Las Salinas, esta omisión en los fallos no es un hecho aislado ni meramente doctrinario, sino que “configura un patrón institucional reiterado”. Fuente: Pura Noticia, 13 de enero de 2026.
El movimiento Un Parque para Las Salinas ingresó formalmente una carta dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acompañada de antecedentes científicos, técnicos y jurídicos, solicitando una revisión profunda de las decisiones judiciales adoptadas entre 2020 y 2025 en el conflicto socioambiental del paño Las Salinas, en Viña del Mar.
La presentación sostiene que, durante más de cinco años, distintos fallos omitieron sistemáticamente la evaluación del riesgo para la salud humana, pese a lo que consideran existencia de evidencia científica robusta sobre exposición crónica a contaminantes cancerígenos y neurotóxicos, derivados de más de 112 años de actividad petroquímica y agroquímica en el sector ubicado en pleno borde costero de la ciudad.
Según el movimiento, esta omisión no es un hecho aislado ni meramente doctrinario, sino que “configura un patrón institucional reiterado, documentado en una revisión sistematizada de procesos judiciales que habría operado mediante una doctrina restrictiva del control jurisdiccional del riesgo sanitario, inhibiendo en la práctica el principio precautorio y la tutela efectiva del derecho a la vida y a la salud”.
La carta incorpora, además, antecedentes que describen una red de influencia externa vinculada al denominado «Caso Hermosilla», cuyas “coincidencias temporales, personales y decisionales –según los documentos adjuntos en la misiva– afectan la apariencia de imparcialidad objetiva en resoluciones clave del caso Las Salinas”. Estos elementos –advierten– adquieren especial gravedad en un conflicto donde se encuentran comprometidos derechos fundamentales de una población expuesta.
El movimiento subraya que esta estructura decisional “amenaza directamente la acción colectiva por daño ambiental actualmente en tramitación, pudiendo consolidar un precedente histórico de impunidad, en el cual ni siquiera un nivel excepcional de evidencia científica sería suficiente para activar la protección constitucional”.