Relocalizar salmoneras
Uno de estos aspectos es la posibilidad de relocalizar concesiones salmoneras a una distancia de hasta 350 metros de la faena original, sin necesidad de someterse a evaluación de impacto ambiental.
Según el portal especializado en salmonicultura, mundo acuícola, esto permitiría destrabar cerca de 100 solicitudes de relocalización que están solicitadas y pendientes dentro del umbral establecido. Desde la industria declaran que estas relocalizaciones podrían hacerse a aguas con más corriente reduciendo la acumulación de restos orgánicos y el daño al fondo marino.
Sin embargo, desde el ambientalismo critican que esto permite ampliar el área expuesta a los impactos de la salmonicultura, cuyos daños ambientales han sido ampliamente estudiados por la ciencia, y puede poner en riesgo biodiversidad o ecosistemas específicos que no estaban en la ubicación original, sin medir el impacto ni proponer medidas de mitigación.
El proyecto de ley también propone permitir las relocalizaciones desde Parques Nacionales hacia Reservas Nacionales que tienen un grado menor de protección. Esto también ha sido criticado debido al amplio historial de incumplimientos ambientales de esta industria dentro de mares que están protegidos por ley. Según informes de la SMA 30% de las sanciones a salmoneras han sido por infracciones cometidas dentro de áreas protegidas.
Modificar proyectos
Otra propuesta que se está debatiendo en la megarreforma es la posibilidad de modificar proyectos de inversión que ya están aprobados, sin volver a evaluar el impacto de la nueva intervención a menos que sea muy significativa.
Según la ex superintendenta Plummer, la norma tal y como quedó redactada abre al puerta a que las empresas eludan la evaluación ambiental de sus proyectos a través de micro transformaciones y otros mecanismos que dejarían riesgos sin monitorear ni compensar.
Ambientalistas, abogados y senadores de oposición han denunciado que se están generando cambios sustantivos a la normativa ambiental sin espacio para un debate técnico y democrático al respecto.
Tras su paso por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, el proyecto será votado por el Senado este 15 de julio. Desde la oposición recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto.
