La iniciativa busca aplicar una sanción privativa de libertad de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) además de una multa que oscila entre 20 a 40 UTM a quienes incurran en estas prácticas. En la misma línea, inhabilita perpetuamente a los condenados de la tenencia animal.

Además, sanciona a quienes promuevan, faciliten o difundan las carreras de perros con una multa de entre 5 a 20 UTM.

Desde la otra cara de la moneda, existe proyecto de ley (boletín 12786-12) presentado por el exdiputado Pablo Prieto (UDI) en 2019 que busca regular las carreras de perros apelando a la tradición. Para eso, la iniciativa estable una serie de requisitos como: asegurar la integridad del animal; prohibir entrenamientos tortuosos; desarrollarse en ambientes seguros; y no fomentar las apuestas ilegales.

El proyecto también establece sanciones, pero de carácter económico: una multa que va desde 10 a 50 UTM para quienes no cumplan con los requisitos establecidos. En caso de reincidencia, la multa podría ascender al doble.

En relación a los aspectos técnicos, la iniciativa exige el uso de pistas rectas de 200 m + 100 m de frenado, ancho de 1,5 m entre animales, cierre perimetral, suelo blando y recepción municipal de obras o patente comercial.

Con miras a reforzar la seguridad, la iniciativa establece que cada competencia deberá contar con la presencia de un profesional veterinario, quien tendrá la obligación de monitorear y denunciar maltrato.

Maltrato animal o tradición: el dilema entre galgueros y animalistas

El proyecto que prohibe las carreras de perros se sustenta en la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia (2012), que establece que los animales no humanos poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar estados conscientes.

En cuanto a aspectos jurídicos, sus defensores sostienen que las carreras no constituyen actividad deportiva según la Ley N°19.712 del Deporte, ni están reconocidas en el Listado Oficial del Ministerio del Deporte. Además de que la Corte Suprema ha calificado las ha calificado como juegos de azar, que ni siquiera están autorizados para apuestas.

En la misma línea, el documento apunta a un aumento de esta práctica en Chile, con cerca de 300 canódromos informales asociados a apuestas ilegales, venta ilegal de alcohol y riñas.

Por otro lado, la iniciativa que busca regular las carreras de perros se sustenta en la tradición y la cultural, al ser todavía una práctica que se realiza en varias regiones de Chile y el mundo como Irlanda, Inglaterra o Australia —países que cumplirían con altos estándares según se menciona en el mismo proyecto—.

Asimismo, buscan seguir el ejemplo de la hípica o el rodeo, actividades asociadas al riesgo animal, pero que al ser reconocidas y reglamentadas necesitan cumplir con un estándar de protección.