Conflictos energéticos: la fallida mirada de la Concertación
Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora Programa Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en La Nación, el 16 de enero 2009.
Una vez más los gobiernos de la Concertación se equivocan en las políticas para abordar los crecientes conflictos socioambientales en torno a la ubicación de los proyectos de generación eléctrica. Inauguradas en la era de Frei con su famosa frase "el desarrollo del país no se detendrá por consideraciones ambientales", a propósito de las centrales hidroeléctricas Pangue y Ralco, en la Región del Biobío, continuadas durante el mandato de Lagos por el ex ministro de Economía Rodríguez Grossi, con su máxima célebre "eliminaremos los lomos de toro" en la evaluación ambiental de los proyectos para facilitar la inversión, a propósito de la central Ralco, tales políticas se han profundizado en el actual gobierno de Bachelet.
Primero con la creación de la figura de fast track para agilizar la evaluación ambiental de los proyectos energéticos hecha por la ex ministra de Energía Poniachik, luego por el actual ministro Tokman y los anuncios realizados directamente por la Presidenta en el marco de la Cena Anual de Energía 2009, con vistas a "encontrar mecanismos que permitan reducir la oposición local a los proyectos energéticos, internalizando en las comunas parte de los beneficios nacionales que generan los proyectos".
Las políticas para abordar los conflictos socioambientales en materia energética evidencian la falta de una visión estratégica de país en términos energéticos, tanto de la Concertación como del actual gobierno, incapaces de ver más allá de la coyuntura y de enfrentar el problema de fondo en torno a los conflictos, lo que guarda relación con la ausencia de una política energética de largo plazo y la inexistencia de una política de planificación y ordenamiento territorial.
Si bien parece adecuado que las comunidades afectadas por las externalidades negativas que generan los proyectos de inversión que se ubican en sus territorios reciban algún tipo de compensaciones, no parece adecuado que ésta sea una compensación directa, menos que esta medida se implemente para un sólo sector de la economía. Recordemos que en el pasado los conflictos socioambientales han estado centrados en otros sectores económicos, como por ejemplo la ubicación de rellenos sanitarios, plantas de aguas servidas, celulosas, entre otros.
Los anuncios realizados por la Presidenta de la República no abordan la creciente conflictividad en torno a la ubicación de nuevos proyectos de generación eléctrica, menos aun consideran la protección del medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades afectadas, más bien inhiben/cooptan la participación de las comunidades y los gobiernos locales en la evaluación ambiental de los proyectos, debido a la entrega de compensaciones directas a los municipios, disminuyendo aun más su capacidad para defenderse frente a los grandes proyectos energéticos. Con esta iniciativa, lo único que logrará la Presidenta Bachelet es multiplicar el "caso Mehuín" a lo largo del territorio nacional.