Crisis de la salmonicultura: acento en lo social
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en diario El Llanquihue el 29 de marzo de 2009.
La salmonicultura es una industria que, con apoyo del estado, creció y se expandió aceleradamente durante 20 años. Pero esto cambió drásticamente a partir de mediados de 2007, cuando se reportaron los primeros brotes de virus ISA. El año pasado se desató una grave crisis sanitaria en decenas de centros de cultivo, en los que fue imposible detener la epidemia debido a las malas condiciones de cultivo: alta concentración de peces por jaula, excesivo número de balsas jaulas por centro de cultivo y cercanía entre centros. La epidemia tuvo rápidos efectos: bajaron los niveles de cosecha -pues la presencia de ISA obliga a una cosecha más temprana- y, por lo tanto, disminuyó el volumen de producción.
La crisis trajo consigo el cierre de centros y el despido de trabajadores y más tarde, en un efecto dominó, el cierre de plantas de proceso a raíz de la disminución de la producción. Esto ha llevado a que hoy la Región de Los Lagos y, en menor medida Aysén, estén viviendo una crisis laboral y social originada exclusivamente en las malas prácticas sanitarias y ambientales de la industria salmonera que, es necesario señalar, operó bajo la indulgente mirada del gobierno, incapaz de regular a este “floreciente” sector productivo.
Se deben distinguir, entonces, estas deficiencias del sector de la crisis financiera mundial que surge recién en septiembre de 2008, y que sólo empeoró el escenario. Tanto el gobierno como los empresarios del sector han buscado enmascarar la crisis salmonera dentro de la debacle financiera, invizibilizando los problemas sanitarios y laborales. Pero es necesario separar ambas cosas: esta crisis comenzó antes y puede durar mucho más que la crisis financiera. La confusión entre ambos fenómenos sólo beneficia a quienes no quieren asumir responsabilidades e implementar acciones para paliar sus efectos en el ámbito social y laboral. Ya han pasado 14 meses desde que se produjeran los primeros despidos, y aun el gobierno no tiene propuestas concretas para ir en ayuda de este drama social, pese al conocimiento y sensibilidad manifestada por la Presidenta frente al tema en su visita a Puerto Montt esta semana.
Quienes se han visto más afectados son los trabajadores de los centros de cultivo y plantas de proceso, que primero vieron disminuir sus salarios, debido a que al disminuir la producción de salmones, les disminuye el sueldo (que contempla bonos de producción) y luego enfrentaron masivos despidos. De acuerdo a la Dirección del Trabajo entre junio de 2007 y noviembre 2008 en Los Lagos se perdieron alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos, aunque estimaciones de los trabajadores señalan que la cifra bordea los 17.000 puestos de trabajo, comprendiendo todas las regiones donde ha habido despidos.
En todo caso, resulta difícil establecer una cifra exacta, pues este aspecto ha sido descuidado por las autoridades, que no han realizado un seguimiento al problema y hasta ahora han centrado toda su atención en apoyar a las empresas a mejorar sus procesos. En este contexto se inscribe el anuncio de otorgamiento de garantías para créditos bancarios, así como las modificaciones a la normativa actualmente en discusión, que apuntan a establecer barrios de centros de cultivo para optimizar la gestión de las aguas, sin analizar cómo estas nuevas condiciones influirán en el empleo.
La situación es cada vez más grave, especialmente en Chiloé, donde los trabajadores se encuentran en la más completa indefensión. No por nada los isleños aseguran que la comunicación y la posibilidad de ayuda o política fiscal “se corta en el Chacao”. Sobre todo porque allí la crisis de la salmonicultura se suma a los problemas de la mitilicultura y de la pesca artesanal, todo lo cual amenaza con generar una situación dramática, y que requiere una urgente intervención de la autoridad.
Para ser un gobierno de todos los chilenos, la autoridad debe refocalizar su atención y, junto con corregir las deficitarias condiciones de la acuicultura, preocuparse por los miles de trabajadores que dependen de esta actividad.