Acuerdos políticos: ¿Y la ciudadanía?

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en el blog de La Tercera el 01 de diciembre de 2009.

Para conseguir la aprobación de la Ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental, el Ejecutivo llegó a un acuerdo político que permitió pasar raudamente por diversas instancias parlamentarias y aprobarla sin discutir temas de fondo y sin dejar espacio para la reflexión, el análisis o la enmienda de aspectos cruciales. La ministra de Medio Ambiente y el ministro de Hacienda firmaron un “protocolo de acuerdo” con senadores de la UDI y RN, respaldados por senadores socialistas y de la DC, que garantizó una tramitación express y estableció todo los temas sobre los cuales no se abriría la discusión, además de algunas condiciones reclamadas por la Alianza.

Con el acuerdo firmado, ya no importó la opinión de la ciudadanía. En la Comisión de Medio Ambiente del Senado –donde la Alianza tiene mayoría-, tras una “discusión” parlamentaria que duró menos de 48 horas (incluyendo una maratónica sesión de toda una noche), se dio luz verde a las tres nuevas instituciones públicas. Esta instancia resultó clave para acelerar el trámite del proyecto, que luego fue aprobado sucesivamente por la Comisión de Hacienda del Senado, la Sala de la misma Cámara y finalmente la Sala de la Cámara de Diputados, todo en menos de tres semanas.

Así, en un tiempo record, el Parlamento despachó una reforma de alta complejidad, destinada a marcar el rumbo del país en materia ambiental y de inversiones económicas para los próximos años, y que implica la creación de un nuevo Ministerio, además de otras dos instancias cruciales. Además, se comprometió a aprobar una ley separada a ser despachada antes de marzo, para crear un Tribunal Ambiental, exigencia puesta en primera instancia por la derecha y hoy apoyada también por otros sectores.

Tras esta tramitación, ciertas voces hablaron de un proceso traumático; lo que en realidad deben asumir los políticos que respaldaron el acuerdo es que fue profundamente antidemocrática. Más allá del contenido y los impactos positivos o negativos de esta reforma, lo que queda es lo inapropiado del procedimiento. Tramitar en una comisión técnica especializada la creación de tres servicios públicos durante una noche en base a un acuerdo político que resta de la discusión los temas históricos demandados por la ciudadanía, resulta altamente frustrante. Transcurrieron 14 años desde la promulgación de la Ley de Bases de Medio Ambiente –y varios desastres ambientales de amplias repercusiones- hasta que las fuerzas políticas del país aceptaron discutir una nueva reforma a las instituciones rectoras en materia ambiental. La discusión para la creación del Ministerio del sector era la oportunidad propicia para generar un debate a fondo, oportunidad que lamentablemente se perdió, víctima de acuerdos políticos alcanzados a espaldas de la ciudadanía.

Como consecuencia, cuando un candidato habla de acuerdos políticos, lo primero que surge es preguntarse cómo vamos a perder una vez más los ciudadanos; en este país de acuerdos y consensos, son las cúpulas y dirigentes los que negocian en una supuesta representación de la ciudadanía, aunque en el fondo lo hacen para defender sus propios intereses.