Institucionalidad Ambiental: incertidumbres en su implementación
Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora del Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, pubicada en diario Uno el 11 de julio de 2010.;;
Después de varios ingresos y retiros, finalmente, el pasado 2 de julio la Contraloría tomó razón del DFL 4/2010 de la Secretaría General de la Presidencia, que fija la planta de personal del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental. Ahora, sólo queda su publicación en el Diario Oficial para que se inicie el proceso de implementación de estas dos nuevas instituciones, que tienen un plazo máximo de 60 días para su puesta en marcha.
Es cierto que la reforma ambiental no incluyó las principales demandas ciudadanas que buscaban corregir, modificar y llenar los vacíos legales e institucionales que dejó la Ley Ambiental de 1994 y, que durante más de 15 años se reflejaron en conflictos emblemáticos tales como: la Farfana, Pascua Lama, Celco-Valdivia, entre otros. No obstante, la nueva institucionalidad permite a nuestro país dar un paso importante en materia ambiental al separar la dictación de las políticas y regulaciones ambientales, que estarán a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, que pasará a manos del Servició de Evaluación Ambiental.
En el proceso de implementación de la nueva institucionalidad ambiental (Ley 20.417), sin embrago, todavía queda pendiente el DFL que permite la instalación de la Superintendencia del Medio Ambiente y la aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley que crea los Tribunales Ambientales, así como su puesta en marcha, sin lo cual todo lo que respecta a la Superintendencia, es decir, la fiscalización ambiental, es letra muerta en la Ley 20.417, debido al acuerdo político firmado por el gobierno de la expresidenta Bachelet y los senadores de la Alianza, el PS y la DC. ¿Quién fiscalizará en el intertanto?
Pero el paso de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la creación de la Superintendencia, no sólo involucra una nueva estructura y organigrama institucional –que todos deberemos conocer- sino también nuevas funciones y procedimientos, la entrada en vigencia de nuevos instrumentos de gestión ambiental, la dictación de nuevos reglamentos, entre otros. Esto ha despertado una gran incertidumbre, no sólo en los funcionarios de CONAMA, sino también en los servicios públicos con competencia ambiental, en el sector privado, pero por sobre todo en los ciudadanos, quiénes somos los que tenemos menos herramientas para informarnos y asesorarnos sobre la estructura y funcionamiento que tendrá de la nueva institucionalidad.
Por ello, el proceso de instalación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia debe venir acompañado de un programa de educación y capacitación, dirigido especialmente a los ciudadanos y a las organizaciones dedicadas a proteger el medioambiente y nuestro patrimonio ambiental que permita tener una ciudadanía informada y partícipe del quehacer ambiental del país.