Protección de la biodiversidad en Chile, la búsqueda de la fórmula ideal
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en blogs de diario La Tercera el 09 de agosto de 2010. Vea blog AQUI.
Es una verdad incuestionable que Chile cuenta con un valioso patrimonio natural; tan incuestionable como el hecho de que el país no cuenta con una institucionalidad, con políticas públicas y mecanismos de gestión adecuados para la protección y conservación de este valioso patrimonio. Prueba de ello son las recomendaciones efectuadas por la OCDE en 2005 al Estado de Chile en su evaluación de desempeño ambiental.
Sin duda , en los últimos años se ha fortalecido la concepción respecto de la necesidad e importancia que tiene para el país el cuidado del patrimonio natural y la urgencia de avanzar en este tema, tanto en la protección en forma general de la naturaleza como en conservación de la biodiversidad expresada a nivel de especies y/o ecosistemas, sean o no parte de áreas silvestres protegidas. Además, se han establecido los fundamentos en la opinión pública sobre la urgencia de incrementar la protección de algunos ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, incluidos los humedales, así como sobre la necesidad de establecer políticas, regulaciones y perfeccionar los mecanismos para proteger nuestro patrimonio natural en el más amplio sentido.
Esto implica, en primer término, contar con instituciones y regulaciones que permitan avanzar en la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales, a través de la elaboración e implementación de políticas públicas adecuadas y coordinadas entre todos los ministerios con injerencia en estos temas. En este marco, es indispensable garantizar la protección de los recursos naturales del país, tanto renovables como no renovables, terrestres y acuáticos, públicos y privados, incluida la protección de los paisajes, cuestión que no se circunscribe únicamente a la belleza escénica.
Para avanzar en este camino, es necesario fortalecer dos aspectos fundamentales, claramente diferenciados pero que a menudo aparecen confusos a los ojos de la opinión pública.
Por una parte, es indispensable crear un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, tanto terrestres como acuáticas, que incorpore a las áreas bajo tutela privada y a aquellas públicas. Este sistema debe ser capaz de gestionar las áreas públicas bajo protección y coordinar los esfuerzos del fisco con las iniciativas privadas, que han ido cobrando cada vez más importancia en las tareas de conservación, tanto en Chile como a nivel mundial. En este ámbito, es necesario incorporar e integrar todas las categorías de protección y conservación de áreas silvestres existentes en un sistema de gestión integrado y coordinado, de manera de establecer un sistema que cuente con marco legal y reglamentario que permita ordenar la variedad de formas de gestionar las áreas silvestres y también perfeccionar lo existente. Ello, con la finalidad de mejorar la dispersión existente en la actualidad, que contabiliza al menos 21 categorías de áreas de protección y/o conservación, establecidas en distintas regulaciones y dependientes de distintos organismos del Estado, sin una coordinación entre ellos, cuestión que atenta, precisamente, con el que debiera ser su primer objetivo: la óptima protección de las áreas silvestres.
Paralelamente, es necesario crear un Servicio público para la protección de la biodiversidad y las áreas silvestres, que claramente no es lo mismo que un sistema. Un servicio es una institución específica dentro del aparato estatal, una repartición que debe estar encabezada por un funcionario o funcionaria elegido por el Sistema de Alta Dirección Pública, y su finalidad principal debe ser, en términos amplios, garantizar la protección del patrimonio natural de la nación, con especial énfasis en la biodiversidad . Entre sus funciones específicas se debe incluir la ejecución de las políticas públicas en materia de conservación; mantener un registro actualizado de información relevante, incluyendo inventarios de especies y su estado de conservación; definir estudios; generar planes de manejo para la recuperación de especies y ecosistemas; proponer la creación de nuevas áreas protegidas y actualizar en forma permanente la lista de sitios prioritarios para la conservación; dar pautas y certificar la conservación privada; establecer e implementar acciones para controlar especies invasoras que afectan a los ecosistemas nativos , dar directrices para la adecuada gestión y fiscalización y, eventualmente, acoger y administrar el Sistema de Áreas Protegidas. Este Servicio debe contar con personal y presupuesto adecuados para ejercer sus funciones.
Sin embargo, en la actualidad existe una gran confusión en la discusión pública entre lo que debe ser un servicio público de protección de la biodiversidad y áreas silvestre protegidas, y un sistema que garantice la adecuada gestión de las áreas silvestres. Un Servicio como el que se ha discutido debe, indudablemente, estar al alero del Ministerio del Medio Ambiente; sin embargo, no queda igualmente claro que el sistema de áreas silvestres necesariamente deba ser parte de este Servicio, más aún si se plantea como único propósito del Servicio la administración del sistema.
En todo caso, con independencia del contexto institucional en que se inserte el sistema de áreas silvestres protegidas públicas y privadas, terrestres y acuáticas –ya sea como parte del Ministerio de Medio Ambiente, de Bienes Nacionales o de la Presidencia de la República, por mencionar algunas de las propuestas que han surgido en los últimos meses-, lo más relevante es que cuente con los suficientes recursos y peso político para cumplir de manera eficiente su labor.
Es de sobra conocido el hecho de que en los últimos años se ha incrementado la presión sobre una serie de áreas protegidas, con el objetivo de implementar en ellas faenas extractivas o productivas, principalmente del rubro minero y energético, y contraviniendo tanto leyes nacionales como tratados internacionales.
El servicios debiodiversidad y áreas silvestres protegidas debe ser la entidad pública capaz de plantear y defender con fuerza la necesidad no sólo de mantener sino también de incrementar los niveles de protección de la biodiversidad natural dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas, así como de ecosistemas críticos; su misión y rol esencial es la protección del patrimonio natural dentro y fuera del sistema de áreas silvestres de manera de contrarrestar y enfrentar adecuadamente este tipo de presiones, aunque ello implique contradecir la gestión de los ministerios de marcado énfasis productivo –Agricultura, Economía o Minería, principalmente.
La discusión respecto a este tema se arrastra desde hace años y siempre ha sido confusa. Sin duda los próximos meses serán claves para definir en términos concretos la manera en que el país establecerá sus estructuras con el propósito de mejorar la protección de su biodiversidad y su patrimonio natural en general.
Es de esperar que, antes que se concrete cualquier iniciativa, hayamos zanjado la discusión entre lo que es un servicio público y los que es un sistema y que independiente de las formas concretas que se adopten, el nuevo marco incorpore los requisitos mínimos necesarios para alcanzar el objetivo, esto es, garantizar la protección de nuestros ecosistemas naturales para las generaciones presentes y futuras.