Termoeléctrica Barrancones: ¿las incógnitas tras la intervención presidencial?
Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en blog de La Tercera el 03 de septiembre de 2010. Vea blog AQUÍ. ;
Inédita ha sido la intervención del presidente Sebastián Piñera en el caso de la central termoeléctrica Barrancones. Inédita, no porque la discrecionalidad y la intervención de La Moneda no fuesen el eje central de los más de 15 años de historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), todo lo contrario, sino porque por primera vez esa discrecionalidad se hace explícita en la voz del propio presidente de la República y, lo más importante, es que por primera vez la discrecionalidad es en favor de las comunidades afectadas y de la ciudadanía que se oponía firmemente a este proyecto.
Sin lugar a dudas, es un gran éxito que la central Barrancones no se instale en las cercanías Punta de Choros, sobre todo para las comunidades de La Higuera. Sin embargo, la actuación presidencial puso una lápida final a la institucionalidad ambiental aún vigente, que por lo demás seguirá operando para los proyectos actualmente en evaluación y, dejó más incógnitas que respuestas para la institucionalidad ambiental naciente. Recordemos que las principales falencias y mecanismos del sistema de evaluación ambiental de proyectos, que allanaron el camino para la aprobación, por 15 votos a favor y 4 en contra, por parte de la Corema de Coquimbo de una central de las características de Barrancones, aún se mantienen vigentes, por lo que los conflictos ambientales están lejos de resolverse con la entrada en vigencia del nuevo Servicio de Evaluación Ambiental.
Entre las principales falencias no resueltas por la nueva Ley Ambiental y que en su momento fueron señaladas por un conjunto de organizaciones ciudadanas entre ellas Fundación Terram, cabe destacar la falta de mecanismos de participación ciudadana efectivos, la no entrega de asistencia técnica a las comunidades para su participación en la evaluación de los proyectos, la falta de mecanismos de resolución de conflictos, la falta de una ley marco de ordenamiento territorial, la falta de regulación tanto del sector termoeléctrico -emisiones locales y globales, combustibles, internalización de costos- como de otros sectores, entre otros. La intervención presidencial no es una situación que afecte sólo al sector empresarial del país, sino que también tiene repercusiones para la ciudadanía en general, pues siembra dudas sobre cuáles serán los criterios y mecanismos que operarán en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, sobre todo en momentos que se estaba poniendo énfasis en la instalación de la nueva institucionalidad.
Es cierto que el Gobierno y el propio presidente se han esmerado en señalar que lo ocurrido con Barrancones representa un caso excepcional, sin embargo, no hay nada que nos haga pensar que en el futuro no habrá una intervención presidencial a favor o en contra de un proyecto. Qué pasará, por ejemplo, con la central Térmica Cruz Grande, actualmente en proceso de evaluación y que se ubica sólo a escasos 5 Km de la central Barrancones en las cercanías de Punta de Choros. La lógica de los hechos indica que este proyecto no debiera aprobarse, pues la intervención del presidente se justificó en la necesidad de preservar este ecosistema tan valioso. O con la Central Castilla y la central Punta Alcalde que están en las proximidades del Parque Nacional Llanos de Challes, o con los Robles próxima a la Reserva Nacional Federico Albert. Desde nuestra perspectiva todas ellas ameritan una intervención presidencial, la nueva forma de gobernar.