Tsunami y borde costero, los olvidados efectos ambientales
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Fundación Terram, publicada en Boletín Capital Social Nº 6, octubre 2010.
El terremoto del 27 de febrero de 2010, generó destrucción, en mayor o menor medida, en toda la zona centro-sur de Chile, mientras que el efecto del tsunami se centró en la zona costera, especialmente de las regiones del Maule y Bío-Bío. Allí, el borde costero fue dramáticamente modificado por efecto de las olas, hasta el punto que se perdieron caletas pesqueras y se destruyeron de manera parcial o total decenas de pequeños poblados costeros; en amplias zonas, el ingreso del agua de mar modificó la geografía y vegetación de manera permanente, alterando los ciclos naturales y productivos, con un efecto que se dejará sentir probablemente por varios años.
Desde el gobierno central, el esfuerzo post-terremoto se centró, en una primera instancia, en restituir los servicios básicos y luego en la instalación de viviendas de emergencia para los miles de damnificados, pero existió un escaso o nulo esfuerzo por indagar sobre eventuales problemas ambientales o sanitarios originados por el terremoto y tsunami. Pese a que ha transcurrido más de medio año, y que la mayoría de las empresas han reanudado sus faenas, aún no se conoce la situación de las fuentes contaminantes a lo largo de la costa, particularmente de los emisarios de residuos industriales líquidos y los de aguas servidas.
Lo que es más grave aún, el gobierno parece haber dejado completamente de lado este aspecto del proceso de reconstrucción, olvidando la necesaria fiscalización ambiental y delegando estas tareas en el sector privado. De hecho, los primeros informes presentados por las autoridades sectoriales después de tres meses del terremoto -de carácter muy generales y amplios-, respecto a la situación de emisarios submarinos y ductos de desechos domiciliarios e industriales, se elaboraron básicamente con datos suministrados por las mismas empresas afectadas, evidenciando la nula voluntad política y capacidad de la autoridad por contrastar o completar esta información.
De hecho, las empresas reiniciaron sus laborares sin que la autoridad ambiental exigiera y por tanto existiera una evaluación ambiental y sanitaria previa de las condiciones en que lo hicieron; tampoco se sabe si su puesta en marcha se hizo de acuerdo a las resoluciones de calificación ambiental, a la normativa vigente o si están generando mayor contaminación o provocando algún otro problema ambiental.
Con ello, queda claro que el gobierno central optó por priorizar el fomento productivo frente a la evaluación y protección del medio ambiente y la salud de las personas, potenciando la reanudación de actividades económicas por sobre cualquier tipo de fiscalización o control de los privados. Sólo así se explica la nula preocupación por enfrentar una tarea tan básica como la realización de un catastro exhaustivo de la situación ecológica, sanitaria y ambiental y de los alcances de las contaminaciones de diversa índole producidas tras el cataclismo natural. Como consecuencia, existe una completa desinformación al respecto; este no ha sido tema de la agenda pública, no ha habido parlamentarios preocupados por fiscalizar, ni las autoridades han cumplido con su deber de cautelar el bien común y garantizar la salud de las personas y de los ecosistemas.
Como consecuencia, hasta ahora la toma de decisiones en este ámbito ha recaído de manera casi exclusiva en manos privadas –las empresas-, sin prácticamente ninguna supervisión, fiscalización o seguimiento de parte de ninguna autoridad del Estado, con los evidentes riesgos que esto conlleva.