¿Beneficios Privados y Pasivos Ambientales Públicos?

Columna de opinión de Hernán Frigolett, miembro del directorio de Fundación Terram, publicada en Estrategia el 18 de noviembre 2010.

La semana pasada se publicó en los medios que recursos asignados a gobiernos regionales financiarían programas para hacerse cargo de antiguos relaves mineros abandonados, que amenazaban a la población. ¿Es acaso la antigüedad y el abandono una causal para que fondos generales de la nación se asignen para contrarrestar los daños causados por productores privados?

El tema de los relaves no es nuevo, y la explotación de los minerales en Chile se realiza a partir de una acción en la que el Estado es actor principal al otorgar privilegios de explotación. Sin embargo, el costo de estos privilegios no se condice con las ganancias que se generan, y tampoco toma en cuenta los pasivos ambientales que se generan al momento del cierre.

La legislación está en un período de revisión, que se ha prolongado en demasía, y que debiera introducir cambios coherentes con los conceptos de responsabilidad social empresarial y, por ende, con asumir los costos económicos vinculados a impactos durante la producción y al pasivo ambiental.

Asignar fondos públicos para asumir pasivos del pasado, es aplicar la política del avestruz y generar un precedente nefasto. ¿No sería más justo que los nuevos proyectos tengan que pagar un peaje de entrada que coincida con los pasivos generados por esta misma industria en el pasado? Se requiere una consistencia temporal, de modo que hoy ya se conocen con mayor certeza científica todos los impactos vinculados al pasivo ambiental. Así también los costos de mitigación se han transparentado de manera globalizada, por tanto, es posible establecer un sistema más equitativo y que sea la industria en este momento de ganancias extraordinarias quien se haga responsable con el medio ambiente.

Los relaves ya no sólo han generado pasivos ambientales, sino que han generado muertes de ciudadanos y, por ende, el tema debiera contar con mayor preponderancia en las iniciativas del Ejecutivo y en las discusiones legislativas, y otorgar a los ciudadanos las garantías que se les otorga en la Carta Magna.