Intoxicación en La Greda: ¿Qué más tiene que pasar?
Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en blog de La Tercera el 25 de marzo de 2011. Vea blog AQUÍ
No bastó con que hace algunas semanas se hayan conocido los resultados preliminares de un estudio realizado por el Gobierno, que no hizo más que corroborar lo que durante años han venido señalando los habitantes de las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón: “los excesivos niveles de contaminación a los que está expuesta la población que vive en el sector”. Esta semana, un nuevo hecho ha generado alarma en la zona: 30 alumnos y 7 adultos de la escuela La Greda localizada en el sector, sufrieron una intoxicación que los llevó a ser atendidos de emergencia, producto de una nube tóxica que emanó de la fundición Ventanas de Codelco, tras ser puesta en marcha una vez finalizada su mantención anual.
Ante este hecho, la pregunta que cabe hacerse ahora es ¿qué más tiene que pasar? No es hora ya de que las autoridades de gobierno y empresas ubicadas en el sector enfrenten con seriedad y de cara a la ciudadanía la situación que presentan estas comunas. Falta de conocimiento o de información no puede ser la excusa. La situación ambiental o más bien, el deterioro ambiental de la Bahía de Quintero y comunas aledañas y sus impactos en la salud, en los ecosistemas y en otras actividades productivas como la agricultura o la pesca artesanal, no es un hecho desconocido para nadie. Esporádicamente autoridades, académicos y empresarios han realizado estudios que evidencian esta situación. Cabe recordar, además, que desde 1993 la zona ha sido declarada como zona saturada para algunos contaminantes, y que esta vigente un Plan de Descontaminación desde 1996 que no ha tenido los resultados esperados.
Sin embargo, siguen insistiendo en poner una y otra y otra fuente de contaminación más en la zona, señalando que cada una de ellas cumple con la normativa ambiental, por tanto, no habría herramienta legal para impedir su localización. A esto se suma la decisión tomada por el Estado de desarrollar en la zona un polo industrial y energético para el país. Decisión tomada a espaldas de la ciudadanía y sin resguardar el mandato constitucional de proteger la vida humana, su salud y el medioambiente, condenando a toda la población de la zona.
Llama profundamente la atención que por un lado el Estado tiene la capacidad para tomar una decisión unilateralmente, definiendo el destino de todo un territorio sin consulta a sus habitantes y sin medir sus consecuencias futuras, y a sabiendas del daño en la salud de la población y del impacto en los ecosistemas y en la economía local. Por el otro, su incapacidad de actuar y tomar medidas determinantes que posibiliten un cambio de la realidad ambiental que viven las comunidades afectadas por la contaminación industrial de manera de proteger uno de los bienes más preciados que tienen las personas: su salud. ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno y las empresas empiecen a actuar?