¿Regular o liberalizar los transgénicos?

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en revista del Campo el 11 de abril de 2011. Vea revista AQUÍ.;

Cada día nos sorprendemos con la capacidad del ser humano de manipular su entorno y realizar transformaciones en la búsqueda de algún beneficio en particular, los que muchas veces se traducen en beneficios económicos. Sin embargo, la manipulación de los ecosistemas naturales, las especies y el entorno en general tiene sus riesgos y no siempre consigue lo que pretende; en ocasiones, generan efectos no deseados ni previstos. Es precisamente el caso de la biotecnología "moderna", la ingeniería genética, los organismos genéticamente modificados y los transgénicos. Han transcurrido cerca de 30 años desde que los científicos lograron aislar un gen que definía una característica en una especie e insertarlo en otra completamente diferente, logrando con ello literalmente "crear " un nuevo tipo de organismo, llamado transgénico.

Con mucha polémica y mayores o menores regulaciones, los organismos transgénicos se han ido instalando en el mundo; sin ir más lejos, desde los años 90 en Chile se autorizan año a año nuevos cultivos de semillas transgénicas para la exportación, totalizando ya más de 25.000 hectáreas, según se deduce de la información emanada desde el SAG, organismo encargado de autorizar este tipo de cultivos.

El paulatino aumento de la superficie destinada al cultivo de semillas transgénicas causa preocupación en algunos sectores agrícolas convencionales y orgánicos, así como en pequeños propietarios y en la ciudadanía.Más allá de si estas tecnologías son buenas o malas, genera preocupación y desconfianza el hecho de que se desarrolle en un marco de secretismo y que tanto el SAG como las empresas productoras de semillas transgénicas se hayan negado sistemáticamente a entregar información acerca del tipo y ubicación de sus cultivos en el país, y hayan rehuido un debate abierto e informado, optando por el acercamiento o lobby directo con algunos parlamentarios y altos funcionarios de Gobierno.

En la última década en el Parlamento se han ingresado diversas mociones parlamentarias sobre este tema, de las cuales pocas se han discutido y ninguna se ha trasformado en ley. Estos proyectos han estado orientados a regular distintos aspectos, desde el cultivo hasta el etiquetado de organismos genéticamente modificados, entre otros. La iniciativa legal que más atención concitó fue la presentada el año 2006 por los entonces senadores Frei, Flores, Coloma, Espina y Allamand, cuyo objetivo era "permitir el cultivo de vegetales genéticamente modificados en Chile". Esta moción fue discutida en Comisiones Unidas de Agricultura, Salud y Medio Ambiente, tras lo cual pasó al olvido. Hasta ahora, que el gobierno de Piñera la ha validado enviando una indicación sustitutiva a esta moción parlamentaria. Así, el nuevo texto reemplaza completamente el proyecto original, reduciendo de 64 a 32 los artículos y simplificándolos de manera tal que no apunta a la discusión de fondo, pues propone entregar todas las potestades regulatorias al Ministerio de Agricultura.

La propuesta del Ejecutivo olvida que los ministerios y sus funcionarios son servidores públicos, que deben garantizar el bien común y el derecho de todas las personas a desarrollar libremente sus actividades económicas, siempre que sean lícitas. Esta indicación no contempla estas garantías y simplemente liberaliza el cultivo de vegetales genéticamente modificados, separando su uso entre regulados y liberados, pero dejando en ambos casos las condiciones y exigencias a determinar en un reglamento que debe ser dictado con posterioridad por el Ministerio de Agricultura. De esta manera, la ley que propone el Gobierno en la práctica carece de todo contenido y se convierte en un mero marco general, sin ningún peso propio, mientras que deja toda la facultad regulatoria a la discrecionalidad de los funcionarios del gobierno de turno.

Se ha acusado a los grupos anti-transgénicos de obstruir el "desarrollo" del país y de impedir el "progreso". Lo cierto es que no se trata de impedir el surgimiento de nuevas tecnologías, sino de que todos tengamos acceso a información, posibilidad de elección y derecho a desarrollar actividades económicas en un marco que garantice la igualdad ante la ley. El gobierno debe cautelar el bien común, proteger la salud de las personas y el medio ambiente, y permitir el desarrollo de diversos tipos de actividades económicas y no beneficiar a unas en desmedro de otras.

Los hechos han demostrado que los cultivos transgénicos representan una amenaza seria en los campos debido a la contaminación cruzada, con lo que pueden generar un daño severo y permanente en el agro nacional y en nuestros recursos filogenéticos, amenazando su comercialización en mercados altamente exigentes, en los cuales los transgénicos no son bien recibidos, como el europeo, amenazando seriamente el patrimonio genético del país.

Sin duda, el país requiere con urgencia abrir una discusión sobre este tema, pero debe ser una discusión amplia, en la que se transparenten los intereses de cada sector y se produzca un debate serio e informado con la participación de todos los actores involucrados e interesados, que permita una legislación que beneficie a todos los chilenos, y no sólo a un grupo reducido de agricultores a gran escala y empresas semilleras.

El país requiere con urgencia abrir una discusión amplia y seria en la que se transparenten los intereses de cada sector.