Día del medio ambiente y la necesidad de cambios
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en el blog de La Tercera, el 06 de junio de 2011, con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente.
La respuesta ciudadana de descontento tras la aprobación de HidroAysén irrumpió en la agenda pública sorprendiéndonos a todos, lo que permite aseverar que este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, como nunca antes el tema ambiental está presente en Chile. Este año no es necesario una declaración, un acto o la realización de actividades específicas que nos recuerden la importancia de este día; lo que necesitamos con urgencia es reformar la recientemente modificada institucionalidad ambiental chilena. Este es el fondo del asunto: la regulación vigente no es capaz de resguardar a los ciudadanos en materia ambiental y cada día son más personas las que están conscientes de esta grave carencia.
Desde la aprobación del emblemático proyecto que pretende construir cinco mega represas en la región de Aysén, la temática ambiental se ha hecho presente en la agenda pública develando el descontento e inconformidad de los ciudadanos respecto a la toma de decisiones en esta materia, poniendo en jaque la actual institucionalidad ambiental. El proceso de evaluación ambiental que culminó con la aprobación de HidroAysén es similar a los procesos de calificación por los que han pasado otros proyectos conflictivos, como las termoeléctricas Pacífico, Patache y Castilla, por nombrar sólo los aprobados en el último tiempo. Así, este rechazo no es sólo por HidroAysén; el descontento ante este proyecto actúa como catalizador del rechazo a muchos otros y expresa que los ciudadanos no están conformes con la forma y el fondo en que se aprobaron una serie de proyectos de inversión evaluados ambientalmente. La convocatoria que tiene la oposición a HidroAysén es el símbolo que expresa, por una parte, la solidaridad de los ciudadanos de diversos lugares de Chile con los habitantes de Aysén, y por otra, deja en claro que todo el país comprende perfectamente lo que pasó y está pasando y que se comparten sensibilidades pues existen problemas comunes. En definitiva, al ciudadano de Iquique no le cuesta solidarizar con el de Aysén, pues sabe que tras el reclamo que surge por un proyecto específico existen frustraciones similares a las suyas.
En concreto, más allá de las percepciones e interpretaciones que se puedan hacer, existe una serie de temas de los que el sistema regulatorio en materia ambiental vigente no es capaz de dar cuenta. Así, por ejemplo, cuando un proyecto ingresa al proceso de evaluación ambiental, los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer observaciones al estudio presentado, sin embargo, no cuentan con ningún tipo de apoyo técnico desde el Estado, lo que resta efectividad a esta facultad; esto porque se le pide a los ciudadanos de Cochrane que sean capaces de leer, entender y hacer observaciones a un estudio de impacto ambiental de 11.000 páginas en un plazo de 30 días sin ningún tipo de apoyo.
No obstante, y a pesar de lo complicado del desafío, la ciudadanía hace observaciones y pone sus esperanzas en que sus preguntas, consideraciones y solicitudes de aclaración de información sean respondidas, en definitiva, tiene la esperanza de ser tomada en cuenta. El problema es que la legalidad vigente no obliga a dar respuesta y menos a considerar estas observaciones, con lo cual se comienza a incubar la frustración. Otra fuente de indignación es que, mientras los ciudadanos tienen sólo 30 días hábiles para efectuar sus observaciones, la empresa puede tomarse varios meses para responder las preguntas que estos o los servicios públicos realicen. La frustración se acrecienta aún más cuando comprenden que, pese a todo el esfuerzo realizado, la definición respecto a si un proyecto se hace la toman autoridades políticas centrales que solo aparecen en la toma de decisión: funcionarios que son de confianza del Presidente de la República. En definitiva, todo el proceso previo puede ser obviado en la práctica, pues basta con que el proyecto sea negociado o acordado con el gobierno central para que logre la aprobación.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, las comunidades afectadas por proyectos de inversión tienen que soportar ser mudos testigos de la llegada, a sus localidades, de personeros de la empresa, los que muchas veces con el propósito de “ablandar” a la comunidad prometen empleos, ofrecen favores, entregan regalos o ayuda a las personas o al municipio. Todo esto genera tensión en la comunidad y muchas veces anula a que una parte de ella manifieste abiertamente su posición sobre los proyectos. Y si los proyectos se materializan, enfrentan la destrucción de actividades económicas locales o el deterioro de su calidad de vida. Por eso, cuando ya se ha vivido un proceso de esta naturaleza la gente está más reacia a confiar en el sistema y creer que éste será capaz de brindar soluciones o resguardar el medio ambiente.
Frente a estos y muchos otros temas, ni las autoridades actuales ni pasadas, responsables de definir el marco regulatorio vigente, han tenido la voluntad política de actuar. La reforma a la institucionalidad ambiental que fue aprobada a comienzos de 2010 eludió abordar los temas de fondo que se encuentran en el origen de los conflictos ambientales, y que hoy los siguen generando. Así, independiente de que nos digan que tenemos una nueva institucionalidad ambiental, es evidente que la reforma no cambió nada esencial, y que son los mismos problemas los que nuevamente ponen en jaque a la institucionalidad ambiental. Es evidente que estamos en una situación compleja que requiere ser abordada con suma urgencia. Mientras no exista una normativa ambiental que le permita a las personas estar en igualdad de condiciones para enfrentar a las empresas que irrumpen en su territorio, seguiremos viendo surgir conflictos ambientales cada vez más masivos y con mayor fuerza.