El litio fue declarado “recurso estratégico” en el Código Minero a fines de los 70, lo que implica que el Estado no puede entregar concesiones para su explotación a privados desde esa fecha, por lo que en teoría sólo podría ser explorado y explotado por empresas estatales. Sin embargo, la Constitución de la República en su artículo 19 N°4 señala que “la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por Decreto Supremo”. Es decir, el Presidente tiene la facultad de generar “Contratos Especiales de Operación” y determinar las condiciones de éstos, y esto es justamente lo que se ha anunciado. Lo mismo ocurrió con la explotación de hidrocarburos bajo el gobierno de Bachelet.

Así, si bien el marco regulatorio vigente permite al Presidente licitar este tipo de contratos, las interrogantes que se abren al respecto son múltiples. Tal vez la primera de ellas es por qué el gobierno toma esta decisión y la concreta antes de hacer un análisis integral de la situación, que considere la visión de diversos sectores que han manifestado interés en el tema y tienen opinión.

Sin ir más lejos, entre enero y marzo de 2012 la Comisión de Minería y Energía del Senado, presidida en ese momento por el senador Carlos Cantero, dedicó varias sesiones al tema del litio e invitó a expertos en la materia para que entregaran su opinión. De allí surgieron propuestas para la elaboración de una política de Estado en relación a este valioso mineral ¿Qué pasó con ellas? ¿Las conoce el Presidente? ¿Qué opina al respecto?

En la actualidad Chile genera el 41% de la producción de litio a nivel mundial, liderazgo que comparte con Australia. Además, se sabe que el país cuenta con enormes reservas de litio, que se encuentran en los salares andinos y pre andinos, y que hoy se extrae litio desde los salares de Atacama y Maricunga. Sin embargo, no se conocen estudios actualizados, que permitan tener una estimación y por tanto cuantificar el litio que existe en el país, tarea fundamental a la hora de expandir la explotación de un recurso. Si bien Cochilco tiene un estudio del año 2009, es importante contar con mayor información que la consignada en ese informe, dada la relevancia del recurso y sus potencialidades.

Es importante insistir en que este es un tema de Estado y de política pública. Aunque hoy estamos bien posicionados en el concierto mundial en cuanto a la producción de este recurso, algunos piensan que esto podría cambiar si no se hacen pronto nuevas inversiones. Al parecer, de allí la premura del gobierno por las licitaciones, pero la pregunta es otra: ¿estamos dispuestos los chilenos a que se explote un recurso natural no renovable y que nos pertenece a todos? ¿Bajo qué condiciones estaríamos dispuestos a esta explotación? ¿Queremos que la explotación se entregue a privados o que la haga el Estado? ¿Queremos seguir exportando materia prima o nos interesa que se genere desarrollo de investigación y tecnología asociado al litio dentro del país?

Preguntas hasta ahora sin respuesta. El gobierno ha anunciado que la extracción de litio estará asociada al pago de un royalty, es decir, a una renta por la extracción del recurso, pero ¿en base a que se fija este royalty? ¿Es adecuado el monto fijado para este royalty o existe otras formas de fijarlo? Claramente necesitamos más información al respecto.

Otro aspecto relevante y que no ha sido abordado es el relativo a los impactos ambientales de la extracción de litio, pues hasta ahora toda la discusión se ha dado en el plano económico e institucional, pero nada se dice sobre el impacto en los ecosistemas, particularmente en el ciclo hidrológico, y en cómo esto afectará a las personas. También en este plano vale la pena preguntarse qué pasará cuando una empresa tenga un “Contrato de Operación Especial” otorgado por el Presidente para explorar y explotar litio, y deba someter su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sabiendo cómo funciona hoy el sistema ¿existirá algún funcionario público o Seremi que cuestione un proyecto de esta naturaleza? Como antecedente podemos señalar que, hace algunos años, cuando se evaluó ambientalmente la ampliación de la extracción de un proyecto de SQM en el Salar de Atacama, todos los cuestionamientos fueron desechados por la autoridad de turno.

En un tema crítico para el país como el litio, es importante no perder el foco. Estamos hablando de un mineral que es parte del patrimonio natural de Chile, es un recurso que nos pertenece a todos y en ese sentido tenemos que asumir el desafío de dar una discusión mayor que sólo la licitación de contratos. La autoridad, y en este caso el Presidente Sebastián Piñera, tiene la responsabilidad de liderar un proceso amplio de debate para generar una política pública consensuada en esta materia.