Con notas bajo 4,0 fueron calificados el Ministerio del Medio Ambiente (3,9), las municipalidades (3,7) y la Superintendencia del Medio Ambiente (3,4) en el desempeño de sus funciones relacionadas con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, conocida como REP, que este 2026 cumple 10 años desde su promulgación. La evaluación fue realizada por un Panel de Expertos en el marco del estudio “Pulso Circular REP 10 años”, ejecutado por Ambidextro en colaboración con País Circular.

Los expertos no solo reprobaron el ejercicio de las entidades que representan al Estado, sino también a la ciudadanía, a la que calificaron con un 3,2.

La mejor nota la obtuvieron los recicladores de base, con un 5, seguidos por los gestores y las empresas reguladas, con 4,7 y 4,4, respectivamente. En el límite, aprobando con lo mínimo, quedaron el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), con un 4,1, y los Sistemas de Gestión, con un 4.

Estos resultados fueron presentados ayer por el director ejecutivo de Ambidextro, Andreé Henríquez, y luego fueron analizados en un panel integrado por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo; la académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC, Claudia Pabón, y el consultor internacional en REP, Guillermo González, con la moderación del exministro Pablo Badenier. La actividad fue realizada en el auditorio del Centro de Centro de Estudios Avanzados de la PUCV, en Santiago, y en ella participaron más de cien personas.

Al finalizar el evento, la ministra Francisca Toledo comentó a País Circular que el estudio mostró “señales desafiantes. De hecho, el Ministerio del Medio Ambiente es uno de los actores que se muestra que tiene un desafío importante, que no está muy bien evaluado, pero recogemos el guante respecto de lo que se tiene que hacer”.

“Me quedo con la última lámina que se presentó: que un 80% de las personas que participaron en este panel creen que esta es una política que se ha ido consolidando y se va a ir fortaleciéndose a medida que pasen los años. Creo que esa cifra es un tremendo refuerzo de que el trabajo que se inició hace 10 años está bien encaminado. La amplia convocatoria que tuvo esta actividad también refuerza que hay mucho interés por la consolidación y el buen funcionamiento de esta política pública”, añadió la autoridad.

Consultada por el inicio oficial de la revisión de los decretos de metas de los dos productos prioritarios que están en implementación desde 2023, neumáticos y envases y embalajes, la ministra dijo que “no hay claridad en este momento de cuándo se va a iniciar formalmente, pero sí al menos transmitimos que vamos a abrir ese proceso y tratar de tenerlo lo más avanzado posible este año”.

“Vamos a esperar que la CORFO termine la Mesa Ejecutiva para la Productividad (MEP) de neumáticos [ya finalizó la MEP de envases y embalajes]; ese va a ser un insumo, y también este año vamos a comenzar estudios para tener datos de la industria que nos permitan fundamentar los eventuales ajustes que haya que hacer”, concluyó Francisca Toledo.

Resultados

Al iniciar la presentación del estudio Pulso Circular REP 10 años, Andreé Henríquez explicó que el objetivo fue evaluar el avance, efectividad, brechas y desafíos del sistema de Responsabilidad Extendida del Productor desde la percepción experta y multisectorial de los actores vinculados a la Ley REP en Chile. En ese sentido, agregó que el trabajo con el Panel de Expertos y Expertas permite capturar conocimiento técnico y aplicado, entrega una mirada multisectorial del funcionamiento real del sistema, ayuda a anticipar riesgos y barreras, y genera insumos estratégicos para la toma de decisiones.

El Panel estuvo integrado por 69 personas, entre ellas representantes de las empresas productoras reguladas, los gestores, los sistemas de gestión, el sector público, academia, gremios, consultores y ONGs.

Asimismo, el director ejecutivo de Ambidextro detalló que la encuesta, aplicada en marzo pasado, se organizó en seis dimensiones de análisis: diseño regulatorio, metas y coherencia normativa; mercado, competencia, contratos e inversión; gobernanza pública, fiscalización y permisos; trazabilidad, reportabilidad e interoperabilidad de datos; territorio, municipios, ciudadanía y recicladores; evaluación global y proyección futura.

En la primera dimensión, Henríquez destacó una “buena noticias”: el 69% de los consultados está de acuerdo con que el diseño regulatorio ha sido el adecuado para el funcionamiento eficiente del sistema de gestión de residuos en Chile. Sin embargo, hay menos consenso sobre la gradualidad de la ley, pues un 56% considera que permite una transición sostenible para las empresas reguladas, mientras que el 40% discrepa de esa opinión.

En cuanto al diseño de los decretos, la gran mayoría (78%) cree que no contemplan los mecanismos de ajuste suficientemente ágiles ante cambios en el mercado o fallas en los supuestos iniciales.

En la dimensión relacionada a mercados, “pudimos consultar sobre los procesos de licitación de los Sistemas de Gestión, si promueven o no una competencia abierta, transparente y sin barreras de entrada que sean injustificadas”, explicó Andreé Henríquez. El 50% discrepa que sea así, pero se puede observar que “en desacuerdo” sube sobre 29%, y “relativamente de acuerdo” alcanza un 21%. “Es una mirada balanceada en general, pero que nos debe preocupar porque estamos hablando de materias de transparencia y, por lo tanto, ese 50% que puede ser una buena noticia es también un téngase presente”, comentó el ejecutivo de Ambidextro.

Sobre la dimensión gobernanza pública, los resultados “son un poco más críticos”, señaló Henríquez. El 68% cree que los plazos de respuesta del Ministerio del Medio Ambiente para la aprobación y modificación de Planes de Gestión no son compatibles con el ritmo del mercado.

Respecto a la afirmación “El Estado actúa de manera coordinada (Salud, Vivienda, Medio Ambiente) para agilizar los permisos de nuevas infraestructuras y equipamiento para la gestión de residuos”, el 80% no estuvo de acuerdo. “Esta pregunta tiene un aspecto relevante que no se nota a primera vista: de todas las preguntas en la única que tiene un ‘totalmente en desacuerdo’ que sube hasta 37,5%. Es indudable que hay una percepción negativa, que no hay coordinación”, dijo el director de Ambidextro.

En cuanto al área de análisis sobre trazabilidad, uno de los resultados interesantes es que 74% cree que es “la existencia de una plataforma centralizada (como la propuesta administrada por el Ministerio del Medio Ambiente) es fundamental para reducir las asimetrías de información y visibilizar de forma equitativa las oportunidades de contratación en el mercado”.

En el ámbito ciudadano y territorial, el 61% percibe que la relación entre los municipios y los Sistemas de Gestión no ha sido fluida. Mientras 60% cree que los ciudadanos no han respondido positivamente a la separación en origen, y 63% considera que la información entregada no facilita adecuadamente segregación correcta.

En la evaluación global, 63% está de acuerdo en que “en términos generales, la ley REP ha cumplido los objetivos para los cuales se diseñó”, y 80% cree “que el sistema REP se desarrollará y fortalecerá en los próximos 10 años”.

Panel

Estos y otros datos evidenciados en es estudio Pulso Circular REP 10 años fueron comentados en el panel de conversación integrado por Francisca Toledo, Claudia Pabón y Guillermo González. El moderador, Pablo Badenier, antes de comenzar con las preguntas reflexionó que esas últimas cifras de la encuesta deja ver que “pese a los problemas de implementación que algunos actores observan, hay una perspectiva muy positiva de poder mejorar la regulación y valorar su importancia para el país”.

En esa misma línea, la ministra del Medio Ambiente destacó la alta convocatoria del evento, lo que consideró “es un reflejo del último dato que nos dejó Andreé: que hay un compromiso de que este cambio de paradigma se instale bien y funcione”.

Por otra parte, Francisca Toledo subrayó especialmente la necesidad de integrar a la ciudadanía como eslabón fundamental para que la REP funcione: “Me voy con el desafío de ver cómo, desde el Ministerio, podemos llegar a las personas para que esto les haga sentido. De todos los temas de gestión de residuos que me ha tocado ver en estas pocas semanas, el problema mayor está siendo cómo llegamos a las personas, a las casas, cómo se incorpora dentro de la rutina cotidiana. Si no, esto no va a funcionar. Vamos a necesitar el apoyo de los gobiernos regionales, de los municipios, y de la dinámica que las mismas empresas van construyendo con la comunidad a medida que van llegando a las casas”.

Asimismo, mencionó las aprensiones sobre los decretos de metas, un tema particularmente sensible para los regulados, y consideró que “el Estado no puede ser la piedra de tope para que esto funcione (…) Si queremos que esto se instale bien tenemos que darle agilidad, y estamos tomando esa posta, a partir del trabajo de CORFO con las mesas MEP, y vamos a hacer estudios este año porque tenemos la intención de hacer modificaciones a los decretos para darle agilidad. Esta política es un cambio muy importante y no queremos que el diseño regulatorio sea finalmente la que esté entrampando, que el decreto sea muy complejo de implementar, que la aprobación de los planes de gestión sea un problema, un ir y venir sin fin entre el ministerio y las empresas”.

En ese sentido, dijo que, aunque los plazos para actualizar los decretos de neumáticos y envases y embalajes es el 2028, “lo vamos a empezar ahora”.

Al intervenir, la profesora Claudia Pabón planteó la importancia de detenerse en el objetivo de la ley en cuanto a prevenir la generación de los residuos y proyectar a partir de ahí los próximos años de la Ley REP. “Tenemos una gran responsabilidad que va más allá de cuántas toneladas estamos recuperando, dónde van a ir, cuáles son las que realmente merece la pena recuperar y cuáles son las que merece la pena ecomodelar para ayudar a los negocios a que cambien estos materiales, a que migren a mejores materiales que a largo plazo no van a seguir generando más problemas”.

En ese sentido, la académica de la UC agregó que sería bueno establecer un Acuerdo de Producción Limpia (APL) de modelos de negocios circulares, “donde las empresas y el gobierno, a través del Ministerio del Medio Ambiente, pudiéramos generar esos negocios que van a ser de largo plazo, que van a eliminar residuos, porque finalmente son costos, son ‘un cacho’ para la sociedad, para el Ministerio, para las mismas empresas. Si podemos generar modelos virtuosos de largo plazo, pues ya no vamos a tener miedo de que nos suban las metas del decreto, que nos van a cambiar la ley, porque finalmente generamos una propuesta integral para la sociedad”.

A su vez, Guillermo González, quien fue jefe de la Oficina de Economía Circular del MMA (2018-2022), comentó que le sorprendió positivamente ver que 7 de cada 10 integrantes del panel de expertos plantearan que el diseño regulatorio ha sido el adecuado. “Ahora, la contracara es que 6 de cada 10 personas entrevistadas o encuestada considera que las metas no están alineadas con la capacidad técnica y operativa del país. Básicamente nos dice que fuimos demasiado ambiciosos cuando pusimos las metas (…) Viendo cómo ha sido la implementación en estos primeros tres años de la REP -porque llevamos 10 años de Ley, pero tres años de calle- no tengo inconveniente en reconocer que fuimos muy ambiciosos”.

“Coincido con lo que dijo Gisela Escobar [gerenta general del Sistema de Gestión ReSimple] en una entrevista con País Circular la semana pasada, que si las metas aumentan al ritmo que están aumentando, el sistema mejora año a año, pero siempre estamos quedando al debe, y creo que eso no es bueno para una política pública. Incluso creo que es un riesgo para la política pública proyectar la impresión de que no funciona, cuando en verdad lo que estamos haciendo es generar enormes cambios positivos en el país”, reflexionó el consultor internacional en REP.

“Ante un diseño regulatorio adecuado, pero con metas muy elevadas, lo que toca es básicamente quitar el pie del acelerador, darle más tiempo al sistema para que madure, se consolide, y luego pasar de cambio y volver a acelerar. (…) Cuando participé una de las reuniones de la mesa MEP me preguntaron si me parecía viable alargar los tiempos para las metas, y cómo se concilia esto con el principio de no regresión, que significa que no se pueden rebajar las exigencias ambientales que ya existen. Ahí planteé que existe otro principio clave, que es el principio de realidad; es decir, si el sistema en su conjunto viene haciendo un esfuerzo enorme de pliegue territorial y, aun así, no logra alcanzar las metas entonces tenemos que revisarlas”, concluyó Guillermo González.