Agua que has de vender déjala correr
Piden reforma legal para que Estado recupere dominio del agua. La ley actual permite que un privado pueda lucrar con aguas de “uso público”, aun recibiendo gratis sus derechos de propiedad. La bancada verde pide regular un mercado que hoy en día tiene el 83% del recurso en manos extranjeras y repatriar un elemento que es de todos los chilenos. La Nación, 08 de octubre de 2008.
Fue en plena dictadura, específicamente en 1981, cuando Chile abrió las puertas a vender su agua. La creación del Código de Aguas declaró el elemento vital como un bien nacional de uso público, pero también como un bien económico, lo que dio pie constitucional para la privatización del agua y que hoy tiene concentrada en una transnacional más del 80% de las aguas de nuestro territorio.
Por eso un puñado de parlamentarios quiere modificar el sistema que actualmente deja existir un mercado que compra y vende derechos de propiedad, deja a las comunidades rurales indefensas frente al poder del dinero, destruye el medio ambiente y lucra con un recurso de todos los chilenos.
"Es muy difícil que podamos, por lo menos en este gobierno, hacer alguna modificación importante. Pero sí es muy importante, y por eso abogamos, que se abra un debate revisionista respecto de la normativa actual y que se pueda definir bien este recurso como un uso de todos los chilenos", dijo el diputado Marco Enríquez-Ominami, quien en la mañana de ayer entregó una carta firmada por 21 diputados y cuatro senadores pidiendo a la Presidenta que inicie una discusión sobre este mismo tema.
Además, parte de estos mismos legisladores formaron la semana pasada el Frente Amplio para la Nacionalización del Agua, junto a organizaciones medioambientales y diferentes actores públicos motivados por la carta pastoral que hace un mes hizo pública el obispo de Aysén, monseñor Luis Infanti: "El agua nuestra de cada día" (ver recuadro).
Las dos iniciativas tienen el mismo horizonte: generar una discusión a partir de la renacionalización del agua y reformar la constitución para recuperar el bien como patrimonio nacional.
El recién organizado Frente Amplio tiene un proyecto de ley para ser ingresado al Senado que, de ser aprobado, devolvería el recurso a manos del Estado.
La iniciativa pretende una reforma constitucional al inciso 11º del numeral 24 el artículo 19 de la Constitución Política, que es la que define la dualidad en los derechos de agua, por una modificación donde el Estado pasaría a tener "el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales de la nación sin perjuicio de poder, mediante los títulos que franquea la ley, reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares".
Según los parlamentarios y autoridades ambientales que participaron en el lanzamiento del Frente, nuestro Código de Aguas es reconocido como uno de las más neoliberales del mundo".
"Hoy día los derechos de agua se entregan prácticamente gratis en algunas regiones y nosotros creemos que eso debe ser regulado de otra manera. Las aguas son un bien nacional de uso público, fundamentales para el desarrollo de la vida humana, de los ecosistemas. Particularmente no puede ser que Endesa España sea prácticamente la dueña de todos los ríos de Chile", dice Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram.
El texto además pretende que el Estado y los particulares a quienes ya se les ha otorgado títulos sobre las aguas velen por su protección y uso sustentable, además de establecer prioridades sobre sus usos y declarar de "utilidad pública", algo que en la actualidad no se cumple.
Si bien el director nacional de Aguas, Rodrigo Weisner, desestimó esta iniciativa el miércoles pasado en el foro Icare, en esta oportunidad la DGA no quiso referirse al tema.
Según una investigación del abogado medioambiental Manuel José Prieto, desde que existe este código las empresas se han visto beneficiadas por la regulación. Desde 1981 la Conama sólo ha rechazado dos de 32 proyectos presentados al Sistema de Estudio de Impacto Ambiental.
Bajo un panorama de supuesta crisis energética y el creciente consumo que el sector industrial y las empresas mineras necesitan para operar, cualquier privado con títulos de agua puede sacarle provecho a su cuenca. "Las hidroeléctricas obtienen derechos de aguas en los ríos de Chile de forma gratuita y ellos lucran con eso", dijo.
La batalla del agua
La Constitución chilena establece que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos”.
Es uno de los artículos heredados de la Carta Fundamental elaborada por la dictadura. Ayer, los diputados Marco Enríquez-Ominami y Ramón Farías entregaron en La Moneda una carta abierta a la Presidenta Bachelet pidiéndole que inicie una reforma constitucional tendiente a nacionalizar este recurso. No es la primera vez que se plantea.
Hace un mes, el obispo de Aysén, padre Luis Infanti, emitió la Carta Pastoral “Danos hoy el agua nuestra de cada día”, en la que se suma a la idea nacionalizadora. Poco antes se había conformado el Frente Amplio por la Nacionalización del Agua, que plantea volver a la figura jurídica vigente antes de 1980, que reconocía al Estado como propietario del agua.
Ayer también, el presidente de la Comisión de Minería del Senado, Ricardo Núñez (PS), presentó una moción de reforma constitucional y de modificación del Código de Aguas que propone que la exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamiento de este recurso sea establecida en conformidad a la diversidad geográfica y climática del país, y a la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos”. Núñez también se declara partidario de nacionalizar, pero sugiere empezar por algo.
Otro proyecto específico
En agosto del año pasado, el diputado radical Alberto Robles presentó un proyecto de ley para proteger las napas subterráneas de la Tercera Región, incluyéndola como una de las tres regiones con prohibición para explotar y explorar ciertos recursos acuíferos subterráneos.
Es que de acuerdo al Código de Aguas, las regiones de Antofagasta y Tarapacá tienen desde 1992 una protección especial dada la gran demanda que existe por los derechos de agua, principalmente por razones agrícolas y mineras.
El proyecto está en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, en primer trámite constitucional.
El precio del agua y los biocombustibles
El mundo enfrenta una crisis de agua y, en consecuencia, una crisis alimentaria que, en términos de su gravedad e impacto potencial, supera lejos a la actual crisis de los alimentos o al agotamiento de los combustibles fósiles.
Producir biocombustibles hará que disminuya todavía más la ya castigada disponibilidad mundial de agua. Setenta por ciento de toda la captación de agua se utiliza ya en la agricultura y cultivar suficiente soya o trigo para producir biocombustibles exige un uso de agua especialmente intensivo.
Si se cumplen todas las metas y los cronogramas para biocombutibles establecidos a través del mundo por los gobiernos, podemos esperar que los desvíos de agua desde la agricultura aumenten hasta en un tercio.
Simplemente no hay suficiente agua; sus índices caen en todo el mundo. Así como hay sustitutos para el petróleo, no existe ninguno para el agua.
El mundo enfrenta una crisis de agua y, en consecuencia, una crisis alimentaria que, en términos de su gravedad e impacto potencial, supera lejos a la actual crisis de los alimentos o al agotamiento de los combustibles fósiles.
Según un informe del Instituto Internacional de Gestión del Agua, hacia 2025 cerca de un tercio de la población mundial, quizás unas 3 mil millones de personas, enfrentarán escasez de agua.
Parte del problema es que en demasiadas comunidades se sigue tratando al agua como un recurso ilimitado, y una razón es que no tiene precio.
Los estados han subsidiado fuertemente el uso del agua, de manera que a veces es incluso gratis para agricultores y consumidores. Debido a que no tiene un valor asignado en el mercado, no hay incentivos para usarla eficientemente.
El problema del agua puede solucionarse. Requiere de una vigilancia mucho más cuidadosa de las disponibilidades de agua por parte de los gobiernos locales y nacionales.
Personalmente, creo también que políticas razonables de precios ayudarían, alentando el uso y el desarrollo de siembras eficientes en agua y sistemas inteligentes de irrigación.
Así como la comunidad internacional se aboca a cómo luchar contra el calentamiento global y construir un futuro sustentable, debe dejar de ignorar una prioridad que es aún más apremiante.
No abordar el problema del agua conducirá a la escasez de alimentos. La escasez de agua ya dejó de ser un tema medioambiental. Es un tema de seguridad nacional e internacional que no puede ser ignorado.