Aragón avanza el primer litigio contra los centros de datos en España
La demanda contra Amazon, auspiciada por diferentes colectivos de la sociedad civil, pretende sentar un precedente jurídico y visibilizar los impactos ecológicos, sociales y económicos de las grandes infraestructuras que sostienen la Inteligencia Artificial. Fuente: Climática, 11 de marzo de 2026.
Ecologistas en Acción Aragón ultima estos días el primer litigio contra un centro de datos en España. Se trata de una demanda contra «un modelo de expansión descontrolada», que está «secuestrando el agua, la energía y el futuro» y que tiene como epicentro a la comunidad autónoma. Apoyada por entidades como Tu Nube Seca Mi Río, No Es Sequía es Saqueo, Observatori DESCA y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible y otras agrupaciones territoriales, la iniciativa ha puesto su punto de mira en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) que autoriza la expansión de AWS (Amazon) en la región.
Enfrente están los planes de un gigante como Amazon por seguir avanzando en la región. El viernes 20 de marzo termina el plazo que ha marcado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para presentar los peritajes de un contencioso que pretende sentar un precedente jurídico que visibilice y frene los impactos de las grandes infraestructuras que sostienen la inteligencia artificial (IA). Representados por el despacho Fons de Defensa Ambiental y con el apoyo de personas académicas y comunidades locales, los colectivos ambientalistas analizan a contrarreloj más de 25 gigas de datos.
Solo en Aragón, Amazon cuenta actualmente con instalaciones ya operativas en los municipios de Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro –ya con proyecto de ampliación–. Además, prevé la construcción de otras dos plantas, en Zaragoza capital y en La Sotonera. En cuanto a superficie, el salto implicaría pasar de 42,8 hectáreas a casi 400. Y a estas proyecciones hay que sumar la presencia (todavía sin actividad real) de otras empresas como Azora, Microsoft, QTS y Box2Bit.
Tal es el escenario de una de las comunidades autónomas más extensas y también de las más despobladas de España, una región, la aragonesa, que va camino de convertirse en el gran polo digital del sur de Europa, en el destino predilecto para la instalación de centros de datos. Así al menos lo quieren las autoridades, que han extendido la alfombra roja para el desembarco tecnológico de las transnacionales. «Aragón va a ser la Virginia de España», «el futuro de Aragón será tecnológico o no será». El presidente en funciones de la región, Jorge Azcón (PP), lo tiene claro y durante la pasada campaña electoral aireó la promesa de los «altos salarios y unas perspectivas de futuro increíbles”. El empeño de su gobierno se ha traducido en la aprobación de diferentes medidas, con el PIGA como caso más paradigmático, pues supone acortar los plazos y reducir las cargas fiscales a las grandes tecnológicas bajo el argumento de un supuesto interés general.
«¿Dónde está el supuesto interés general?», se pregunta el investigador en Ecología Política Enol Nieto. «No es un referéndum», contestan fuentes de Amazon cuando son preguntadas por la implicación social a la hora de elegir los puntos concretos en los que se instalan. «Es una decisión empresarial validada por la Administración y en coordinación con los actores locales», aseguran desde la multinacional.
El proceso iniciado por la sociedad civil se suma a otro iniciado recientemente por el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, que también ha llevado a los tribunales el mismo plan que avala la expansión de AWS, la filial de servicios de computación de Amazon.
La promesa del empleo
La bienvenida aragonesa a los centros de datos comenzó hace dos legislaturas, con el gobierno de Javier Lambán (PSOE). Con tanta discreción como apoyo administrativo, fue en 2020 cuando Amazon eligió Aragón para instalar sus tres centros de datos, un movimiento al que cuatro años después se sumó Microsoft. Entre medias llegó la aprobación de una legislación pionera en España, la Ley cloud de medidas para la implantación y desarrollo de tecnologías en la nube, pensada para acelerar la transformación digital en la comunidad.
La apertura de las instalaciones de Amazon se retrasó a finales de 2022, cuando a través de su filial abrió su primer clúster (agrupación de empresas) regional en el sur de Europa. En mayo de 2024, la firma estadounidense anunció sus planes para ampliar los tres complejos y añadir otros dos. Y recientemente, a inicios de marzo, ha redoblado la apuesta informando de una nueva inversión. Fuentes de la transnacional ponen cifras a este desembarco: 33.700 millones de euros y 29.900 empleos a tiempo completo –6.700 de ellos puestos directos, a los que habría que sumar otros 1.800 relacionados con la cadena de suministro–.
Pero las voces consultadas para este reportaje coinciden a la hora de señalar que las promesas de empleo son un castillo en el aire, «contabilidad creativa», resume Luis García, activista de Ecologistas en Acción. Bastaría con observar lo que ha pasado en países como Estados Unidos, donde el volumen de mano de obra directa apenas llega al centenar de puestos por cada centro operativo, es decir, una vez terminadas las obras. Suele ser complicado hacer un seguimiento exhaustivo porque, entre otras cuestiones, una misma persona puede trabajar en múltiples instalaciones. Además, en algunos casos sucede justo lo contrario, pues cuando una pequeña compañía decide trasladar su espacio en la nube a uno de estos grandes centros, prescinde de los administradores de sistemas propios.
Para afrontar los costes jurídicos y que «la defensa del territorio no dependa únicamente de la voluntad de corporaciones y partidos políticos», se ha lanzado una campaña de micromecenazgo con un discurso claro: «No es una ‘nube’, sino una amenaza. Los gigantescos centros de datos de AWS están secuestrando el agua, la energía y el futuro de Aragón«. La estrategia de llevar a los tribunales este PIGA en concreto pasa por que “Amazon es el caso más paradigmático, y Aragón, el ejemplo perfecto de cómo las multinacionales controlan y acumulan tantos datos como capital, en una política que además no repercute en el territorio», argumenta Nieto, que habla de vaciamiento rural, de pérdida de trabajos en sectores como la agricultura y de un cambio radical en los usos del suelo.
Los cuatro criterios que cumple la región
Los más de 86.000 folios que revisan estos días las personas y los colectivos implicados en la demanda contienen resoluciones oficiales, documentación urbanística de los cinco ayuntamientos afectados, proyectos de edificación y proyectos de urbanización; también hay planes de infraestructuras, se habla de fibra óptica y de un plan por etapas; hay audiencias, cientos de justificantes, recibos, acuerdos, informes de diferentes tipos, notificaciones, anuncios, comunicados, alegaciones recibidas, más informes, nuevas notificaciones…
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha establecido un margen de veinte días hábiles para presentar los peritajes con los que formalizar el contencioso. A la espera de que prospere una petición de ampliación de los plazos, están siendo «jornadas de vértigo», admite por teléfono García, quien asegura que «no existe capacidad humana para gestionar tal volumen de desinformación en tan poco tiempo». Este activista alega «indefensión» y asegura que «no se puede decir que sean 25 gigas de información porque de los aspectos clave, como sucede con los económicos y los medioambientales, apenas viene un resumen sin justificación alguna. La empresa hace una serie de promesas que el Gobierno se ha creído a pies juntillas».
Por qué Aragón
Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Catalunya, Andalucía… son cada vez más los centros de datos repartidos por la península ibérica, con Aragón como punta de lanza. Las big tech han privilegiado esta región, con una población desequilibrada –casi toda concentrada en la capital– y rodeada de desierto, montañas y silencio, para construir el Sillicon Valley europeo por varios motivos. A la hora de escoger un emplazamiento concreto para los centros de datos, se tiene en cuenta que haya fuentes de energía sostenibles, abundantes y estables; también múltiples conexiones de red de alta capacidad; la demanda de mercado; la proximidad a los centros de población y ubicaciones empresariales; la disponibilidad de talento digital especializado y de una industria tecnológica local innovadora; la existencia de terrenos libres; y los posibles incentivos locales además del apoyo de las Administraciones públicas. En todos estos parámetros, Aragón puntúa bien o muy bien.
Desde AWS hablan de “la tormenta perfecta” y enumeran por escrito los cuatro «criterios técnicos eliminatorios» que inclinaron su balanza: potencia y red eléctrica («el factor clave; Aragón es una potencia exportadora de energía. Se genera mucha más energía renovable de la que consume»), disponibilidad de suelo industrial («a diferencia de Madrid o Barcelona, donde el suelo es escaso»), conectividad de fibra («Zaragoza es un nodo de comunicaciones excelente»), y seguridad física y geológica («sismicidad muy baja y bajo riesgo de catástrofes naturales»). A este pack, añaden las ventajas de haber declarado el proyecto como Plan de Interés General de Aragón: «Lo que en otros países europeos podría tardar 4-5 años en licencias urbanísticas y ambientales, aquí se gestiona en 10-18 meses. Esta agilidad y seguridad jurídica son ventajas competitivas que hacen de España, y de Aragón en particular, un lugar ideal para este tipo de inversiones», explica la empresa a este medio.
Una investigación periodística internacional liderada por el medio brasileño Agência Pública y por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), La mano invisible de las big tech, revela, por su parte, las habituales influencias privadas a la hora de evitar las regulaciones y ganarse el favor de la sociedad: “Las corporaciones moldean las leyes, cooptan a los gobiernos y manipulan la opinión pública en beneficio propio”.
Gentrificación de energía y de agua
Las infraestructuras de los gigantes de internet requieren grandes cantidades de recursos. Entre ellos sobresale la energía y, en un contexto climático como el español, preocupa sobremanera el uso intensivo de agua, pues España sufre una tendencia a la desertificación, además de una intensificación de los eventos extremos agravada por la emergencia climática. Así lo avala el informe de Naciones Unidas El nexo entre el agua y la energía, presentado en julio de 2025 por el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo: «Con la aparición de la inteligencia artificial y el auge de las criptomonedas, la demanda de computación de datos se está disparando, lo que está provocando un rápido aumento del número de megacentros de datos. Ese crecimiento genera importantes y preocupantes demandas de agua, así como un dramático aumento del consumo de electricidad. Estas tendencias entrañan graves riesgos para los ecosistemas acuáticos y presentan expectativas insostenibles para el futuro».
¿Qué cantidad de energía van a consumir los centros de datos de AWS? ¿Cuál va a ser su demanda de agua? «Desde AWS no facilitamos este tipo de información», responden a Climática fuentes de la compañía, que subrayan , sin embargo, su «compromiso de operar con la sostenibilidad y la eficiencia como pilares fundamentales», asegurando además que trabajan «constantemente para optimizar el uso del agua, devolviendo a la comunidad más de la que se utiliza».
Poner cifras reales al impacto es complejo. La opacidad rodea a una industria millonaria y sedienta de recursos. También la falta de mecanismos por parte de las autoridades para fiscalizar al sector privado. Las empresas exigen a las diferentes administraciones con las que trabajan la firma de estrictos acuerdos de confidencialidad (conocidos como disclosure agreements), una práctica muy extendida que en ocasiones incluso impide conocer la verdadera identidad detrás de los proyectos.
Ante una futura situación de emergencia hídrica, ¿qué prioridades de suministro se han establecido? En una supuesta ola de calor, ¿qué capacidad tiene el Gobierno autonómico para controlar el agua que usan los centros de datos, incluida la que se ha autorizado para extraer de acuíferos como el Gállego y el Ebro? Y respecto a la energía que necesitan los centros hiperescalares de datos, ¿de dónde va a sacar la región la energía para satisfacer la creciente demanda? El Gobierno de Aragón no ha respondido a las reiteradas peticiones de este medio.
Se estima que el consumo energético de los centros de datos ya supone entre el 1 y el 2% del total mundial. Y todo apunta a que estas cifras se van a disparar con la expansión de la inteligencia artificial. Aurora Gómez, de Tu Nube Seca Mi Río, uno de los colectivos volcados en el proceso de demanda contra el PIGA de AWS, habla de «gentrificación energética y de agua», en referencia a que «los centros de datos tienen prioridad absoluta, no solamente con respecto a la población, sino también al resto de industrias». Investigaciones académicas como la de Eliza Martin y Ari Peskoe, o la llevada a cabo por Frans Libertson, Julia Velkova y Jenny Palm, señalan la existencia de contratos preferentes de energía y de agua.
De Aragón a Europa
Es Aragón, pero es España, Europa y el mundo entero. Nadie quiere perder el tren de la inteligencia artificial. Europa ha apostado por el Plan de Acción Continente IA. La estrategia incluye triplicar las infraestructuras de centros de datos en siete años y desarrollar lo que han bautizado como gigafactorías de IA, una decisión para la que la UE pretende movilizar 200.000 millones de euros.
Tu Nube Seca Mi Río, el primer colectivo conformado en España para visibilizar el impacto medioambiental de los centros de datos, especialmente su consumo hídrico, ha publicado el informe Impactos en las desigualdades de los proyectos de centros de datos en Aragón. En un contexto de «aceleración del tecnocapitalismo en todo el mundo», alerta de que las megafactorías son «incompatibles con una justicia social y un futuro mejor». Pide para ello plantearse «en manos de quien están, qué impactos están teniendo, y cómo deberían funcionar. Es decir, tener una reflexión profunda sobre la tecnología y sus impactos». El estudio termina analizando las alianzas entre las diferentes resistencias que están apareciendo en distintas partes del globo.
Más allá del caso aragonés, la ciudadanía ha comenzado a movilizarse en distintos territorios y son varios los países que han aprobado moratorias, tiempos de espera obligados en los que las empresas tienen prohibido construir nuevos centros hiperescalares, un margen suficiente para que las diferentes administraciones públicas implicadas analicen la situación con la mayor cantidad posible de información sobre la mesa. De poco valen 25 gigas de datos sin información relevante sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que acarrea este modelo. Ya existen moratorias de diferente grado en Países Bajos, Irlanda, Singapur o Estados Unidos, entre otros. En el aire, una moratoria para toda la Unión Europea.