La propuesta se presentó ante la Sala con Informe de la Comisión de Medio Ambiente, rendido el pasado 30 de noviembre por el diputado Luis Rocafull (PS). Este es uno de los promotores de la propuesta que buscaba despejar cualquier “laguna legal” sobre quién ejercerá como presidente de la instancia regional.

Según la Cámara Baja, «la confusión se generó en el momento en que asumieron los gobernadores regionales, a quienes no les traspasaron tal facultad. En cambio, la mencionada presidencia se radicó en los delegados presidenciales, actuales representantes del Ejecutivo en las regiones».

Así, la iniciativa pretendía normar que sería el gobernador regional, elegido democráticamente, quien asumiría en el cargo ambiental.

Antecedentes

La Ley 21.074, sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País, fijó las atribuciones y facultades de los gobernadores regionales y de los delegados presidenciales regionales. No obstante, no indicó de forma expresa a cuál de las dos autoridades le corresponde presidir la Comisión de Evaluación Ambiental.

Frente a dicho vacío, se estimó determinante aclarar si la función correspondía a los roles y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al representante del Ejecutivo. O más bien, que se sumaban a las demás funciones que tenga el gobernador regional, elegido democráticamente.

En el debate, desde el oficialismo se anunció reserva de constitucionalidad. Se estimó que se deben respetar las normas de la Constitución, y que, por lo mismo, debe ser el delegado presidencial quien presida la Comisión de Evaluación Ambiental. En tal plano, se estimó que dicho debate se debería realizar una vez que se de por terminado el proceso de descentralización.

En tanto, desde la oposición se manifestó que eran las autoridades elegidas por la ciudadanía los representantes idóneos para tomar decisiones que competen a cada una de las zonas del país.

Por su parte, el ministro de la secretaría general de la Presidencia, Juan José Ossa, aseguró que, con este tipo de proyectos se puede avanzar hacia un “federalismo de facto”. Reiteró lo inconstitucional de la medida y manifestó reserva de constitucionalidad frente a la norma.