Peaks de contaminación en Quintero: la incesante vulneración de la Bahía
Editorial de Fundación Terram ante los reiterativos eventos de contaminación de la Bahía de Quintero.
En mayo de este año, la Corte Suprema emitió un fallo “histórico” a favor de las organizaciones y personas naturales que denunciaron el actuar de las empresas pertenecientes al complejo industrial de Ventanas y a las instituciones del Estado que no actuaron de manera eficiente para evitar los episodios de intoxicaciones masivas ocurridas en 2018 en la Bahía de Quintero, reconociendo la responsabilidad de las instituciones públicas en el caso y estableciendo potestades para que estas puedan sancionar a las empresas, ordenando su paralización en caso que ellas incumplan sus compromisos.
Asimismo, en el transcurso de los episodios de contaminación del año pasado, un grupo de parlamentarios conformó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, instancia que se abocó a buscar responsables de las negligencias por parte de algunos representantes políticos que no habrían advertido que el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) para Concón, Quintero y Puchuncaví que presentó el Ministerio del Medio Ambiente en mayo de 2016 (aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en diciembre de 2016 y rechazado por la Contraloría General de la República en diciembre de 2017), no cumplía con los estándares mínimos para descontaminar la zona; más bien, el PDA de 2016 elevaba los estándares de emisiones, permitiendo que la contaminación en la zona aumentara. Por esa causa, el 30 de marzo de este año comenzó a regir un nuevo Plan de Descontaminación Ambiental para la zona, el cual presentó algunos avances respecto al PDA de 1992.
Además, en febrero de este año, representantes de las organizaciones Defensoría Ambiental, Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia y el Colegio Médico de Valparaíso denunciaron al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración a derechos fundamentales de las comunidades de las Zonas de Sacrificio en la que han incurrido los sucesivos gobiernos de nuestro país.
Mirando estos antecedentes y observando que la comunidad ha denunciado en casi todas las instancias posibles el abuso histórico que han sufrido, desde Fundación Terram nos preguntamos ¿qué alternativas quedan para resguardar la vida de la Bahía de Quintero? En las últimas semanas hemos visto nuevamente una serie de acontecimientos de contaminación ambiental que dejan en evidencia que, a un año de la crisis sanitaria que experimentó la zona, nada pareciera cambiar la perpetua y severa realidad de esta y otras “Zonas de Sacrificio”.
Ante este escenario, creemos que definitivamente estamos frente a un Estado fallido que no ha logrado garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la salud de las comunidades, que día a día deben enfrentarse a la incertidumbre de vivir en esta zona. Hace unos días, el químico industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Waldo Quiroz, señalaba a El Mercurio de Valparaíso que no existen garantías para la salud de los habitantes de este sector en el corto plazo -aun cuando las industrias paralizaran hoy-, debido a la contaminación que se ha acumulado en la tierra y el agua de la Bahía durante 60 años. Pareciera, entonces, que cualquier medida que el Gobierno pudiera aplicar, es insuficiente.
Viendo los continuos varamientos de carbón y los peaks de dióxido de azufre (SO2) que aquejan a las personas, es hora que comencemos a plantearnos qué tipo de política hay que aplicar desde ya para que las comunidades vean resguardados sus derechos elementales, comenzando por Quintero-Puchuncaví, pero siguiendo por todas las otras zonas como Mejillones, Tocopilla, Huasco y Coronel-Hualpén, que sufren en silencio los estragos de este sistema abusivo con el medio ambiente y las comunidades.
