El modelo energético chileno fue parte relevante del proyecto ideológico neoliberal desarrollado durante la dictadura militar y continuado por los gobiernos democráticos posteriores. La Ley Eléctrica,...
El modelo energético chileno fue parte relevante del proyecto ideológico neoliberal desarrollado durante la dictadura militar y continuado por los gobiernos democráticos posteriores. La Ley Eléctrica, a la que principalmente se hace referencia, forma parte de un “paquete” de leyes como el Código de Aguas, el Decreto Ley N° 701 en el sector forestal o el Código de Minería, diseñado para integrar al capital nacional en los circuitos del mercado global, permitiendo el ingreso de privados a los principales sectores productivos del país. Dicho esto, centraremos la atención en la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N°1), considerado como el principal modelador del sector energético.
Hacia 1970, CHILECTRA, y ENDESA, dos empresas públicas, eran responsables del 90% de la generación eléctrica, del 100% de la transmisión y del 80% de la distribución. El cambio en la legislación eléctrica viene dado de forma directa por la nueva política económica instaurada por la dictadura militar, la cual queda plasmada en la Constitución de 1980, estableciendo el principio de subsidiariedad del Estado, el cual justifica las reformas que privatizan y liberalizan los servicios y empresas que antes pertenecían al Estado. Así, a través del DFL N°1 de 1982 se crea la llamada “Ley general de servicios eléctricos, en materia de energía eléctrica” (en adelante LGSE). Las principales características de esta nueva ley, se puede indicar que distingue en tres actividades al sector: generación o producción, transmisión o transporte y distribución y permite el libre acceso a los privados al negocio eléctrico, especialmente a la generación y transmisión de energía eléctrica.
En 1980 se inicia el proceso de privatización con la venta de las dos filiales de distribución que poseía Endesa (Saesa y Frontel), sin embargo, la mayor parte de las empresas fue privatizada entre 1986 y 1989 luego de la reestructuración del sector. Hacia 1989 sólo cuatro empresas eléctricas eran propiedad del Estado: Edelnor, Colbún, Edelaysen y Tocopilla, esta última una división de la minera estatal Codelco. La privatización de Edelnor se inició en 1991, pasando el control a manos privadas en 1994, y completándose en 1999 con la venta del 8,8% que quedaba en manos del Estado. En 1995 Codelco adjudicó en licitación pública el control de Tocopilla, hoy llamada ENGIE o E-CL. En 1996, un consorcio adquirió un 37,5% de Colbún. Antes de dicha venta, el 15% de las acciones de Colbún estaba en manos privadas. El Gobierno vendió en la Bolsa de Comercio el 4,7% de las acciones de Colbún en 1997 y el 35,6% restante en 2001. Edelaysen, finalmente fue vendida en 1998 a través de una licitación pública.
Actualmente, la generación de energía eléctrica en Chile es gestionada completamente por el sector privado. El modelo regulatorio chileno fue pionero a nivel mundial en concebir la existencia de un mercado de generación eléctrica, donde diversos actores privados se disputan el abastecimiento a clientes, dando lugar, en teoría, a condiciones de eficiencia económica en el sector, sin una necesaria participación del Estado en la propiedad de la infraestructura ni en la definición de políticas de desarrollo de largo plazo, y que además delega a agentes privados la facultad para definir localización y tecnologías de generación, es decir, el dónde, cómo y cuándo se desarrollan proyectos de generación eléctrica, es decidido enteramente por un plan de obras de las empresas privadas.
El Estado, se reserva funciones de fiscalización en general, y planificación indicativa de inversiones. Esta situación, ha incidido determinantemente en que hoy Chile posea una matriz energética dependiente de factores externos, con propiedad concentrada, no diversificada en cuanto a las fuentes energéticas, cara y contaminante, generando una gran cantidad problemas sociales, económicos, ambientales y de seguridad en el suministro de energía. Hasta el momento las soluciones han venido de la mano de cambios tecnológicos, de sanción y normativas más estrictas, de establecer impuestos a quien contamine, etc. Todas estas medidas han tenido un éxito relativo; lo cierto es que actualmente existen graves problemáticas socio ambientales derivadas de la generación de energía bajo criterios mercantilistas.
A continuación, nos centraremos en cómo se estructura el sector de generación termoeléctrica, tomando en consideración en especial el uso del carbón en la generación de electricidad, para luego analizar los conflictos socio-ambientales que derivan de su utilización en este sector.