
Cien indicaciones a reforma ambiental
Comisión de Recursos Naturales de la cámara baja comenzó ayer análisis del proyecto. Si bien existe consenso sobre la necesidad de sacar adelante la iniciativa, las observaciones podrían comenzar a trabar su avance legislativo. Expertos afirman que la participación ciudadana sigue siendo uno de los aspectos “débiles” de la nueva institucionalidad. La Nación, 04 de diciembre de 2008.
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados conoció ayer las indicaciones al proyecto de ley que crea el ministerio, el servicio de evaluación ambiental y la superintendencia del medio ambiente.
En total, se presentaron más de cien observaciones a la iniciativa que se espera ingrese al Senado en marzo del próximo año, y no se entrampe eternamente como sucedió con la Ley del Bosque Nativo, como temen algunas ONG.
La ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), Ana Lya Uriarte, señaló que la creación de la nueva institucionalidad no está en duda y que es "urgente" su aprobación. En este sentido, destacó que el Ejecutivo ha escuchado a todos los sectores para su diseño definitivo.
"Durante los últimos cuatro meses, en el proceso de consulta se han escuchado 22 organizaciones de distinto tipo. El Ejecutivo ha estado muy disponible para tratar de consesuar, ampliar perspectivas, incorporar sus inquietudes y muchas de ellas coinciden con nuestros planteamientos", dijo Uriarte a este diario.
Por ejemplo, tras el proceso de consulta, el Gobierno está dispuesto a restablecer un consejo de ministros, pero denominado "Consejo de ministros para la sustentabilidad" como espacio de deliberación de política pública y marco regulatorio, y no con carácter de dirección superior, como ocurre hoy.
Sin embargo, este diálogo no asegura que en marzo de 2009 el proyecto pase al Senado.
La coordinadora del programa de medio ambiente de Fundación Terram, Paola Vasconi, sostuvo que con las indicaciones se puede entrampar la discusión y que los sectores de la Alianza que no estaban de acuerdo con la idea de legislar se van a oponer.
"Pero hay que estar alerta y tratar de llegar a acuerdos para que esto no se nos trabe como la Ley del Bosque Nativo", advirtió.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Terram fue una de las ONG que presentó sus propias observaciones a los diputados de la comisión. Vasconi explicó que les inquieta el tema de la participación ciudadana.
"Pensamos que hay muchas deficiencias, no vemos un cambio sustantivo. Nos preocupa cómo queda la ciudadanía en términos de igualdad ante la ley respecto a los proponentes de proyectos", aseguró.
Consultada por el tema, la socióloga Claudia Sepúlveda, quien participa en el movimiento ciudadano Acción por los Cisnes, explicó que la iniciativa recoge varios aspectos sobre participación para prevenir futuros escenarios de conflictos, como la presentación integrada de proyectos, la ampliación del plazo de la participación a cambios significativos de los proyectos, y la cancelación de los permisos ambientales si las empresas no comienzan a construir dentro del plazo de tres años.
Sin embargo, pese a ello, no cree que la nueva institucionalidad resuelva el problema de fondo de los conflictos, es decir, que las comunidades perciban que "sus proyectos de desarrollo" son considerados en las decisiones de la autoridad.
Para Valentina Durán, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, todavía falta "una discusión más profunda" sobre qué tipo de participación ciudadana queremos.
"Hasta ahora ésta es más bien una etapa de información a la comunidad y recibir observaciones y no está diseñada para que se rechacen proyectos", planteó la abogada.
¿Consultorías para los ciudadanos?
La presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Denise Pascal (PS), dijo que la participación ciudadana en el proyecto es “muy débil”, pese a los esfuerzos que hizo el Ejecutivo para fortalecerla.
“La ciudadanía tiene que tener algún tipo de apoyo técnico para que pueda evaluar los proyectos. No le puedo exigir a la gente de una junta de vecinos de Padre Hurtado que está al lado de la planta de tratamiento de aguas servidas de El Trebal que tenga capacidad técnica para evaluar un proyecto de esta magnitud. Creemos que ahí hay una debilidad”, dijo la diputada.
En este sentido, sostuvo que se debe buscar un mecanismo de asistencia para que tengan una vinculación mayor las inquietudes que presentan las comunidades, porque hoy no es vinculante su opinión respecto de la instalación de alguna empresa.
“Sentimos que la participación viene más fortalecida, pero tenemos que darle una vuelta para ver cómo hacemos que estas juntas de vecinos tengan una voz que se haga escuchar”, cerró.
Pascal conducirá la comisión hasta marzo del próximo año, fecha en que un parlamentario de la Alianza asumirá la conducción del proyecto antes que salga al Senado.