Comisión de Medio Ambiente aprueba en general proyecto de ley que busca someter proyectos forestales al SEIA

Se trata de una iniciativa que busca regular los impactos ambientales eventuales que se puedan originar respecto de un proyecto de características forestales, esto mediante el SEIA. El proyecto aún debe continuar su tramitación en la Sala del Senado donde seguramente se abordarán temas de debate surgidos en la comisión, tales como, delimitar la cantidad de hectáreas continuas que definirán una plantación, posibles impactos económicos para las PYMES madereras y el rol que ha jugado el Consejo de Política Forestal. Fuente: País Circular, 1 de diciembre de 2020.

Con 3 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado aprobó el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal (Boletín N° 11.696-12). Según lo discutido durante las audiencias en la comisión, se trata de una iniciativa que busca regular los eventuales impactos medioambientales que pueda ocasionar este tipo de industria, poniendo especial énfasis en las grandes empresas de este sector.

“Este proyecto abre un proceso de discusión de regulación de un sector, donde seguramente habrá que hacer modificaciones para no afectar elementos de desarrollo y de competitividad, pero sí tenemos que buscar un instrumento para medir y regular este tipo de actividad dentro los ecosistemas que están insertos”, comentó el presidente de la Comisión, senador Alfonso De Urresti (PS).

El mismo parlamentario agregó: “Creo que es un avance y por supuesto es perfectible, pero sin lugar a dudas representa un avance que permite regular las, según los datos mencionados aquí, 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales que claramente generan un impacto medioambiental”.

Durante la sesión celebrada hoy, la comisión recibió al presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Roberto Cornejo junto a Jorge Gándara. Además, participó Fernando Rosselot y Pamela Díaz, representantes de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera (PYMEMAD).

En un plano general, ambas organizaciones manifestaron sus inquietudes por aspectos técnicos presentes en el proyecto de ley que aún no estarían enteramente desarrollados y podrían eventualmente causar un impacto negativo en la industria maderera.

De tal modo, hicieron hincapié en la necesidad que este proceso sea liderado por instituciones como el Consejo de Política Forestal de Conaf y otros componentes del Ministerio de Agricultura: “La industria emplea compromisos voluntarios de certificación como FCS y PEFC (CERTFOR), estos son algunos de los instrumentos que mejoran la gestión de las plantaciones (…) Será una práctica de prohibición de pequeños y medianos propietarios, las Pymes madereras se verán afectadas. Esto debe ser conducido por Conaf y el Ministerio de Agricultura”, señaló Jorge Gándara desde el Colegio de Ingenieros Forestales.

En una línea similar, Fernando Rosselot sostuvo la idea de: “Crear una comisión especial para abordar esta materia. Entendemos y estamos de acuerdo con el Proyecto de Ley, pero tenemos preocupaciones. Esto no está definido aún por escrito y desconocemos algún criterio técnico al respecto y cómo se implementará en concreto. Debemos aprovechar esta oportunidad como una palanca de cambio”.

En contrapartida, la senadora Isabel Allende (PS) manifestó una postura diferente respecto de los compromisos voluntarios de certificación y del rol que ha jugado el Consejo de Política Forestal: “Los protocolos voluntarios en general demuestran ser poco eficientes. El Consejo Forestal es hasta cierto punto la diversidad de quienes lo integran. No podemos dejar esto al Ministerio de Agricultura y Conaf. Conaf no puede seguir asumiendo más atribuciones en vista de que es una corporación privada y de lo que sucedió en Contraloría hace poco. Creo que tienen que demostrarnos, en qué se concreta esta voluntad de que sea sustentable, cuánto se está protegiendo el bosque nativo”, soslayó la senadora Allende.

De una manera no tan disímil también se manifestó el senador, José Durana (UDI), quien se abstuvo en la votación: “La voluntariedad, el compromiso de una u otra manera ha fallado (…) A mí lo que me preocupa es poder entender cómo finalmente se define el compromiso ambiental que pueda tener la pequeña y mediana empresa frente a una alternativa de ley que se está estudiando. Es decir, qué significa desde el punto de vista económico someterse al SEIA, entendiendo que aún además, estamos en un contexto de pandemia”. Con todo, ahora la iniciativa debe ser vista en la Sala del Senado y continuar su tramitación.