Comisión de Recursos Naturales aprobó proyecto que actualiza normativa sobre obtentores vegetales
La iniciativa legal busca actualizar la normativa e incentivar la innovación tecnológica en la obtención de nuevas especies vegetales, así como resguardar las modificaciones genéticas de especies autóctonas, con el fin de aumentar la competitividad en el sector agroalimentario y adscribir a Chile en las normativas internacionales UPOV. Camara.cl, 06 de noviembre 2009.
Por unanimidad, la Comisión de Recursos Naturales aprobó el proyecto que Regula los Derechos sobre Obtenciones Vegetales (boletín 6355) y deroga la ley N° 19.342, promulgada el año 1994, sobre Derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.
El mensaje del Ejecutivo busca adecuar las normas de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales a los nuevos requerimientos que los desarrollos tecnológicos y biotecnológicos demandan, así como a las exigencias internacionales que se hacen en esta materia, puntualizó el diputado Enrique Accorsi (PPD), quien presidió la Comisión.
“Aprobamos por unanimidad este proyecto de ley y ahora pasará a la Comisión de Hacienda para su análisis y discusión”, explicó.
Esta nueva legislación se alineará a los estándares internacionales y Chile podrá adherir al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), donde Chile es miembro desde el año 1996.
De acuerdo al Fiscal del Ministerio de Agricultura, Mauricio Caussade, con la aprobación de este proyecto se está dando un paso bien importante porque la Comisión además acogió algunas indicaciones del Ejecutivo, como el agregado que se le hizo al artículo uno que deja más claro qué tipo de variedades no pueden registrarse.
“Aquí no es cosa de llegar y registrar variedades que no son nuevas, que no son estables y por lo tanto el patrimonio genético queda resguardado”, puntualizó. “Aquí se trata de regular o de registrar variedades vegetales nuevas a partir de vegetales que ya sean patrimonio biológico, pero el patrimonio biológico queda intacto y no es objeto de protección”.
Aclaró Caussade que “nunca estuvo en peligro (el patrimonio genético) en el texto original, pero con este agregado lo dejamos más claro”.
Este proyecto del Ejecutivo ha enfrentado la oposición de algunos sectores agrícolas y organizaciones ambientales que consideran que la iniciativa legal es una forma encubierta de dar entrada a los cultivos transgénicos y que no se estaría protegiendo adecuadamente el patrimonio genético de especies autóctonas.
“Lo único que se estaría protegiendo es la propiedad intelectual de los llamados obtentores, que no son más que las grandes empresas exportadoras de semillas”, expresó Flavia Liberona, Directora de Terram. Añadió que “es un proyecto insuficiente donde el Gobierno ha hecho el mínimo esfuerzo para salvaguardar los derechos de los campesinos, de la biodiversidad en general, que es patrimonio de todos los chilenos”.
El proyecto entrega derechos de propiedad sobre los vegetales que se llaman variedades nuevas, pero no se sabe cuáles son las variedades antiguas porque la legislación chilena no lo define, dejando un vacío muy riesgoso y una cantidad de términos técnicos que no están acuñados en la legislación nacional.
“Las especies nativas no están protegidas en la legislación chilena, entonces cualquier empresa o personalidad jurídica nacional o extranjera va a poder establecer un derecho con un régimen bastante blando”, indicó Caussade.
Lo que sucede es que “el Estado de Chile tiene un mandato de aprobar el Convenio de la UPOV, porque es un compromiso del TLC con Estados Unidos”, expresó.
Fundamentos del proyecto
Tres cuartas partes de las exportaciones chilenas están constituidas por recursos naturales y sus derivados, lo que representan un motor fundamental de crecimiento en la economía del país, pero también un gran desafío gubernamental ante el nuevo escenario internacional que está abocado a desarrollar nuevas investigaciones en biotecnología para elevar la competitividad comercial de estos sectores.
Este escenario ha obligado a la gran mayoría de los países a ajustar sus marcos normativos para responder adecuadamente a la incursión de la ciencia y la tecnología en la agroalimentación, y es en este contexto que el Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados este proyecto de ley que regula el registro y los derechos del obtentor de nuevos vegetales, creando un Comité Calificador de Variedades, entre otros puntos.
El texto busca convertir a Chile en Potencia Agroalimentaria y Forestal y de paso adherir al Acta de UP0V 1991 (nuevos estándares del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y atraer inversión extranjera asociada a la investigación, desarrollo e innovación.
En Chile, actualmente las actuaciones en biotecnología vegetal tienen que cumplir con la normativa sobre impacto ambiental y con la legislación referente a introducción al país de organismos vegetales vivos. En nuestro país no está autorizado el cultivo de los transgénicos, sólo está permitido desarrollar semillas genéticamente modificadas en una cuota reservada de 10.000 hectáreas con fines de exportación.