Comité de Ministros destraba Copiaport-E en medio de ofensiva judicial y ambiental en Atacama
Proyecto portuario de US$ 450 millones avanzó tras rechazo de reclamaciones ambientales, mientras municipio de Caldera y organizaciones anuncian nuevas acciones. Fuente: El Diario de Atacama, 30 de mayo de 2026.
El avance del proyecto portuario Copiaport-E volvió a instalar el debate sobre desarrollo económico, protección ambiental y participación ciudadana en la Región de Atacama. La iniciativa, emplazada entre las comunas de Caldera y Copiapó, logró destrabar su tramitación luego que el Comité de Ministros rechazara las reclamaciones presentadas en su contra, decisión que fue inmediatamente cuestionada por el municipio calderino y organizaciones ambientalistas.
La resolución fue adoptada durante la sexta sesión del Comité de Ministros bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, instancia que revisó proyectos por más de US$ 2.215 millones y aprobó inversiones por US$ 735,5 millones.
El Comité de Ministros es la máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y tiene como función resolver reclamaciones contra decisiones adoptadas por el Servicio de Evaluación Ambiental o las comisiones regionales de evaluación. La sesión fue encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y contó además con la participación de las ministras May Chomalí y Ximena Rincón, además de los ministros Daniel Mas y Jaime Campos.
Copiaport-E fue uno de los proyectos centrales revisados por la instancia. La iniciativa considera una inversión estimada en US$ 450 millones y contempla la construcción de infraestructura portuaria en el sector de Punta Cachos, entre Caldera y Copiapó.
Megaobra portuaria
Copiaport-E contempla el desarrollo de infraestructura destinada a la recepción, almacenamiento y embarque de graneles limpios, además de descarga de fertilizantes y transferencia de contenedores y carga general.
La iniciativa considera un terminal de graneles limpios con capacidad máxima de transferencia de 10 millones de toneladas anuales, además de un terminal multipropósito para movilizar hasta 300 mil TEU al año, junto con 150 mil toneladas anuales de carga general y otras 150 mil toneladas de fertilizantes.
El proyecto tendría una vida útil estimada de 53 años.
Ofensiva judicial
Pese a la resolución administrativa favorable para el proyecto, la controversia continúa abierta en tribunales ambientales.
La Municipalidad de Caldera mantiene una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, luego que el Comité de Ministros declarara inadmisible un recurso presentado por el municipio contra la Resolución de Calificación Ambiental favorable de Copiaport-E.
Durante los alegatos, el municipio defendió que participó activamente en el proceso de evaluación ambiental mediante observaciones y pronunciamientos técnicos relacionados con la iniciativa.
El abogado de la municipalidad, Rodrigo Flores, sostuvo que las observaciones realizadas por el municipio no fueron debidamente consideradas, acusando una interpretación restrictiva por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.
Desde el SEA, en tanto, defendieron la legalidad de la decisión argumentando que la Municipalidad de Caldera no presentó observaciones dentro del proceso formal de Participación Ciudadana, requisito que, según el organismo, resulta indispensable para posteriormente reclamar administrativamente.
La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, aseguró que el municipio continuará atento al desarrollo del proyecto y adelantó que mantendrán las acciones judiciales abiertas.
‘Respecto de la resolución adoptada por el Comité de Ministros en relación al proyecto Copiaport-E, como Municipalidad de Caldera seguiremos atentos al desarrollo y tramitación de esta iniciativa, considerando siempre la importancia de resguardar los intereses de la región, el medio ambiente, la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y el desarrollo sostenible del territorio’, señaló la jefa comunal.
La autoridad agregó que el municipio continuará participando de las acciones judiciales impulsadas ante el Primer Tribunal Ambiental.
‘Seguiremos esa vía legal, convencidos que la zona donde se emplaza el proyecto Copiaport-E es una zona altamente sensible desde el punto de vista ambiental y patrimonial, que debemos proteger y resguardar de proyectos industriales de cualquier índole’, afirmó.
Debate ambiental
El avance del proyecto también generó rechazo desde organizaciones socioambientales de Atacama.
Desde el Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (Codemaa), sus voceros Giuliano López y Cecilia Aguilera criticaron duramente la decisión del Comité de Ministros y confirmaron nuevas acciones judiciales.
‘No nos extraña en absoluto esta resolución del Consejo de Ministros de un gobierno como el actual, que en palabras del propio Presidente de la República ha dicho que lo importante es crecer y lo demás es música’, señalaron.
La organización sostuvo que el desarrollo económico no puede avanzar sacrificando ecosistemas sensibles ni zonas de alto valor ecológico.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al emplazamiento del puerto en Bahía Chasco, área definida como Sitio Prioritario dentro de la Estrategia Regional de Biodiversidad.
Según Codemaa, el sector alberga importantes ecosistemas marinos y especies protegidas, entre ellas algas pardas, pastos marinos endémicos y la agregación más austral de tortugas verdes registrada en Chile.
Además, recalcaron que existe una solicitud impulsada por el Municipio de Copiapó para declarar la zona como Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, situación que, a juicio de las organizaciones, sería incompatible con la instalación de un megapuerto industrial.
‘Copiaport-E es el tercer gran intento por sacrificar esta área, después de las termoeléctricas Castilla y Gas Andes’, manifestaron desde la agrupación ambiental.
Los voceros también confirmaron que apelarán la decisión del Comité de Ministros ante el tribunal ambiental correspondiente, argumentando que la reclamación presentada posee fundamentos técnicos y ambientales sólidos.
Consultados sobre el caso, desde el Ministerio del Medio ambiente declinaron referirse a las particularidades del proyecto.