Unos 700 invitados, entre los que se encontraban el Presidente Piñera, además de otras autoridades y numerosos empresarios, escucharon un diagnóstico conocido, pero que constituye una de las mayores preocupaciones de los industriales. El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, efectuó un discurso que apuntó con fuerza a la falta de una institucionalidad ambiental capaz de resolver la tramitación de los proyectos en plazos y términos adecuados, en el marco de la cena anual del gremio efectuada ayer en CasaPiedra.

"Chile no tiene clavada la rueda de la fortuna", sostuvo Villarino. Esto, porque si bien destacó la forma como el país ha enfrentado los coletazos de la crisis económica externa, advirtió que existen "síntomas preocupantes".

En su opinión, la institucionalidad ambiental se encuentra "desafiada" y los tribunales de Justicia están sustituyendo a los órganos técnicos al asumir funciones como la aplicación del Convenio 169 de la OIT relativo a las comunidades indígenas. También cuando acogen acciones legales que paralizan los proyectos en "momentos críticos", señaló.

Villarino aclaró que las mineras no se oponen a mayores exigencias ambientales, pero cuestionó la forma en cómo se han fijado estos requerimientos. "No ha sido coordinado ni armónico, no se ha hecho con una visión global, sino parcial. Así, no es extraño que se sobrepongan competencias, se repitan solicitudes de información y documentación y se mantengan espacios de arbitrariedad", indicó.

Y agregó que el crecimiento de la industria no ha sido acompañado por la modernización del Estado.

A su vez, se refirió a la paralización de proyectos energéticos y a los altos costos de la energía. Al respecto, sostuvo que por ahora el suministro "pareciera estar garantizado", pero agregó que a las actuales tasas de crecimiento del país, no lo estará en el mediano plazo.

"Hay proyectos aprobados, pero no se construyen, y los que se quieren construir han sido paralizados judicialmente. Fruto de lo anterior enfrentamos precios que están, literalmente, paralizando proyectos mineros", sostuvo.

De acuerdo con Villarino, iniciativas legales como la de la carretera eléctrica o la nueva regulación de servidumbres y concesiones eléctricas, van en la línea correcta para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos. "Sin embargo, no solucionan del todo el problema de fondo, que es que no hay un acuerdo sobre la matriz energética que Chile necesita, ni sobre el procedimiento para determinar el emplazamiento de las futuras centrales, ni sobre la forma de solucionar el recurrente conflicto que se origina con las compensaciones demandadas por las comunidades".

Las soluciones a estos problemas debieran gestarse -enfatizó Villarino- a través de un acuerdo y antes del período electoral.

El tercer punto al que se refirió Villarino fueron las deficiencias del sistema de formación y capacitación del país.

Indicó que los nuevos proyectos requieren de personas que el sistema no está proporcionando ni en la cantidad ni con las competencias requeridas. "Este déficit se ve reflejado en una baja de productividad que, por alza de la demanda, ha ido de la mano de un aumento persistente de remuneraciones", señaló.

Recuadro :

"Chile no tiene clavada la rueda de la fortuna, y si bien ha capeado de manera excepcional un período que tiene sumida a parte importante del mundo en crisis, existen síntomas preocupantes".

Piñera confirma postergación de tribunales ambientales

"El Gobierno está profundamente comprometido en resolver los problemas del sector minero y energético". Fue uno de los primeros planteamientos que realizó anoche el Presidente Sebastián Piñera en la Cena del Consejo Minero.

El Mandatario repasó las iniciativas que ha enviado el Gobierno para promover la inversión y la certeza en materia energética y coincidió con la preocupación expresada por Joaquín Villarino frente a la judicialización de los proyectos. "El Gobierno ha buscado acuerdos y los seguirá buscando para entregarles más certeza a los proyectos mineros y energéticos", dijo.

Pero eso no fue todo. Antes de finalizar su exposición confirmó la postergación de la primera etapa de puesta en marcha de los tribunales ambientales al señalar que éstos comenzarán a operar "el próximo año".

Esto ocurriría, en un principio, el 28 de diciembre próximo, pero dada la complejidad del proceso de selección de los jueces esta definición ha tomado mas tiempo.